XALAPA, VER.- Ambrosio salió corriendo todavía con los shorts puestos que usaba para descansar en su casa. Segundos antes recibió el llamado urgente de la esposa de su primo, avisándole que sujetos vestidos de civiles lo sacaron a jalones de su domicilio: un “levantón”, es lo único que pensó. En realidad, se trató de la detención de Minervo Cantor Peña, de 62 años, acusado por la empresa Agroindustrias Unidas de México Sociedad Anónima de Capital Variable (AMSA SA de CV) de un incendio a sus instalaciones.
Ambrosio y Minervo se dedican a la siembra, cosecha y venta de café en Ixhuatlán del Café, Veracruz. Por el nombre del municipio, queda claro cuál es la actividad de la que dependen las familias, donde la escultura de una taza de café en el parque principal es uno de los íconos.
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Los dos campesinos trabajan en la región de las Altas Montañas, en las faldas del Pico de Orizaba, lo que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) denomina como el “distrito Fortín”. Esta región se posicionó – según el informe más actual de junio del 2024 – como el primer lugar nacional productor de café cereza, lo que significó 128 mil 889.53 toneladas del fruto.
La compra de este empuje de productividad es monopolizado por una empresa mexicana, AMSA, instalada en el municipio desde hace 20 años, y forma parte del grupo ECOM Trading, compañía de origen catalán fundada en 1849 por la familia Esteves, con presencia en 40 países, dedicada al procesamiento y comercialización a escala mundial principalmente de algodón, cacao y café.
Los compromisos de ECOM de “mejorar los medios de vida de trabajadores y granjeros”, así como de “proteger y regenerar la naturaleza” – según su página oficial– contrastan con las denuncias por pagos injustos y contaminación del río que los campesinos en Ixhuatlán del Café, acusan que causa las instalaciones del beneficio que tiene en el municipio.
Esta investigación documenta por primera vez dos casos recientes de represalias que sufrieron campesinos veracruzanos tras tomar las instalaciones de empresas trasnacionales, en la cúspide de sus demandas acumuladas por años en esta entidad. Las quejas fueron silenciadas tras la liberación de órdenes de aprehensión y dos crímenes.
Ambos casos abren la cloaca de un problema más profundo. Las autoridades estatales han sumado a infundir el terror en pequeñas poblaciones, donde protestar puede costar la tranquilidad o la vida, contrario a la “política de no represión” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las detenciones
Ambrosio Peña cuenta con una orden de aprehensión acusado por el delito de estragos. Está seguro que, si aquella mañana del 26 de mayo del 2023 no hubiera salido de casa en auxilio de su primo, también lo habrían detenido frente a su esposa, hijos y nietos menores de edad.
Policías ministeriales se presentaron en su casa y le marcaron para intentar hacerlo regresar; dijeron que “supuestamente estaba acusado de un secuestro”, recuerda. No era así. En realidad era parte de las 12 detenciones que se buscaban ejecutar y de las cuales se lograron cinco.
Minervo Cantor Peña, Crisanto Valiente Miramón, Abraham Cabal Pulido, Ciro Ruiz González y Viridiana Bretón Feito fueron detenidos y acusados de provocar el incendio de una oficina de AMSA el 24 de enero del 2022. Viridiana Bretón es exalcaldesa de Ixhuatlán del Café - abanderada por el Partido Acción Nacional -, mientras que el resto son campesinos caficultores, destacando Ciro Ruíz, fuerte activista y presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec.
Previo al incendio, hubo tres días de protestas con la toma de las instalaciones de AMSA para exigir que el café tuviera un valor justo, pues pasaron de pagar 16 a 11 pesos por kilo. También pedían un trato digno y solidario a los trabajadores del campo, y un alto a la contaminación con aguas negras del río. El plantón fue levantado cuando les alertaron por la presencia de elementos policiacos.
El 31 de enero del mismo año, el gobernador Cuitláhuac García aseveró en rueda de prensa que Viridiana Bretón alentó a “coyotes” a causar el incendio. Así es como se les conoce a los intermediarios entre la compra del café de los productores para revenderlo y después quedarse con la diferencia del dinero en el proceso.
Francisco Faus Sotelo - director de operaciones de AMSA - fue consultado por una postura sobre las quejas del pago de la empresa, a lo que respondió: “el día domingo 23 de enero del 2022, se tuvo una reunión en la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz, con las autoridades estatales, el Secretario de SEDECOP (Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario), el Subsecretario de Agricultura, Director de Política Regional, la presidenta municipal de Ixhuatán, un comité de los manifestantes donde estuvo Cirio Ruiz, Lucio García, entre otros. Ahí se vieron las peticiones de los manifestantes y se concluyó que AMSA no había bajado los precios, sino que fueron intermediarios/coyotes y que al contrario, era la empresa que mejor pagaba.”
Antes de que acabara enero el problema lo atendió personalmente Santiago José Argüello Campos, director de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Tras una reunión con los cafetaleros, lo que creían que concluiría con acuerdos en favor de ellos, terminó en un respaldo público de la autoridad federal a la postura de Faus.
“Yo veo los precios de la empresa acorde con el mercado internacional, lo que hay de diferencia son centavos, entonces por esa razón no entendemos el conflicto”, dijo, y señaló “importante” la presencia de la empresa para la derrama económica del municipio.
Argüello Campos trabajó en “gestión de la cadena de suministro” de AMSA del 2005 al 2008, en sus instalaciones en Chiapas. Luego, del 2009 al 2014, fue el gerente nacional de la empresa, de la división de café, desde la Ciudad de México.
“Yo le estorbaba a AMSA porque estaba buscando oportunidades (para los caficultores)”, dice la exalcaldesa, quien no duda que la orden de aprehensión en su contra responde a una venganza por las acciones implementadas en su administración para dar otras vías de comercialización a los productores. Ella comprobó que no estaba en el estado el día del incendio del que se le acusó.
Los cinco fueron llevados al penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de Los Reyes. “Íbamos con 20 patrullas adelante y atrás, como si fuéramos los peores delincuentes”, narró la exedil.
Luego de que el tema fue expuesto en la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales atendieron el problema y fueron liberados a tres de ellos en un mes y al resto en cuatro meses. El 4 de abril del 2024 un juez de control los absolvió al decretar un sobreseimiento por el delito de estragos, es decir desestimó las acusaciones que hizo la fiscalía contra ellos.
Irregularidades en las investigaciones tira acusación de Fiscalía
Ninguno de los campesinos detenidos se explica cómo una denuncia de AMSA, por un incendio que no se ha podido comprobar, motivó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a solicitar las órdenes de aprehensión y, posteriormente, las vinculaciones a proceso contra cinco de ellos.
Los cinco campesinos salieron de prisión debido a que un juez les varió la medida cautelar de prisión preventiva justificada y después, el juez Daniel Orlando García, adscrito al juzgado de Huatusco consideró qué existía “atipicidad” del delito de estragos, porque los datos aportados por la fiscalía de Veracruz eran contradictorios, de los que destacan puntualmente cuatro puntos.
Entre los datos de prueba que presentó la fiscalía destacan los testimonios de dos trabajadores. De Omar Xaca Xaca, con fecha del 21 de enero, es decir, tres días antes del incendio. Después fue la de Miguel Ramos Cabrera, quien narró del día 20 al 25, sin embargo, tampoco se acotó el día exacto en el que se levantó su testimonio.
El juez consideró estas pruebas como “no idóneas” al no aportar datos del día 24, cuando fue el incendio.
El otro punto aseverado en el documento es que la fiscalía y el personal de la policía ministerial no cumplieron con su obligación de preservar el lugar donde sucedió el incendio después de ser notificados, con el fin de impedir que se perdieran o alteraran las pruebas y la escena.
El trabajo de la criminalista Faride Chávez Galán se documentó dos días después del incendio, con apoyo de fotografías de cristales rotos, cenizas, muebles y papeles quemados, pero el juez enfatizó que el lugar no fue preservado.
Otra de las irregularidades halladas por el juez en los antecedentes de investigación fue el dictamen de incendio y explosivos, en el que se concluyó que el incendio fue originado por quema de papel y plástico y no con gasolina, como sostuvo la fiscalía y narraron testimonios.
Por último, se habla sobre cinco testigos de identidad resguardada que reconocieron haber estado presentes durante el delito, tras recibir el pago de una persona – acusada – de 500 pesos para manifestarse. Después los habrían incitado a hacer el incendio, a lo que se negaron.
El juez consideró que los testimonios no son aptos para considerarse como pruebas, pues la fiscalía no los investigó y tampoco se consideraron bajo algún “criterio de oportunidad”. A esto, añadió el juez, que dichos testimonios insistieron en el uso de gasolina y bombas molotov, que no coincide con el dictamen.
Francisco Faus duda que en el par de horas de receso que el juez pidió en la audiencia para analizar "haya podido leer los cientos de hojas del expediente a conciencia". Aseguró que "al igual que cuando el primer Juez dicto las ordenes de aprehensiones los denunciados se opusieron, de igual forma nosotros nos opondremos".
Viven escondidos
Así como Ambrosio hay otras seis órdenes de aprehensión pendientes por ser ejecutadas. Viven con miedo constante y confiar en la fiscalía si se deciden entregar no es opción. El sobreseimiento dictado al resto del grupo es considerado algo “parcial”, pues no exime que la fiscalía pueda detener al resto de los campesinos.
Los caficultores consideran que las irregularidades que determinó el juez deberían ser suficientes para que la autoridad desista de las acusaciones contra todos, y que incluso, cancele las seis órdenes de aprehensión pendientes.
AMSA puede interponer un amparo para apelar a seguir con la denuncia, por lo que temen que el pleito legal se alargue, mermando sus bolsillos - aún más tras descuidar su trabajo en el campo - con la contratación de abogados.
El artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que la fiscalía puede solicitar la cancelación de las órdenes de aprehensión “cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos”, es decir, reconocer su error.
José Adolfo Herrera, otro de los caficultores que hoy cuenta con una orden de aprehensión, 20 años atrás increpó y llamó mentiroso a Francisco Faus Sotelo en una reunión pública. La queja era el paso de un tubo de agua para AMSA por su terreno.
“Si te corto el tubo me vas a acabar, porque yo soy David y tú eres Goliat, como lo están viendo todos”, lo que quedó grabado en un video de medio local.
Luego de cuatro cirugías del estómago, Herrera vive las secuelas físicas de una recuperación larga que le impide su movilización normal e, incluso, el uso de silla de ruedas. No da crédito de cómo se le puede acusar de participar en una manifestación, y menos de provocar un incendio.
AMSA SA de CV
Según el Registro Único de Comercio, AMSA SA de CV fue constituida como empresa el 30 de noviembre de 1998, en la oficina registral de Jalacingo, en el municipio de Perote, Veracruz.
Eduardo Andres Esteves fue el representante de un contrato de crédito refaccionario por hasta 100 millones de dólares, lo que constó en el documento 1003D. Como garantía se quedó la hipoteca de una propiedad en Perote.
CAPÍTULO 2: AMSA y Granjas Carroll
“Es Fuerza Civil la que está tirando a matar, es Fuerza Civil”, se escucha gritar a una mujer en un video grabado en vivo por el portal La Voz del Pinahuizapan. Manifestantes intentan resguardarse en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para evadir las balas. El tiroteo fue estruendoso; policías estatales a bordo de patrullas que persiguieron a jóvenes y adultos, como si de delincuentes se tratara.
Se ve a algunas personas con piedra en mano, con la esperanza de poder defenderse en caso de que una de las armas les apunte. El plantón de protesta en la carretera Perote - Puebla aquél 20 de junio cumplía 24 horas cuando arribaron los policías, siendo al menos dos los acusados de haber asesinado a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vazquez.
Integrantes de la Cuenca Libres - Oriental tomaron la entrada de las instalaciones de Granjas Carroll de México (GMC). AMSA SA de CV también es dueña parcial de Granjas Carroll, según consta en la página oficial de la empresa porcícola. El segundo grupo es Smithfield, originario de Estados Unidos con parte de participación de empresarios chinos, información avalada con una fotografía tomada el 18 de mayo del 2016 cuando los representantes dieron un recorrido en las instalaciones.
En el recorrido de la planta estuvieron quienes entonces fungían como presidente de Shuanghui Foods, Wan Long; el presidente del consejo de ECOM, José Esteve; el presidente de ECOM, Jorge Esteve; el presidente de Smithfield Foods, Ken Sullivan; el presidente de GCM, Pedro Tabares-Juárez Hernández; y el director general de Granjas Carroll, Víctor Ochoa Calderón. Destaca la familia Esteve, creadora de ECOM y representantes de AMSA SA de CV.
Las quejas y denuncias contra Granjas Carroll datan desde hace 15 años y las escenas se repiten. En 2005, habitantes de Veracruz y Puebla se manifestaron para exigir un alto a la contaminación de aire, suelo y agua por las granjas porcícolas que escalaron a enfermedades. Incluso, el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, reconoció que el “paciente cero” del virus H1N1, conocido como gripe porcina, fue un niño en La Gloria, Perote.
Para el 2007 se tuvo el registro de una persecución de protestantes cuando bloquearon la carretera Alchichica - Perote. Se giraron órdenes de aprehensión por difamación en contra de Margarita Hernández Burgos, Luis Martínez Crisóstomo, María Verónica Hernández y Bertha Crisóstomo; estas últimas eran maestra de Telebachillerato y agente municipal, respectivamente, en la localidad de La Gloria.
Atanacio García Durán, el padre del ahora gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, era entonces diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e intervino desde el Congreso para su liberación.
Ahora en 2024, Jorge, de 32 años, se manifestó como en ocasiones anteriores lo había hecho, contra las actividades de Granjas Carroll. Cuando lo atacaron a balazos, su hermano Alberto no dudó en ir al lugar y también fue asesinado. Ambos eran campesinos.
En la conferencia “mañanera” del 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las acciones de los policías fue un acto de represión.
“No debió actuar así la policía del estado (de Veracruz), nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos (...) Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención, sobre dos policías que participaron en estos hechos y va a hacerse justicia", dijo.
A raíz de los hechos la Secretaría de Gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil, aunque pobladores de Totalco aseguran que todavía los ven, pero ahora vestidos de civiles.
Ley Antigranizo
Pedro Romero Cortina, agente municipal de Totalco, cuenta con videos de cómo son los artefactos usados por granjeros para inhibir las lluvias en la zona. El 11 de octubre del 2023 aprovechó la visita del presidente López Obrador a la fortaleza de San Carlos para exponerle el problema.
“Ayuda AMLO, ayuda para que los rancheros dejen que llueva, nos están matando de hambre”, decía una lona que fue puesta en una de las bardas perimetrales. También le hizo llegar un documento para pedirle que atendiera.
Estas prácticas eran un rumor desde años anteriores, pero él logró documentar - y desalojar- algunos artefactos. Cohetes de trueno, bombas expansores de químicos y lanza nitrógenos -conocidos como antigranizo - forman parte de la lista.
Estos son usados para evitar que llueva cuando las nubes se cargan, pues impiden que los pesticidas perduren en los sembradíos. Romero asegura que él tiene conocimiento de que se usan desde hace al menos 5 años, que él le ha dado seguimiento.
Tras la represión de la manifestación, el agente llevó la propuesta de ley para castigar a quien modifique el ciclo del agua al diputado de Morena Paul Martínez Marie, quien a su vez presentó una iniciativa en el Congreso de Veracruz y fue aprobada.
El día que asesinaron a sus sobrinos y compadres, los hermanos Cortina, asegura que fue un “día imborrable para Totalco” pues nunca se había suscitado algo similar; era un caos la gente pidiendo auxilio, pues policías se estaban llevando a personas a bordo de las patrullas en medio de los balazos sobre la carretera.
Aunque reconoció que la población tiene temor después de ese día, dijo que “la gente está enfurecida (...) tan es así que están pidiendo que las patrullas ya no entren a Totalco”. A la par, siguen las exigencias para que las autoridades atiendan los reclamos contra Granjas Carroll, pero protestar ya no es opción.
Entre Totalco e Ixhuatlán del Café hay una distancia aproximada de 150 kilómetros, que se traduce en un viaje en auto de poco más de tres horas. Ambos casos comparten la similitud de las represalías tras oponerse.
Una desaparición en silencio
Amparo Salinas Hernández desapareció el jueves 23 de mayo del 2024 en la localidad de Rincón Mariano, perteneciente al municipio de Zentla, ubicado entre la región de Las Altas Montañas y el puerto de Veracruz. Era agente municipal y activista reconocida que buscaba principalmente la defensa de los ríos.
Su hermana publicó desde Facebook que la mujer de 38 años dejó abierta su casa con las llaves pegadas a la puerta, un pescado en la estufa y su coche estacionado. Arrancaron la cámara de vigilancia de su negocio.
Luego de que en notas se mencionó que desapareció tras denuncias contra AMSA, Nestlé publicó un posicionamiento deslindándose de ser filial de la empresa mexicana.
“En las publicaciones se sugiere un posible vínculo entre ese terrible hecho y la empresa AMSA y se menciona erróneamente que es filial de Nestlé. Informamos que AMSA NO es ninguna filial de Nestlé y, por lo tanto, Nestlé no participa en la operación, control, administración y/o toma de decisiones de dicha empresa”.
Amparo Salinas el 31 de marzo mantuvo una reunión con la Secretaría de Gobierno de Veracruz, para pedir la protección de los ríos Jamapa y Chiquihuite. El portal local La Nigua logró publicar un video de las exigencias de la activista:
"Creo yo que todavía estamos a tiempo de detenerlo, pero no podemos dejarlo pasar porque este año el problema de contaminación fue más fuerte que otros años y si lo dejamos pasar pues no nos imaginamos el daño que puede causar el próximo año, tenemos que dimensionar que esta vez el daño fue muy grande y tenemos que poner un alto, y espero que ustedes como autoridades competentes puedan hacer alguna aportación en beneficio de nosotros que somos muchos municipios afectados porque el problema se genera en el río Jamapa pero este río su afluente pasa por varios municipios, hasta desembocar en el mar, pasa por el municipio de Ixhuatlán, Apatlaxco, Paso del Macho, Camarón, Zentla, Soledad de Doblado, Medellín, etcétera.
"Y pues mucha gente incluso no tiene conocimiento de eso que está sucediendo, porque es algo que ni siquiera le han dado la difusión, hay personas de otros municipios que yo les he platicado y me dicen ‘no, yo no sabía de ese tema’, y van y así se meten al río. Hay gente que aún así va y pesca, igual y están comiendo pescado contaminado. Tenemos un problema muy fuerte de contaminación y tenemos que detenerlo."
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