Monterrey.– Doce integrantes de una banda de secuestradores recibieron penas que van de los 59 a los 214 años de prisión, luego de que un juez los declarara culpables de secuestro agravado, homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra la salud. La sentencia se dictó en audiencia de Juicio Oral, informó la Fiscalía Especializada Antisecuestros.
El juez determinó que las sanciones fueran proporcionales al grado de participación de cada acusado, identificados únicamente como Albino, Eshly, Brayan, Mario, Esteban, Juan, Alberto, René, Alonso, Jorge, Anastacio y Joel.
Crímenes en Cadereyta
Durante la audiencia se acreditaron dos secuestros cometidos en el municipio de Cadereyta. En uno de los casos, ocurrido en junio de 2022, los delincuentes privaron de la libertad a un adulto y exigieron dinero a la familia; sin embargo, pese a que el rescate fue pagado, la víctima fue asesinada.
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En otro hecho, registrado en julio de 2022, los integrantes de la banda interceptaron un vehículo y secuestraron a su ocupante, a quien mantuvieron cautivo hasta que la familia entregó el monto exigido para su liberación.
Multas millonarias e indemnizaciones
Además de las penas de cárcel, el juez ordenó a todos los sentenciados cubrir una multa por cinco millones 260 mil pesos, proporcional a su participación en los delitos, así como el pago de indemnizaciones por concepto de muerte, gastos funerarios, daños y lucro cesante.
Las sentencias se distribuyeron de la siguiente manera: Albino y Eshly recibieron 214 años de prisión; Brayan, Mario y Esteban, 139 años; Joel, 75 años, mientras que Juan, Alberto, René, Alonso, Jorge y Anastacio pasarán 59 años en la cárcel.
Contexto: Esta información es importante porque refleja la firmeza de la justicia contra el secuestro, uno de los delitos que más afectan a la seguridad y a la confianza social en México; al imponer penas ejemplares que alcanzan hasta 214 años de prisión, junto con multas millonarias e indemnizaciones, se envía un mensaje de que no habrá impunidad para quienes cometen crímenes de alto impacto y que las víctimas y sus familias tienen derecho a reparación y justicia.