VERACRUZ, Ver.- Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos ambientales que implica el anuncio del gobierno federal de iniciar en septiembre la construcción de la escollera sur del puerto de Veracruz, con más de 3 kilómetros de extensión sobre el arrecife La Gallega, ubicado en la zona de influencia del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el proyecto se desarrolla pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en 2022 realizar una nueva evaluación ambiental integral que contemple los impactos acumulados de la ampliación portuaria.
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En un comunicado, la agrupación recordó que el 23 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que los trabajos de la escollera sur iniciarían en septiembre y que actualmente se encuentran en proceso de licitación.
En su Primer Informe el pasado 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum, reiteró que la ampliación del puerto de Veracruz continuaría en su administración, con la construcción de la nueva escollera, como parte de los proyectos de expanción portuaria planteados en su gobierno.
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Riesgos ambientales en el Sistema Arrecifal Veracruzano
AIDA señaló que la construcción de la escollera sur representa un retroceso al poner en peligro ecosistemas frágiles como los arrecifes coralinos, manglares y la biodiversidad marina del Golfo de México. La organización también expresó preocupación por la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras, ya que podrían involucrar áreas naturales protegidas que serían utilizadas como bancos de materiales.
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El arrecife La Gallega forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, un ecosistema marino de gran relevancia ecológica, reconocido a nivel nacional e internacional por su biodiversidad y servicios ambientales.
Sentencia de la Suprema Corte no se cumple
En marzo de 2022, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 54/2022 interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde 2004.
La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales, al haber fragmentado la evaluación del proyecto y no usar la mejor ciencia disponible, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano de la población.
Las organizaciones advirtieron que el Gobierno de México continúa incumpliendo la sentencia al fragmentar nuevamente la evaluación ambiental del proyecto portuario, lo que impide conocer los impactos acumulados sobre arrecifes y humedales.
AIDA hizo un llamado a detener las obras hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental integral, independiente y transparente, conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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