XALAPA, VER.- El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2024, puso bajo la lupa la gestión financiera de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, quien dejó el cargo el 8 de diciembre de 2025.
A través de una Auditoría de Cumplimiento Forense (2024-E-30013-23-2024-2025), el órgano fiscalizador detectó irregularidades que suman un presunto daño patrimonial superior a 35.3 millones de pesos.
El documento revela anomalías que van desde consumos de gasolina en casi todo el país, la probable simulación en la compra de 251 impresoras, el uso de patrullas para fines administrativos y una nómina integrada por peritos y policías sin título profesional.
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Combustible en 28 estados sin justificación
Uno de los principales hallazgos fue el gasto en combustible fuera de los límites de Veracruz. La ASF detectó que, mediante dos contratos de monederos electrónicos, la Fiscalía pagó millones de pesos por cargas realizadas en prácticamente toda la república mexicana, sin documentación que justificara dichas comisiones.
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El contrato AD 02/2024 fue asignado a Edenred México, S.A. de C.V., con observaciones por 6 millones 212 mil pesos. Se identificaron pagos por 5.7 millones de pesos realizados en enero y febrero de 2024, antes de que el contrato entrara en vigor. Además, se registraron cargas en 21 estados, entre ellos Tamaulipas, Hidalgo y Nuevo León, así como en vehículos que no aparecen en el padrón oficial de la Fiscalía.
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En el Contrato Abierto 01/2024 para suministro de combustible se observaron 1 millón 831 mil pesos. En este caso, las cargas se dispersaron en 28 entidades federativas. Aunque la FGEV argumentó que se trataba de “investigaciones judiciales”, la ASF señaló que no se presentó ningún oficio de comisión que acreditará los traslados.
Patrullas asignadas a oficinas
La auditoría también detectó que recursos federales destinados al combate al crimen de alto impacto fueron utilizados para equipar áreas administrativas.
El contrato AD 42/2024, otorgado a Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V., por 8 millones 914 mil pesos, contemplaba la adquisición de 13 vehículos para fortalecer a la Policía Ministerial en la ejecución de órdenes de aprehensión. Sin embargo, las unidades fueron asignadas a fiscalías especializadas y áreas administrativas.
En el contrato AD 43/2024, por 4 millones 317 mil pesos, se adquirieron 12 vehículos tipo sedán Chevrolet Aveo que terminaron asignados a analistas de la Secretaría Particular de la Fiscal General y a conductores de la Coordinación de Fiscales, en lugar de destinarse a labores de investigación de campo.
Irregularidades en contrato de impresión
El contrato 04/2024, adjudicado a COPYVER, S.A. de C.V., para servicios de fotocopiado e impresión, fue observado por 1 millón 85 mil pesos como daño directo y 35 millones 366 mil pesos pendientes de aclarar.
La ASF detectó que el proveedor no instaló los equipos pactados y que se utilizaron 251 impresoras de modelos distintos a los contratados. Además, en una compulsa directa, la empresa no pudo demostrar que fuera propietaria o poseedora de los equipos que supuestamente debía arrendar a la Fiscalía, ni presentó evidencia de mantenimiento.
Personal sin título profesional
En el rubro de Servicios Personales se observaron 12 millones 679 mil pesos, luego de que la ASF detectó que 34 trabajadores que perciben salarios como personal especializado no cuentan con título ni cédula profesional registrada ante la SEP.
Se trata de 20 policías de investigación, cuatro peritos criminalistas, ocho peritos histopatólogos y dos fiscales adscritos a juzgados. Al no cumplir con el perfil académico requerido, los pagos efectuados se consideran un probable daño patrimonial.
Seguridad privada sin sanciones
Finalmente, el contrato AD 06/2024 para el servicio de seguridad privada en edificios de la FGEV presentó incumplimientos que no fueron sancionados.
La ASF detectó múltiples inasistencias del personal de vigilancia y días en los que las instalaciones quedaron sin cobertura. A pesar de ello, la administración de la Fiscalía no aplicó las penas convencionales establecidas en el contrato, lo que generó un perjuicio por 325 mil 769 pesos.
lm