XALAPA, VER.- El pasado 15 de agosto entró en vigor la homologación a la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas de Veracruz, con el objetivo de agilizar la búsqueda, localización de personas desaparecidas e identificación de restos humanos. La reforma contempla sanciones para funcionarios que no investiguen desapariciones, estandariza las fichas de búsqueda y fija plazos fatales para ordenar fosas comunes y crear un registro estatal de desaparecidos y restos humanos.
La modificación replica lineamientos nacionales y amplía responsabilidades a municipios y a la Fiscalía General del Estado (FGE). Establece que toda noticia de no localización, incluso anónima, debe derivar en la apertura inmediata de una carpeta de investigación.
Colectivos de búsqueda expresaron posturas encontradas. Para el Colectivo Solecito Veracruz, la actualización permitirá ordenar datos de larga data, aunque es indispensable aumentar el presupuesto a la FGE para hacer frente a la carga de trabajo.
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En contraste, Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos calificó la reforma como “letra muerta”, al señalar que ya existía la obligación de crear un banco de datos sin que a la fecha se tenga información confiable.
Cifras de la desaparición en Veracruz
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 132 mil 842 casos en México entre 1952 y 2025. Veracruz ocupa el quinto lugar nacional, con 7 mil 8 personas desaparecidas, por debajo de CDMX, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León.
De diciembre de 2018 a agosto de 2025, durante la administración de Cuitláhuac García -quien declaró emergencia humanitaria por la desaparición de personas-, se emitieron 9 mil 237 fichas de búsqueda: 2 mil 566 personas permanecen desaparecidas, 6 mil 760 fueron localizadas y 626 regresaron sin vida.
Los municipios con el mayor número de reportes de personas desaparecidas son Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Orizaba, Boca del Río, Tuxpan, Medellín, Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Coatepec, Emiliano Zapata, entre otros.
De diciembre del 2024, fecha en la que inició la administración de Nahle García, se reportaron 343 fichas para la localización de personas. El 60 por ciento de las personas que siguen en calidad de desaparecidas, del 2018 a la fecha, son hombres. Las edades donde se presenta una mayor incidencia de casos: de los 15 y hasta los 44 años.
Respecto de las desapariciones de las mujeres, que corresponde al 40 por ciento de las fichas de búsqueda, la mayor incidencia se reporta de los 10 a los 19 años, donde el número de fichas se duplica en relación con los adolescentes varones.
Nuevas obligaciones de ley para autoridades estatales, FGE y municipios
La propuesta de reforma a la Ley en Materia de Personas Desaparecidas en Veracruz contempla la creación de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta que concentrará información biométrica y elementos identificativos de personas para facilitar su búsqueda y localización.
La reforma establece que tanto la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas como la Comisión Estatal de Búsqueda tendrán acceso directo a esta plataforma, con el fin de contar con los registros necesarios para sus labores de investigación.
De acuerdo con el proyecto, todas las autoridades y particulares que, por sus funciones o actividades, administren datos biométricos o de identidad estarán obligados a permitir la consulta de esta información a la Fiscalía.
Asimismo, se impone la obligación de que todas las instituciones públicas y privadas que resguarden cuerpos o restos humanos lleven y mantengan registros forenses actualizados y sistematizados.
Se creará Banco Nacional de Datos Forenses
Antes de remitir cuerpos o restos humanos no identificados a fosas comunes deberán practicarse pruebas dactiloscópicas y genéticas. Los resultados tendrán que registrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días, con el propósito de evitar rezagos en la identificación de personas desaparecidas.
La propuesta también incorpora los lineamientos del modelo nacional de búsqueda, con una ficha estandarizada que deberá contener al menos: nombre completo, edad, sexo y género, fotografía reciente, fecha y lugar de desaparición, señas particulares, rasgos físicos distintivos, condiciones de vulnerabilidad, datos de contacto y un folio único de identificación.
El proyecto prevé el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, que deberá contar con unidades en investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, además de un área dedicada a delitos cibernéticos. La FGE tiene un plazo de 60 días para hacer estas adecuaciones.
La Fiscalía deberá enviar informes mensuales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos sobre número de personas desaparecidas y no localizadas, carpetas abiertas, estado procesal, acciones de búsqueda e identificación, así como cualquier otro dato relevante. La familia recibirá el número de carpeta de investigación y el folio único de identificación.
Municipios deben poner en orden panteones forenses y fosas comunes
En el caso de los municipios, se fija un plazo de 150 días naturales —cinco meses— para armonizar sus reglamentos en materia de panteones, cementerios, fosas comunes y servicios funerarios, públicos y privados.
Los registros deberán contener datos precisos, digitalizados y actualizados de todos los cuerpos inhumados, cremados y trasladados, señalando características físicas, ubicación exacta, fecha y medio de disposición.
FGE tiene un año para sistematizar registros forenses
La FGE deberá actualizar todos los registros y bases de datos vinculados con el Banco Nacional de Datos Forenses, garantizando que la información esté disponible para las investigaciones.
En un periodo máximo de un año, tendrá que sistematizar los datos de los servicios periciales y de resguardo forense en la entidad, con el fin de asegurar que toda la información esté integrada y accesible para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Con estas medidas, la reforma busca cerrar vacíos en el manejo de información forense y fortalecer la coordinación entre autoridades, respondiendo a uno de los principales reclamos de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Habrá sanciones para quien no investigue la desaparición de una persona
La iniciativa adiciona un artículo —65 bis— que establece que la autoridad que reciba una noticia, reporte o denuncia deberá informar inmediatamente a la Fiscalía Especializada, la cual iniciará sin dilación la investigación y asignará número de carpeta correspondiente. La omisión de este deber será sancionada.
La ley vigente estipula que quien no cumpla con la obligación de investigar la desaparición de una persona podrá ser suspendido o destituido de su cargo, recibir una sanción económica e incluso ser inhabilitado temporalmente para desempeñar funciones públicas y participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras.
La reforma es un parteaguas, pero sin presupuesto será letra muerta
Lucía Díaz Genao, representante del Colectivo Solecito Veracruz, destacó que la inclusión de los municipios en la reforma para regular los panteones ministeriales y locales es positiva, ya que son “la autoridad más cercana a la población y en la actualidad no se involucra”.
De igual forma, consideró positivo que se hayan establecido sanciones para quienes no abran una carpeta de investigación tras la notificación de desaparición o no localización de una persona.
“Lo que a mí me preocupa es la implementación. Implementar todo eso con los mismos recursos humanos, materiales y económicos que ya tenemos no es posible. Los fiscales están saturados, los ministeriales están saturados, todo está al tope; todo el que tiene que trabajar con tema de desaparecidos no tiene margen de maniobra”.
“Es preocupante, porque si no se mete más dinero y más recursos humanos, esa ley va a ser letra muerta. La reforma, en mi opinión, es un parteaguas, pero los recursos no se han mencionado. ¡Eso nos preocupa!”.
Planteó que, si desde la SEFIPLAN no se asigna más presupuesto, es necesario que la propia Fiscalía pueda redireccionar recursos para fortalecer la búsqueda de personas y la identificación de restos humanos.
Ejemplificó que el Colectivo ha logrado recuperar al menos 700 cuerpos en las fosas de Colinas de Santa Fe y Arbolillo; sin embargo, de ese total, sólo poco más de 60 restos humanos han sido identificados y entregados a sus familias.
Respecto a la obligación de compartir información entre autoridades estatales y la FGE, celebró la medida, recordando que, en el caso del secuestro de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz —desaparecido en 2013—, se reportó el robo de una motocicleta, la unidad fue localizada tiempo después, pero no se informó a la Unidad Antisecuestro que llevaba la carpeta de investigación.
Modificaciones a la ley quedarán solo en el papel
Olga Lidia Salazar Hernández, integrante de los colectivos Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos y Buscando nos Encontramos Córdoba, planteó que en la entidad ya existe una ley que establece reglas para la búsqueda de personas y la responsabilidad de las autoridades, pero no se cumple.
Por lo anterior, puso en duda la efectividad de la homologación aprobada el 14 de agosto al actualizar la Ley 677, que fija plazos legales para sistematizar información de búsqueda y localización, así como para la identificación de restos humanos exhumados de fosas clandestinas o localizados en otros contextos.
“No tenemos muchas esperanzas, la verdad. Han sido muchos años de palabrería, de promesas; muchos años de investigación (de los casos) y no ha pasado nada. Este tipo de reformas no abonan en nada y sabemos que no se van a cumplir, estamos como al principio, a la deriva y sin el apoyo institucional”.
La madre de Marion Iveth Sampoyo Salazar, desaparecida en enero de 2011, señaló que, sin importar el partido político, gobernadores y funcionarios estatales los excluyen, no se involucran en la problemática ni plantean cómo resolver el fenómeno de la desaparición de personas.
“Llegan a la silla, cobran un sueldo y se olvidan de las familias y los desaparecidos. No le vemos futuro (al tema) y con este gobierno menos, cada día crece el número de desaparecidos”.
Recordó que, en diciembre de 2024, durante la reunión que sostuvieron con la gobernadora Rocío Nahle, se ofreció un encuentro cada seis meses con los colectivos de búsqueda, pero pese a la solicitud formal no han obtenido respuesta.
La obligación de crear un banco de datos genéticos ya estaba prevista en la Ley 677 y, a la fecha, no se ha consolidado. La Fiscalía no concentró las muestras de ADN recabadas en diversas campañas; incluso, familiares de personas desaparecidas que murieron han sido exhumados para obtener datos genéticos y compararlos con restos en resguardo de la FGE.
El Centro de Identificación Humana de Nogales también ha sido rebasado en su capacidad, pues no se realizan los estudios necesarios de identificación, por lo que insistió en que las nuevas obligaciones de ley podrían quedar solo en el papel.
lm