“¡Aquí está el dinero del taxi Uber! ¡Aquí está lo del taxi Uber!”, gritó un usuario al que Edwin bajó de su automóvil a la altura de la Torre 1519, en Boca del Río. De inmediato, dos patrullas de policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo rodearon para detenerlo.
Edwin Valenzuela Viascan enfrentó un proceso penal por su presunta responsabilidad en la comisión de un delito contra la seguridad vial y los medios de transporte, a raíz de su detención en noviembre de 2021. El ex conductor de Uber quedó exonerado en junio de 2022, cuando un juez de control sobreseyó el caso.
Además del proceso penal al que fue sometido, el conductor, de 40 años, pagó 95 mil pesos a la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) por una falta administrativa por dar servicio de transporte público sin concesión y 40 mil pesos para liberar su automóvil, que pasó un mes retenido en un corralón.
“Me da mucho coraje, porque a mi parecer es un trabajo muy digno, crea competencia entre varios sectores de transporte: taxis, Uber, InDriver, y sobre todo porque los niveles de inseguridad en el estado están altísimos, entonces traer a elementos de Policía Estatal en estas situaciones se me hace algo que afecta a toda la sociedad. Ese elemento podría haber estado cuidando una tienda, un banco”, expresa.
La Silla Rota Veracruz contactó al departamento de comunicación de la SSP para solicitarle a la dependencia una postura sobre las detenciones de conductores de Uber, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El operativo señuelo para atrapar a Edwin
A Edwin sólo le faltaban dos viajes por hacer aquella noche cuando un usuario le pidió un viaje con destino a la Torre 1519, ubicada en el fraccionamiento Las Américas, en Boca del Río. Fue por él al Hotel Balajú, que se encuentra en la colonia Flores Magón, en la zona conurbada con Veracruz.
El hombre subió a su unidad. Era moreno, con sobrepeso. No habló en ningún momento, lo que despertó las sospechas del conductor. A mitad del camino decidió que no le cobraría y hasta pensó en pedirle que se bajara. Pensó que se trataba de un operativo señuelo.
Cuando llegaron al destino, el sujeto se bajó del carro, un Toyota Yaris 2018 con el que Edwin trabajaba como Uber desde las primeras semanas de la pandemia. La covid-19 había devastado la actividad de las agencias inmobiliarias, a lo que se dedica, por lo que decidió ingresar a la aplicación móvil como chofer.
El usuario se le acercó ya debajo de la unidad. Con la voz en alto, como si llamara a los policías, le extendió la mano con dos billetes, uno de 50 y otro de 20 pesos. Mientras el chofer se negaba a recibirle el dinero, dos patrullas de la Policía Estatal y cuatro más de Transporte Público lo encajonaron.
“Me encajona una plana de grúa y me dicen que me van a infraccionar por una multa de tránsito”, cuenta.
El hombre bajo de su unidad y extendió sus manos para que un policía lo esposara, pero el oficial se negó. Edwin sólo guardó sus manos detrás. “¿Ya estás hasta la madre de estos operativos? ¿Verdad?”. El policía habría asentido discretamente con la cabeza.
“Me llevan al C5i, me quitan todas mis pertenencias, me dejan incomunicado, me desvisten para revisarme, me toman las fotos. Te revisa una doctora”, relata.
Su unidad fue trasladada a un corralón mientras a él se lo llevaron al C5i que se ubica en el bulevar Ruiz Cortines, en Boca del Río. Ahí permaneció tres horas hasta que pudo comunicarse con un abogado. Luego fue llevado a la fiscalía, en donde decidió no declarar.
“Cuando me llevan al C5i yo necesitaba asistencia médica porque tengo un problema en el riñón, me la negaron. Tenía la presión en 190, necesitaba medicamento, también me lo negaron. Me llevaron con el médico legista, pero él decía que no tenía ni siquiera un baumanómetro para checarme la presión”, recuerda.
Edwin pasó las próximas 48 horas en los separos de Boca del Río. Los policías no lo habrían dejado ingresar los medicamentos que toma para una enfermedad renal, la hipertensión y el asma que padece. De comida no sufrió. Otros conductores de Uber y hasta taxistas que usan aplicaciones como InDriver lo apoyaron.
De acuerdo con el también agente inmobiliario, los policías dejaron que ingresara sus medicamentos a la celda hasta el día que salió de la cárcel temporal, cuando consiguió las constancias médicas que acreditaban su consumo.
“Entré a Uber por una crisis en mi trabajo”
“Se gana bien como agente inmobiliario, pero a inicios del 2020 y a media pandemia, digamos que, por ahí de enero, febrero, marzo, las ventas inmobiliarias se cayeron definitivamente porque todos los negocios estaban cerrados y la venta de casas no fue considerada un negocio esencial”, narra Edwin.
El agente inmobiliario aprovechó la entrada de Uber a Veracruz a principios de la pandemia de la covid-19 para reponerse de la crisis. De marzo a julio de 2020 no vendió ninguna vivienda, por lo que se sostuvo únicamente de lo que ganaba como chofer.
“En el camino conocí a muchos conductores, tanto de Uber como taxistas, nos llevábamos muy bien, no teníamos ningún problema, nos apoyábamos. Teníamos un grupo de WhatsApp. Ellos incluso fueron a apoyarme cuando me detuvieron, me llevaron cobijas, almohadas”, dice.
Soltero y dedicado únicamente a su trabajo, Edwin realizaba hasta 25 viajes diarios en Uber. Al día ganaba mil pesos libres para él, aparte de la gasolina y de las comisiones que le cobraba la aplicación móvil. Nunca se imaginó que terminaría endeudado o como dice él, “en la quiebra”.
Tras salir de los separos en Boca del Río, la Dirección General de Transporte Público del Estado lo multó con 95 mil 22 pesos por una falta administrativa por el concepto “Ejercer transporte público en cualquiera de sus modalidades”. La sanción la pagó el 9 de diciembre de 2021 a Hacienda estatal.
Además, pagó 40 mil pesos a la empresa Grúas y Maniobras México, que retuvo su automóvil Toyota Yaris 2018 durante un mes en un corralón ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento El Coyol, en el puerto de Veracruz.
“Me prestaron mis hermanos, compañeros también cooperaron y la verdad al final tuve que vender al carro porque todos esos gastos que me generó me dejaron prácticamente en la quiebra, entonces ese carro ya no lo podía seguir teniendo”, señala.
Fiscalía no tuvo pruebas para vincularlo a proceso
El afectado pensó que todo había acabado con el pago de la multa y la liberación de su automóvil; sin embargo, tres meses después, en febrero de 2022, recibió la notificación de una investigación judicial en su contra.
De acuerdo con la carpeta de investigación que abrió la FGE, Edwin Valenzuela Viascan, César era acusado del delito de “contra la seguridad vial y los medios de transporte, cometido en agravio de la seguridad pública”.
Para abrir una carpeta de investigación en contra de Edwin, la fiscalía se basó en el artículo 272 Bis del Código Penal del estado de Veracruz, que señala que, quien promocione o realice un servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, sin concesión, será castigado con una pena de tres a nueve años de prisión.
El afectado recibió asesoría legal de la empresa Uber. En la audiencia inicial la fiscal sólo presentó como pruebas en su contra el par de billetes que el usuario que lo abordó cuando lo detuvieron intentó darle y la declaración del pasajero.
De acuerdo con Edwin Valenzuela, la fiscal también aseguró al juez que el conductor fue encontrado en flagrancia prestando servicio como Uber a través de una modalidad semejante al de taxi, una de las ocho modalidades de transporte público de pasajeros permitidas por la ley veracruzana.
A causa de la falta de pruebas en su contra, el juez de control determinó no vincularlo a proceso. En junio de 2022, la misma autoridad sobreseyó el caso tras una solicitud de los abogados de Uber. El ex chofer optó por retirarse de la aplicación.
Según el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón (UCC), Luis Alberto Martín Capistrán, no existe causal ni tipo penal que justifique que los conductores que manejen una unidad de Uber sean privados de su libertad.
El abogado indica que los choferes de la aplicación móvil Uber o de otras, como InDriver, sólo cometen una falta administrativa debido a que no cuentan con una concesión para prestar el servicio de transporte público como lo marca la ley veracruzana.
“Si yo presto el servicio de manera independiente sin tener una concesión del estado, incurro en una falta administrativa que puede ser sancionada con multa, con arresto administrativo de hasta 36 horas. Por eso no se debe de vincular a proceso”, argumenta.
Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del estado, declaró en enero de 2019 que el Gobierno de Veracruz no permitiría la operación de las plataformas digitales de transporte, por lo que las unidades que circulen sin una concesión serían retiradas.
El discurso se mantiene desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró el 10 de marzo de 2021 que el servicio de Uber es ilegal en Veracruz, por lo que advirtió que los conductores registrados en la aplicación serían detenidos.
La Silla Rota contactó a la agencia de comunicación de Uber para solicitarle a la empresa una postura sobre las detenciones de sus conductores en el estado de Veracruz; sin embargo, la compañía sostiene que por políticas se abstiene de comentarios sobre procesos legales en curso.
“Los mantendremos al tanto del desarrollo de este tema, ya que el bienestar de las personas que encuentran en Uber una oportunidad para generar ganancias es nuestra prioridad”, cita la respuesta.