XALAPA, VER.-“No es la primera vez que nos pintan bonito un proyecto y nos abandonan. Nos han prometido muchas cosas y el pueblito sigue igual”, recriminan hombres y mujeres que decidieron bloquear la carretera de la comunidad San José de Tapia para expresar su rechazo a la construcción de un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en el municipio de Córdoba.
En los rostros de los manifestantes hay enojo y desconfianza para expresar sus inconformidades con la prensa local debido a una nota informativa publicada el pasado 9 de febrero donde se asegura que recibieron un pago de 200 pesos y una despensa para “generar caos” en la carretera Naranjal-Córdoba, ubicada en la región de las Altas Montañas de Veracruz.
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Ellos reviran: “Aquí no hay líderes, somos el pueblo. No estamos en contra de este proyecto, estamos en contra de que lo quieran poner aquí”, dice un hombre de tez morena y ojos azules, que apunta a su izquierda para señalar hectáreas con sembradíos de caña donde el gobierno de Veracruz planea instalar este proyecto para separar hasta 300 toneladas diarias de basura.
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Pero el grupo de manifestantes no solo está a mitad de carretera “luchando por la salud de sus hijos y de sus nietos”, también se encuentra en medio de una disputa política entre la presente administración municipal de Córdoba, representada por el morenista Juan Martínez Flores, y la anterior, comandada por la panista Leticia López Landero.
La pugna principal entre ambos grupos políticos -que hoy se debate en el Congreso de Veracruz por un presunto daño patrimonial de 107 millones de pesos en 2021, el último año del gobierno de Leticia López Landero- evidenció otro problema de salud pública ambiental en Córdoba: la dificultad para tratar 200 toneladas que a diario producen sus casi 230 mil habitantes.
Ese problema fue retratado y difundido el 01 de enero de 2022, el primer día del gobierno de Juan Martínez Flores, cuando un edificio ubicado en la colonia Paraíso que funciona como centro de transferencia, amaneció atestado con mil 500 toneladas de basura, cuatro veces más de lo que genera en un día el puerto de Veracruz, el municipio más poblado en la entidad.
Este hecho fue considerado por las actuales autoridades como premeditado y atribuido a sus antecesores porque estuvieron a cargo de dicho inmueble hasta el 31 de diciembre de 2021. Por ello, interpusieron quejas ante la contraloría local para fincar responsabilidades, refirió José Alfonso Palma Huchin, director de servicios municipales.
Las imágenes de toneladas de desechos acumulados generaron descontento entre la ciudadanía, debido a la fauna nociva y los malos olores que se filtraron durante días en la colonia Paraíso. El problema fue abordado por las autoridades municipales, quienes reconocen que ese centro de transferencia, que opera desde hace 22 años, es insuficiente para una ciudad que ha aumentado su población con 50 mil habitantes en el mismo periodo, según cifras del INEGI.
José Alfonso Palma Huchin, advierte que el problema de la basura va más allá de lo ambiental pues también significa un problema económico para el Ayuntamiento. Las toneladas de basura que se producen en Córdoba son trasladadas, casi en su totalidad, al relleno sanitario del municipio de Nogales, Veracruz, a 35 kilómetros de distancia. El costo, solo por tener permiso de verter sus desechos a dicho relleno fue de casi 16 millones de pesos en 2022.
“Es un problema económico que, además, implica el pago de casetas y combustible para llevar nuestra basura a Nogales. Este espacio donde ahora procesamos los residuos tiene 22 años, la ciudad ha crecido y hemos tratado de trabajar con lo que tenemos pero ya la ciudad necesita un lugar más adecuado”, refiere el funcionario en entrevista con La Silla Rota.
El 09 de enero de 2022, el procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez, propuso una solución al problema que padecen más municipios en la región de las Altas Montañas, anunciando la creación de tres Centros de Transferencia de desechos sólidos en las regiones de Tequila, Tomatlán y Córdoba. Dijo que la intención de esos proyectos es reducir los gastos diarios para transportar la basura.
La propuesta ha dividido opiniones: el alcalde asegura que es bien vista por la mayoría de cordobeses; caso opuesto a la gente que vive donde se ubicará este proyecto, en la comunidad San José de Tapia.
SAN JOSÉ DE TAPIA: UN PROYECTO “AMBICIOSO” EN UN PUEBLO DEFRAUDADO POR DÉCADAS
El 23 de abril de 2022, el alcalde cordobés, Juan Martínez, informó que el centro de transferencia de residuos se construiría en San José de Tapia, a lo largo de 2.5 hectáreas, en las inmediaciones de la unidad habitacional Colinas de San José, con una inversión estimada en los 30 millones de pesos.
Las instalaciones, dijo, podrían recibir diariamente 300 toneladas de basura y serán operadas por el Estado o una empresa privada. La entrada principal a lo que sería el centro de transferencia, se ubica frente al fraccionamiento Colinas de San José, donde actualmente residen unas 4 mil personas, pero también frente a cientos de plantíos de caña, actividad económica que sostiene a las comunidades de San José de Tapia, 20 de noviembre, Villa de San Martín, Tranca de Tubos, Trapiche y Colonia Esperanza, las cuales se distribuyen en los municipios de Córdoba, Naranjal, Amatlán de los Reyes y Fortín.
El proyecto no fue bien recibido en esta región y motivó a la creación de un movimiento social, conformado principalmente por campesinos que han marchado en las principales avenidas de Córdoba y, recientemente, cerraron la carretera Naranjal-Córdoba. Conforme los habitantes han expuesto sus temores por esta iniciativa, también dan cuenta de otras obras que emprendieron gobiernos pasados, así como la iniciativa privada, que solo les acarreó problemas.
Uno de esos proyectos fue el basurero de la comunidad 20 de noviembre, en Córdoba, el cual fue clausurado el 20 de enero de 2009, por el entonces alcalde Juan Antonio Lavín Torres, y el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente, Alberto Silva Ramos. Dicho sitio que solo funcionaba como vertedero de desechos, operó durante 20 años y almacenó la basura de los municipios de Córdoba, Naranjal, Coetzala y Fortín.
Campesinos lamentan que sus parcelas aledañas a ese tiradero se vieron afectadas debido a la filtración de lixiviados en sus campos de cultivo. “Nosotros, los habitantes de El Trapiche, San José Tapia, Homex, ya soportamos más de 20 años ese basurero, ahí sigue la contaminación y ahí seguirá otros cincuenta años. Ahora nos quieren traer otro a 20 metros de nuestras casas. Que se lo lleven para otro lado”, dice el hombre de ojos azules.
No es hostilidad ni cerrazón a nuevos proyectos, aseguran los manifestantes, pues relatan que en el año de 2006 accedieron a una propuesta del entonces gobernador, Miguel Alemán Velazco, para albergar en la comunidad de La Loma, a 2 kilómetros de San José de Tapia, el penal de mediana seguridad de La Toma.
“Nos prometieron muchas cosas y el pueblito sigue igual. En aquel tiempo nos dijeron que el reclusorio iba a traer empleos y que el gobierno mejoraría las carreteras. Solo nos vieron la cara”, recuerda una mujer sentada sobre una piedra.
No es todo. En 2008, la empresa inmobiliaria Homex, del empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás, construyó cerca de mil 500 viviendas en lo que hoy es el Fraccionamiento Colinas de San José. Al igual que en otros estados de la república, Homex defraudó a sus compradores al declararse en banca rota y dejó inconclusas las viviendas por las que miles de personas adquirieron deudas con Infonavit de hasta 30 años.
Colinas de San José solo fue municipalizado en una parte de su extensión. Por ello, a la fecha, unas 4 mil personas no cuentan con servicios básicos como alumbrado público y agua potable. Los vecinos utilizan un pozo profundo para abastecerse de agua y para distribuirla instalaron una bomba. Lo anterior, gracias a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener el servicio de energía.
Por esta razón, el pozo profundo representa uno de sus mayores temores en el fraccionamiento San José. “Nosotros utilizamos un pozo profundo, el cual requiere de muchos cuidados porque el agua es sagrada. Tenemos miedo de que esa agua se contamine de lixiviados como pasó en la comunidad 20 de noviembre”, dice otro hombre inconforme.
“No hay información a fondo, todo se maneja como un proyecto que, puede funcionar, no hay nada seguro, pero la molestia es la contaminación. Solicitamos audiencia con el gobernador y, si es posible, con AMLO en la mañanera. Necesitamos respuestas a la brevedad”, agrega.
HAY DESINFORMACIÓN, INVITAMOS A FORMAR COMITÉ DE SEGUIMIENTO: JEFA DE ECOLOGÍA
Para Tayde González López, jefa de ecología y medio ambiente de Córdoba, existe desinformación en torno al Centro de Transferencia de residuos sólidos. Por ello, explica las diferencias entre ese proyecto, un relleno sanitario y un tiradero a cielo abierto.
“En un tiradero a cielo abierto se dispone la basura sin ningún sistema para contener lixiviados y eso provoca la contaminación de mantos freáticos. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería donde se utilizan geo membranas para filtrar los lixiviados, mismos que se colectan y se les da un tratamiento especial en una planta. Un centro de transferencia es un sistema donde hay básculas, tolvas que contienen los residuos, con bandas de separación que permite armar pacas de residuos valorizables, y todo lo que ya no tenga manera de ser reciclado se enviará al relleno sanitario de Nogales”, explica la bióloga.
La funcionaria apela a una nueva dinámica para tratar la basura, que en Veracruz demanda la Ley de Gestión y Prevención de los Residuos Sólidos. “Ya no nada más es recoger la basura y depositarla o enterrarla. En este caso, con un centro de transferencia, con una planta de separación ayuda mucho a que la parte valorizable (de la basura) sea reutilizada, separada, seleccionada y tenga una segunda vida. De esta manera contribuimos al cuidado del medio ambiente”, sostiene.
-¿El centro de transferencia afectará al pozo artesiano de Colinas de San José? No. El centro de transferencia lleva un proceso donde los residuos no se almacenan, llegan, se depositan a una tolva, pasan a unas bandas de separación. Sobre los lixiviados, esta planta contará con aditamentos para no se vayan a un manto freático.
-¿Cómo se evitarán malos olores y fauna nociva? Va a estar techado el lugar, debe de haber una zona de amortiguamiento en el predio, debe estar bardeado, y una zona con una cortina de árboles o bambú que se va a colocar ahí. Eso lo contrarrestaría. También debemos ver la dirección de los vientos para que el centro no esté colocado hacia la población.
-¿Quién operará el centro de transferencia? Gobierno del estado deberá decidir si licita a una empresa privada. Se debe presentar un proyecto ejecutivo a la Secretaría de Medio Ambiente y acatar las observaciones.
-¿Cuentan con un documento público para informar a la ciudadanía? Se está trabajando con comunicación social, y nos estamos reuniendo con la ciudadanía; convocaremos a colegios de arquitectos y abogados, para darles a conocer este proyecto. El centro estará completamente aislado, la planta quedará en el centro para evitar esa contaminación. Invitamos a la ciudadanía a sumarse en un comité de seguimiento.
CENTRO DE TRANSFERENCIA: “GANARSE LA LOTERÍA SIN COMPRAR BILLETE”: SERVICIOS MUNICIPALES
José Alfonso Palma Huchin, sostiene que el centro de transferencia será “ganar la lotería sin haber comprado billete”, pues no le representará un costo al Ayuntamiento. “Será un proyecto costeado por el gobierno del Estado que nos va a ayudar con el problema de la recolección de la basura”.
-¿Lo que se planea hacer es un basurero? No, no es. Es un centro de aprovechamiento, porque la basura podemos reciclarla y aprovecharla. No solo es un tema ecológico, también económico. Limpia pública genera mucho gastos para el presupuesto que tiene Córdoba. La basura seguiría llevándose a Nogales, pero ya se encargaría de ello el gobierno del Estado.
-¿Sería común ver cerros de basura en el nuevo centro? No, si no los tenemos aquí (en el actual centro de transferencia), que en un espacio mucho menor, en el otro terreno son 30 mil metros cuadrados y habrá una mejor logística.
Palma Huchin insta al diálogo para que este proyecto, dice, sea aprovechado por Córdoba y no por otro municipio. “A veces hay resistencia al cambio, pero para todo crecimiento y desarrollo primero necesitamos de un orden que ya es necesario en Córdoba”.
ch