XALAPA, VER.- El pasado 15 de junio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, planteó que el futuro de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) debe ser analizado por las y los reporteros de la entidad y no por actores políticos.
La postura de la mandataria se dio luego de que el 12 de junio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, anunciara que se llamaría a comparecer al comisionado presidente de la CEAPP, Luis Ramírez Baqueiro, tras el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido la madrugada de ese mismo día en el municipio de Poza Rica.
A partir de ese hecho, la CEAPP fue cuestionada por periodistas de la entidad sobre la eficacia de los mecanismos de protección que otorgó al comunicador Luis Ángel López Valdez, quien contaba con medidas dictadas por el organismo al momento de ser privado de la vida.
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De acuerdo con la normatividad que regula a la CEAPP, la protección de periodistas se desarrolla mediante un procedimiento técnico sustentado en la Ley, el Reglamento Interior, el Reglamento Técnico y el Protocolo de Evaluación de Riesgo. La evaluación debe considerar antecedentes de agresiones, amenazas, contexto regional de violencia y otros factores que permitan determinar el nivel de riesgo y las medidas de protección correspondientes.
Seis meses después de haber solicitado apoyo, Luis Ángel López Valdez fue asesinado, situación que abrió un debate sobre la efectividad de la valoración de riesgo realizada por la Comisión y sobre la pertinencia de mantener o reformar el organismo.
Tras el crimen, el director jurídico de la CEAPP, Alfredo Ortega Guzmán, informó que el periodista contaba con medidas de protección consistentes en rondines de la policía estatal en su domicilio y su incorporación a un "Segurichat", integrado por periodistas de la región.
Ante la polémica generada por el caso, exfuncionarios y comisionados del organismo coincidieron en que una eventual desaparición de la CEAPP podría incrementar la vulnerabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación, especialmente en un contexto marcado por la violencia contra la prensa.
CEAPP surge en medio de una crisis de violencia contra periodistas
La CEAPP fue creada en el año de 2012 como respuesta al incremento de agresiones contra comunicadores en Veracruz, considerado por organizaciones como Artículo 19 como uno de los estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo.
De acuerdo con información pública, entre 2011 y 2012 fueron asesinados nueve periodistas en la entidad y cinco más fueron privados de su libertad. Además, al menos 23 comunicadores abandonaron Veracruz ante la falta de garantías de seguridad para desempeñar su labor.
Uno de los casos que detonó la exigencia de medidas institucionales fue el asesinato del periodista policiaco Víctor Báez Chino, cuyo cuerpo fue localizado en el centro de Xalapa horas después de que se reportó su desaparición.
El comunicador era cercano a Georgina Domínguez Colío, entonces coordinadora general de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. En medio de la presión nacional e internacional por la violencia contra periodistas, surgió la propuesta de crear un organismo especializado para atender y proteger a las y los trabajadores de los medios de comunicación.
En ese contexto de violencia, el gobierno estatal impulsó la creación de una institución que pudiera otorgar medidas de protección, gestionar apoyos y atender situaciones de riesgo derivadas de la labor informativa.
Durante el gobierno de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, fueron asesinados 18 periodistas, entre ellos Regina Martínez, corresponsal de Proceso; Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana, de Notiver; así como Yolanda Ordaz, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Anabel Flores y Pedro Tamayo.
Entra en operación la CEAPP
En noviembre de 2012 se incorporó a la Constitución de Veracruz la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, mediante la adición de la fracción V al artículo 67 a través del Decreto 583 publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
De acuerdo con la reforma constitucional, la CEAPP tendría como función principal atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover condiciones para el libre ejercicio del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.
Entre sus atribuciones se establecieron la atención de solicitudes de protección, la asignación de recursos y apoyos para ejecutar medidas de seguridad, así como la emisión de lineamientos en la materia y la presentación de denuncias o quejas ante autoridades de procuración de justicia y organismos de derechos humanos cuando los comunicadores enfrentaran amenazas o agresiones.
La reforma también dispuso que la Comisión estuviera integrada por cuatro periodistas, dos propietarios o directivos de medios de comunicación, dos representantes de organizaciones civiles y un académico, además de un secretario ejecutivo; todos designados por el Congreso del Estado.
¿Cuánto cuesta la CEAPP?
De acuerdo con la información disponible en su portal de transparencia, al cierre del tercer trimestre de 2025 la CEAPP reportó ingresos acumulados por 23 millones 390 mil 928 pesos.
El rubro de servicios personales concentró la mayor parte del gasto, con 16 millones 809 mil 414 pesos. A ello se sumaron 3 millones 547 mil 908 pesos en servicios generales, 573 mil 125 pesos en materiales y suministros y 1 millón 894 mil 834 pesos en subsidios y otras ayudas.
Los estados financieros del organismo muestran que la mayor parte de los recursos ejercidos se destinó al pago de nómina y prestaciones. Asimismo, los ingresos acumulados ascendieron a 23.39 millones de pesos, mientras que el gasto reportado al mes de septiembre fue menor.
Por lo anterior, la CEAPP registró un remanente cercano a 560 mil pesos, resultado de la diferencia entre los recursos recibidos y los gastos reportados durante 2025.
La Silla Rota entrevistó al exsecretario ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales Vázquez, a la expresidenta de la Comisión, Ana Laura Pérez Mendoza y al actual comisionado presidente, Luis Ramírez Baqueiro, quienes coincidieron en que el organismo requiere ajustes para fortalecer su funcionamiento.
Sin embargo, los tres consideraron que la desaparición de la CEAPP dejaría a las y los periodistas veracruzanos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los riesgos asociados al ejercicio de su labor.
La CEAPP es un órgano que puede mejorar
Jorge Morales Vázquez, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la CEAPP de diciembre de 2012 a diciembre de 2020, consideró que la Comisión es un organismo funcional que puede fortalecerse mediante reformas a sus atribuciones y una mejor optimización de los recursos públicos.
Afirmó que se trata de un modelo único a nivel nacional, pues fue creado a rango constitucional, a diferencia del mecanismo federal de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación.
"Es un organismo único de Estado que se crea a nivel constitucional, que le da una calidad jurídica diversa a los otros mecanismos a nivel federal, que son una dependencia más", señaló.
Morales explicó que una de las diferencias con el mecanismo federal es que la CEAPP no solo implementa medidas de seguridad, sino que también impulsa acciones de capacitación y profesionalización para periodistas. Consideró que la formación permanente contribuye a reducir riesgos en el ejercicio de la actividad informativa.
No obstante, reconoció que con el paso de los años el organismo adquirió nuevas obligaciones administrativas en materia de transparencia, género y responsabilidades, lo que derivó en la contratación de más personal y una mayor carga burocrática.
"Eso va consumiendo recursos y la parte sustantiva, que es la protección, prevención y capacitación, se va mermando, y es un tema que no depende de los comisionados, sino de la ley", comentó.
También planteó que la integración del órgano colegiado, conformado por representantes de medios de comunicación, propietarios de empresas periodísticas, defensores de derechos humanos e investigadores, podría revisarse para hacer más eficiente su operación.
El exfuncionario sostuvo que la vulnerabilidad de los periodistas no se limita a las amenazas derivadas de sus publicaciones, sino que también está relacionada con las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo. Por ello consideró necesario que el Estado supervise que las empresas periodísticas cumplan con obligaciones como seguridad social, prestaciones e Infonavit.
"Cuando tienes un periodista en riesgo está vulnerable en todos los sentidos, incluyendo el económico y laboral. Un periodista mal pagado va a difundir muchas notas e incluso la más fuerte, porque esa es la que le van a pagar", expresó.
Comentó que en sus recorridos en las regiones llegaba a detectar los riesgos por interés políticos, incluso, de grupos de presuntos criminales, “hay policías que son periodistas encubierto o son expolicías. No quiero estigmatizar, hay compañeros que son buenos en su profesión, pero hay otros que traen muchas cosas, y eso crea problemas”.
“Si se decidiera desaparecer la comisión, tarde o temprano el tema pasará factura. Lo importante es que prevalezca la operación con gente competente y que recorra desde Pánuco hasta Las Choapas”, dijo y planteó que seria necesario reducir el número de comisionados, además, desaparecer la representación de los dueños de los medios.
Por su parte, Ana Laura Pérez Mendoza, reconoció que muchos de los reclamos son por la falta de resultados, cuando un trabajador de los medios de comunicación presenta una denuncia por acoso, hostigamiento o violencia, sin embargo, destacó que ahí es responsabilidad de la Fiscalía dar resultados.
Explicó que cuando se presentan denuncias la mayoría de los casos la FGE no investiga, por lo que las acciones y/o medidas de protección que interpone la Ceapp, se implementan por meses o años, reduciendo la posibilidad de atender a alguien más.
Comisionados deben tener especialización
La expresidenta de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza, coincidió en que es necesario fortalecer la capacitación de los trabajadores de los medios de comunicación para que cuenten con herramientas que les permitan manejar información sensible y reducir riesgos de acoso, hostigamiento o violencia por parte de actores políticos y otros grupos de poder.
Recordó que la Comisión surgió en un contexto de extrema violencia contra periodistas y consideró que su desaparición significaría ignorar las circunstancias que dieron origen a su creación.
"Nació en un momento de extrema inseguridad, y yo creo que no es justo que esos fallecimientos, en condiciones de violencia, terminen no sirviendo de nada. Para mí es importante que se mantenga la CEAPP", expresó.
Pérez Mendoza reconoció que uno de los aspectos que debe revisarse es el proceso de selección de los comisionados. Consideró que la designación debe privilegiar perfiles con conocimientos especializados en libertad de expresión, derechos humanos y protección a periodistas y se debe someter a consulta del gremio.
"Si tú no tienes ese conocimiento, de qué es la libertad de expresión, qué organizaciones te pueden respaldar, incluso un derecho de réplica puede ser una forma de intimidación. Por eso se necesita un conocimiento más amplio de la defensa de los derechos de los periodistas", señaló.
A diferencia del exsecretario ejecutivo Jorge Morales, Pérez Mendoza consideró que el órgano de dirección debe mantenerse la representación de periodistas, propietarios de medios, académicos y defensores de derechos humanos dentro del órgano de gobierno, aunque planteó que podría analizarse una reducción en el número de integrantes para disminuir los costos de operación.
"Yo sí lamentaría mucho que desapareciera por la actuación de unas personas en particular. Eso también se tendría que evaluar, pero habría que sopesar qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo útil. También se debe abogar por la transparencia en el manejo financiero", concluyó.
Comentó que es necesario que el gremio formalice el proceso para poder modificar la operación de la Ceapp y la selección de quienes integran la comisión, haciendo prevalecer el consenso entre los trabajadores de los medios de comunicación, “la Ceapp sí ha salvado vidas”.
Pérez Mendoza fue electa de diciembre del 2016 al 2020, en su periodo se dio la transición del gobierno de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, quien estuvo solo dos años en la administración estatal, así como Cuitláhuac García Jiménez que entró en funciones de 2018 al 2024.
La CEAPP debe fortalecerse, no desaparecer
El comisionado presidente de la CEAPP, Luis Ramírez Baqueiro, consideró que la discusión sobre el futuro del organismo debe centrarse en mejorar su funcionamiento y no en su desaparición, pues advirtió que la ausencia de una instancia especializada dejaría a los periodistas veracruzanos en una situación de mayor vulnerabilidad.
"La CEAPP no debe desaparecer, implicaría erosionar la institucionalidad de la administración pública; debe mejorar sus alcances y respuestas", señaló.
Ramírez Baqueiro planteó que existen áreas de oportunidad para fortalecer la atención que brinda la Comisión. Entre ellas mencionó la actualización de los análisis de riesgo para el ejercicio periodístico, la elaboración de diagnósticos sobre agresiones contra comunicadores, la identificación de regiones con mayores amenazas y la agilización de los procedimientos de atención.
También propuso reforzar el área de primer contacto con periodistas, incorporar atención psicológica especializada, realizar visitas de seguimiento en municipios con mayor riesgo, crear equipos de reacción rápida para emergencias e implementar herramientas tecnológicas como botones de alerta digital.
El comisionado sostuvo que la CEAPP cuenta con capacidad para atender las medidas de protección que soliciten los periodistas. Al corte del 15 de junio, reportó la implementación de 106 medidas de protección, entre ellas monitoreos preventivos, rondines policiales, reubicaciones temporales, apoyos económicos, instalación de cámaras y asignación de chalecos antibalas.
Ramírez Baqueiro señaló además que uno de los principales problemas que enfrentan los comunicadores en Veracruz son las condiciones laborales. Como parte de un diagnóstico realizado para el Programa Institucional 2026-2028, la CEAPP identificó problemáticas como la falta de seguridad social, salarios reducidos, pluriempleo, necesidad de realizar otras actividades económicas para complementar ingresos y una percepción constante de vulnerabilidad frente a actores de poder.
En ese sentido, consideró que la protección de periodistas no puede limitarse a medidas de seguridad, sino que también debe atender las condiciones estructurales en las que desarrollan su trabajo, especialmente en un estado que concentra el mayor número de medios digitales del país.
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