XALAPA, VER.- El mes de diciembre de 2024 concluye el periodo constitucional del actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y aunque la elección y permanencia de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, no compete al ejecutivo por ser un órgano autónomo, algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas opinaron sobre la permanencia o no de la abogada de los veracruzanos.
El pasado viernes 17 de mayo, el candidato a gobernador por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes, informó que se había reunido con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y, aunque estos no le habían pedido la salida de la titular de la FGE, recordó que existen los mecanismos legales para separarla del cargo.
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Antes de ello, en el segundo debate a la gubernatura, Rocío Nahle destacó que, si bien la Fiscalía es un órgano autónomo, era necesario un trabajo coordinado con el Ejecutivo, incluso, planteó crear un área especializada en feminicidios y violencia familiar. Respecto de los colectivos planteó que se reuniría con ellos después del 2 de junio, para no politizar el tema.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas plantearon que los titulares del órgano autónomo han sido insensibles al fenómeno de la desaparición y aunque gobiernos pasados y el actual han destacado de la fiscalía su autonomía, los últimos tres titulares han estado vinculados al partido en el Poder.
Incluso, no descartaron que el futuro de la actual titular de la FGE sea el mismo que el de sus antecesores, Luis Angel Bravo, ultimo fiscal priista, y Jorge Winckler, gente a fin al PAN, que fueron detenidos por presuntas omisiones en su trabajo como abogados de los veracruzanos.
¿Fiscales a modo en Veracruz?
En diciembre del 2014, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se votó una reforma a la Constitución de Veracruz por la que se determinó que la Fiscalía General del Estado sería un órgano autónomo, buscando independencia del Ejecutivo. Se estableció que el Fiscal tendría que ser nombrado a propuesta del gobernador y ratificado por la mayoría del Congreso de Veracruz, además, de que se garantizaría el presupuesto anual equivalente al 1.5 por ciento de los ingresos del Estado.
Dentro de los artículos transitorios se mencionó que quien funja como Procurador de Justicia, nombramiento que otorgaba el gobernador, se quedaría para cumplir el periodo de 9 años. En ese entonces se ratificó a Luis Angel Bravo Contreras, quien había asumido el cargo en febrero del 2014.
El fiscal no logró concluir su periodo por el que fue nombrado, pues renunció el 29 de noviembre del 2016, solo dos días antes de que entrara en funciones el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes. Bravo Contreras fue encarcelado por su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, por el delito de desaparición forzada y estuvo en prisión 7 meses.
Antes de que se diera la renuncia del fiscal priista, Jorge Winckler Ortíz entró a la Fiscalía, como visitador, y la ley contempla que ante la renuncia del titular era el responsable de esa área, quien debía ser nombrado encargado de despacho de la FGE.
El abogado de la familia Yunes Linares, fue ratificado en el cargo como fiscal general el 30 de diciembre del 2016 y posteriormente fue removido, por el Congreso de Veracruz, el 9 de septiembre del 2019, por no acreditar los exámenes de control y confianza. Por lo que su periodo de 9 años, que marca la ley, se acortó a menos de 5 años.
En ese momento, el Congreso -con mayoría de Morena- nombró como encargada de despacho a Verónica Hernández Giadáns, quien fue ratificada en el cargo el 28 de mayo del 2020 por un periodo de 9 años. La exdirectora jurídica de la Secretaría de Gobierno cumpliría cuatro años y seis meses como titular de la FGE el próximo mes de diciembre.
La abogada, denunciaron los diputados minoritarios, fue una imposición del entonces secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos. Desde su llegada inició carpetas de investigación contra actores políticos de oposición que fueron encarcelados, tal es el caso del propio Jorge Winckler, su antecesor, detenido el 25 de julio del 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca.
Colectivo Solecito: es imperante la remoción de Verónica Hernández
En entrevista con La Silla Rota, Lucía Díaz Genao, mencionó que en los 4 años que lleva la actual titular de la Fiscalía, el grupo que ella representa, que se integra por más de 300 familias con familiares de desaparecidos, no logró reunirse con la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
La activista planteó que el promover el discurso que es la primera fiscal mujer es solo un “estereotipo”, pues al igual que los fiscales hombres, le ha faltado sensibilidad para atender a las familias y ser empáticos con la ausencia de hijos, hijas, esposos, padres, madres, y tíos.
“En lo personal, creo yo, es necesario que se remueva. La señora ha tenido una actitud alejada del tema que, si bien no debería importarnos tanto, el tema de los desaparecidos requiere de mucha atención y no la hay”.
Lucia Díaz comentó que el fenómeno de la desaparición implica la atención de funcionarios más solidarios y empáticos, no obstante, Verónica Hernández se mantuvo en su “torre de marfil”, sin acceso a los justiciables ni voluntad política para resolver nada.
“Solecito le solicitó formalmente como unas cuatro veces (una audiencia) y ella es bastante reacia a trabajar con las víctimas, no es una fiscal competente, no es una fiscal que tenga el ánimo de ir más allá de su función. Ese cargo es para una persona humanista, y ella no lo es, ella trabaja para ella y en este trabajo se tiene que trabajar para las víctimas”.
Planteó que a la fecha no se han reunido con ningún candidato, no obstante, la primera petición que le harían al próximo gobernador y al próximo congreso es que se le separe del órgano autónomo, “tenemos el mismo perfil de fiscal, son esbirros”.
“Tuvimos a un Winckler que era un régimen de terror. con ese señor, era pedante y grosero y ahora tenemos a esta mujer que simplemente nos ignora. Tenemos a María Antonieta en lugar de Fiscal, y nosotros necesitamos un fiscal que dé resultados (..) ella era el brazo ejecutor de Eric Cisneros, solo eso”.
El próximo fiscal debe ser una persona que realmente conozca de leyes, preocupado por hacer justicia, detener a los delincuentes, y garantizar que cada caso tenga resultados, y evitar la impunidad. Y pidió que la remoción sea inmediata, pues difícilmente se podrá a trabajar con el cambio de gobierno.
Consideró que se debe modificar el periodo de asignación de los fiscales. Podría mantenerlos 3 años, con posibilidad de reelegirse, solo después de ser evaluado y garantizar que dio resultados, “un fiscal deficiente, puede ocasionar un conflicto enorme, tres años, si demostraste que eres bueno se te renueva; porque esa carta franca, de 9 años, es nefasta”.
Colectivo Familias Enlaces Xalapa, también pide su remoción
Carlos Saldaña Grajales, integrante del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, considera que si bien la petición podría asumirse como mediática, es necesario que el nuevo Congreso y el gobernador, que entrarán en funciones, puedan evaluar el trabajo de Hernández Giadáns.
El activista recordó que, al igual que en el pasado cuando llegó Jorge Winckler, el nombramiento de la Fiscal fue una imposición, solo por acuerdo político entre los grupos de poder en el Congreso de Veracruz, pues no son personas con el perfil, con la sensibilidad, o la voluntad política para resolver los casos de búsqueda.
“Y a veces, aunque traigan la voluntad, se vuelven políticos y pierden la humanidad y la capacidad de resolver. El nuevo gobernador deberá atender la exigencia (de los colectivos) de que se resuelvan las cosas y se resuelvan las investigaciones (de los casos de desaparecidos”.
Saldaña Grajales recordó que la integración de las carpetas de investigación la han hecho los padres de familia, pues son ellos quienes aportan la información que logran recabar en su búsqueda.
“La fiscal no ha funcionado como debe ser, y siempre pediremos que, si alguien no trabaja, hay que cambiarlo. En este caso, con la Fiscal no hemos tenido avances, seguimos igual que en el pasado”, planteó.
Dijo que, si bien él se reunió recientemente con Hernández Giadáns, el trato no es igualitario para el resto de los familiares de desaparecidos, sumado a que en ocasiones a ella le “pasan tarjetas informativas”, sin embargo, ellos no verifican que la información es real y la dan por hecho, a pesar de las exigencias y señalamiento de los colectivos.
Carlos Saldaña comenta que el nombramiento por 9 años del fiscal, parece más una forma de protección del gobernante y los diputados en turno, pues al dejarlos por más tiempo que el periodo de un gobernador les garantiza “impunidad” y “encubrimiento” para que libren cualquier denuncia. Incluso, pidió, que el trabajo de la fiscalía sea evaluado de manera real y no solo se brinde un reporte de lo hecho en un año, con datos sin sustento, y en base a ello se pueda determinar la permanencia o remoción de la abogada de los veracruzanos.
Puso de ejemplo que logró que la Fiscalía General de la República (FGR) apoye en la exhumación de cuerpos que están en el Panteón Palo Verde, en la búsqueda de sus dos hijos, se ha enviado oficios, en el que se aclara que la autoridad federal correrá con los gastos, un fiscal vino a Xalapa a solicitar una audiencia y lo sacaron a la fuerza de la FGE, y Hernández Giadáns dijo no tener conocimiento de los oficios.
Madres en Búsqueda Belén González: Ha dado resultados dentro de lo posible
Por su parte, Belén González, del colectivo Madres en Búsqueda Belén González en Coatzacoalcos, planteó que cada que cambia el gobierno, se pone a gente a modo en los órganos autónomos como la Fiscalía, o algunas otras instituciones. Aun y cuando el nombramiento de la actual Fiscal es de 9 años, existe la posibilidad de que Verónica Hernández Giadáns no concluya el periodo, pues cada gobierno o administración suele tener gente a modo.
Si bien evitó generalizar si la Fiscal ha cumplido con las expectativas de los colectivos, refirió que en el caso de Madres en Búsqueda Belén González han trabajado, especialmente con el personal de la fiscalía especializada de Coatzacoalcos “nos ha dado resultados dentro de lo posible”.
Planteó que, con la integración de un nuevo Congreso, a partir del 5 de noviembre, serán los diputados locales los que tendrán la posibilidad de evaluar el trabajo de Hernández Giadáns y decidir si concluye el periodo de 9 años o deja el cargo. La buscadora explicó, que como con otros colectivos de búsqueda, las reuniones han sido esporádicas con la titular de la FGE, no obstante, hay acercamiento por medio de otros titulares, y el personal de la zona de Coatzacoalcos.
En este momento, dijo, están a la espera de que se concluya con todos los trámites burocráticos que implica el poner en operación el panteón ministerial de Coatzacoalcos, que se construyó en este gobierno.
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