VERACRUZ, VER.- “Si la familia no presiona a las autoridades, no llega una justicia pronta y expedita; ni siquiera existe una justicia pronta y expedita”, dice Arianna Vázquez, abogada penalista y feminista, sobre los casos de violencia de género en Veracruz, sostenida por múltiples casos, contrastantes con las sentencias condenatorias que se logran por feminicidio. Por el caso de Betita Espinoza llegó un año y ocho meses después, y siete años y ocho meses más tarde para la familia de Monserrat Ángela Salinas Ramos.
Ambas sentencias tienen en común que llegaron en 2026, luego de meses de investigaciones realizadas por las familias y años de sufrimiento. Como el de Karina Casillas, estudiante de la carrera de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV), quien fue asesinada en el departamento de su novio en 2023, donde vecinos escucharon el crimen y, por miedo, se rehusaron a testificar.
Apenas el 3 de julio de 2026, tras diversas audiencias y a tres años del feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz compartió la sentencia impuesta por un juez de 40 años de prisión en contra de José Luis “N”, su novio y feminicida.
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La declaración de culpabilidad por feminicidio más reciente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río llegó la noche del 9 de julio, cuando un juez declaró culpable a Marlon “N” por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, su entonces novia de 20 años, asesinada en abril de 2021. Este jueves, siete días después, el juez le dictó la pena máxima de 70 años de prisión, tal como lo pedía la familia Bendimes.
Marlon “N”, a diferencia de los otros feminicidas, que también permanecieron prófugos durante meses o años, alegó con cinismo que las lesiones en la cabeza de Montse, que le provocaron una hemorragia interna y fracturas, y que ocasionaron su muerte seis días después de haber llegado al hospital, donde alcanzó a señalarlo como el responsable de sus lesiones, se trataron de un accidente.
También, a diferencia de los otros, este le guiñó el ojo a una fotoperiodista cuando fue ingresado a la Fiscalía de Veracruz, luego de entregarse en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Xalapa.
“Ahora me da mucho gusto que la Fiscalía haya tomado la decisión valiente de sacar todos los feminicidios que tenía rezagados, y los sacamos. Fue muy cansado. Yo llevaba dos y en uno asesoraba un poquito a la familia. Fue muy, muy cansado todo el tiempo estar escuchando cosas feas, cómo las mataron. Fue muy feo y sostener a las familias también”, narra Arianna Vázquez, especialista en atención a víctimas desde 2019, mientras un frasco de algodones con alcohol permanece en su escritorio.
Desde su llegada como fiscal general de Veracruz, en diciembre de 2025, respaldada por Rocío Nahle García –y tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns- Lisbeth Jiménez Aguirre se comprometió a trabajar de forma autónoma y sin impunidad, priorizando la resolución de órdenes de aprehensión y la atención a familiares de víctimas de feminicidio, madres buscadoras y grupos de la diversidad.
De enero al 17 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró cinco sentencias condenatorias por feminicidios ocurridos entre 2019 y 2024 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: el de Susana Beatriz “Betita” Espinoza Matanche, que llegó el 20 de marzo; el de Montserrat Ángela Salinas Ramos, obtenida el 1 de abril; el de Karina Casillas Gutiérrez, conseguida el 3 de julio; el de Martha Yolanda Herrera Ramírez, lograda el 15 de julio; y el de Monserrat Bendimes Roldán, dictada el 16 de julio.
Casos sin resolver
Durante el primer semestre de 2026, cuando se consiguieron dos de las cinco sentencias condenatorias por feminicidio de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 11 carpetas de investigación abiertas por este delito.
Tres de estas carpetas corresponden a los casos de Fátima Estefanía Ortiz, asesinada el 31 de enero; Teresa Martínez Ramírez, cuyo feminicidio ocurrió el 19 de mayo; y Noemí del Carmen Merlín, asesinada el 29 de junio.
A la par de que estos nuevos feminicidios ocurrían, las familias de Betita Espinoza y Montserrat Ángela Salinas, que sí tenían a un responsable identificado y vinculado a proceso, encontraron algo de paz en las sentencias. Sin embargo, algunos casos se complican cuando esto no es así, como en el de Fátima Estefanía, quien era madre de una niña con autismo y cuyo caso aún no tiene sospechosos identificados por parte de la FGE.
“Cuando no hay un señalamiento directo de quién fue el responsable del feminicidio, simplemente es un asunto más o un número más, una cifra de una mujer que murió por feminicidio o que la mataron por feminicidio, y se archiva y se olvida. La familia también se cansa y eso solo se vuelve un número más”, explica Arianna Vázquez.
Los feminicidios por los que se hizo justicia
La familia de Betita Espinoza, de 27 años, fue la primera en obtener justicia este 2026. A pesar de un sistema judicial del estado de Veracruz colapsado por tanta violencia de género, repartida entre pederastia, abusos sexuales, violencia familiar, feminicidios y otros delitos, la condena llegó “rápido”: un año y ocho meses después, cuando el promedio es de dos años, aunque debería conseguirse en uno, según Arianna Vázquez.
“En el caso de Betita fue muy rápido. El feminicidio de ella fue en 2024 y logramos la sentencia en 2026. Fue un año y casi ocho meses de justicia, pero la realidad es que la mayoría de esa investigación la hizo la familia. La familia investigaba por su cuenta, iba con la Policía Ministerial y ya la Policía Ministerial hacía lo que la familia ya había investigado. Eran demasiados testigos porque Betita primero desapareció y después apareció su cadáver”, recuerda la abogada.
La sentencia fue de 70 años de prisión en contra de Jesús Leonardo “N”, quien planificó el feminicidio de la madre de sus dos hijos, la torturó, ocultó su cuerpo en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 de la ciudad de Veracruz y fingió colaborar en su búsqueda tras su desaparición.
Sin embargo, en su caso, el sufrimiento continúa. De acuerdo con la familia de Betita, los menores sufren violencia psicológica por parte de su familia paterna, por lo que buscan la aplicación de la Ley Monzón en el estado de Veracruz. “Ya libramos una batalla, ahora vamos con otra”, dijeron a La Silla Rota Veracruz en marzo.
La segunda en obtener justicia, a siete años y dos meses de su feminicidio, ocurrido el 5 de enero de 2019, fue Montserrat Ángela Salinas Ramos, atacada por Jesús “N”, su entonces novio, en el interior de su casa, ubicada en el fraccionamiento Geovillas Los Pinos 1 de la zona norte de la ciudad de Veracruz.
La adolescente, de ojos grandes y cabello lacio y largo, fue encontrada por su madre todavía con vida en su recámara. Sin embargo, la herida en el cuello ocasionada por Jesús “N” le provocó la muerte en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Jesús pasó cuatro años prófugo hasta que en 2023 fue capturado y, el 1 de abril de 2026, sentenciado a 60 años de cárcel por feminicidio.
La tercera fue Karina Casillas Gutiérrez, estudiante universitaria de 25 años que soñaba con poner su propio consultorio de nutrición. A ella la asesinó su novio el 18 de febrero de 2023, en su casa ubicada en la colonia Infonavit Médano de Buenavista, conocida como “El Médano de Perro”, donde los vecinos de José Luis “N” escucharon el feminicidio y se rehusaron a testificar.
“Los vecinos oyeron todo. Luego fue más triste porque, cuando estábamos recabando datos y entrevistas junto con la Fiscalía, los vecinos no fueron a hablar. Decían: ‘Es que no quiero problemas’, y justamente creemos que ser testigo de un hecho delictuoso nos va a ocasionar problemas. No, al contrario, ayudas a la sociedad a que se haga justicia”.
“Yo nunca he tenido un asunto donde el agresor salga y golpee a los testigos o algo así. No, eso no sucede. La gente tiene ese temor, claro que sí, porque también hay un descontento y una desconfianza en el sistema de impartición de justicia. El de Karina fue muy difícil. También hubo muchas deficiencias por parte de la Fiscalía y, si yo no hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora, hubiese sido muy complicado; incluso, yo creo que hasta una condena absolutoria”, explica Arianna Vázquez.
La sentencia condenatoria llegó el 3 de julio, con 40 años de prisión para José Luis “N”, quien fue detenido con heridas en el abdomen tras haber intentado quitarse la vida luego de asesinar a Karina, una joven que encontró su vocación en la nutrición después de superar un trastorno de la conducta alimentaria.
“A veces, cuando hay recesos en audiencias que son muy difíciles, me meto al baño y lloro, pero es de humanos llorar”, dice Arianna Vázquez, quien logró dos de las cinco sentencias por feminicidio conseguidas este 2026: la de Betita y la de Karina.
El cuarto caso de feminicidio en obtener justicia fue el de Martha Yolanda Herrera García, asesinada por su novio en la colonia Centro de la ciudad de Boca del Río el 9 de agosto de 2021, cuando iba al trabajo. Al menos tres puñaladas acabaron con su vida; sus vecinos presenciaron el crimen e impidieron la huida de Iván “N”, sentenciado este julio a 62 años de prisión por su feminicidio.
La quinta y última sentencia llegó este jueves 16 de julio, con los 70 años de prisión para Marlon “N” por el feminicidio de Monse, ocurrido en la ciudad de Boca del Río. Arianna Vázquez, abogada que acompañó a la familia de Monse, reconoce que volver un caso mediático puede retrasar su proceso, pero que su reconocimiento social genera esperanza.
“Da una lección de que no hay impunidad para los feminicidas, no hay tratos, no hay nada. Se cumple la condena y ya está”, sostiene. Los padres de Monse, por su parte, aclararon que no buscan perseguir penalmente a la familia de Marlon por su participación en el feminicidio.
lm