XALAPA, VER.- Los 10 extrabajadores del Congreso de Veracruz que ganaron un laudo laboral desde el año 2022, y no han sido reinstalados, a pesar de la instrucción de un juez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado. La información se confirmó este lunes 13 de mayo.
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Los extrabajadores se quejaron por el incumplimiento de un deber legal en el que caen los 50 diputados al desatender la decisión de un juez local que ordenó su reinstalación y el pago de sus salarios caídos al ser despedidos desde el año 2017, a pesar de tener antigüedad de hasta 15 años.
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“El 16 de agosto de ese año demandaron su reinstalación y el pago de salarios caídos y otras prestaciones ante el Tribunal de Justicia y Arbitraje que radicó el juicio 1175/2017-5 (…) el 12 de agosto del año 2022 se dictó un laudo en el que se condenó al Congreso del Estado a reinstalarlos y pagarles (sus salarios caídos)”, dijo el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel.
El 8 de septiembre del 2023, los trabajadores fueron al Congreso a solicitar su reinstalación, pero les fue negado el acceso y no se llevó a cabo la diligencia, a pesar de que acudió un actuario del Poder Judicial, “se les impidió pasar, fue una situación desagradable y grosera. Hubo maltrato hacia los trabajadores, nosotros y la persona que iba de parte del Poder Judicial”.
El 31 de octubre del 2023, dijo, los extrabajadores regresaron con una nueva orden del juez para ser reinstalados y por segunda ocasión se negaron a reubicarlos en sus puestos de trabajo, “el Poder Judicial se vio en la necesidad de apercibir al Congreso para dejar entrar a los trabajadores y su personal”, dijo Llanes Gil.
En esa ocasión, el Congreso fue notificado por el propio Poder Judicial y si bien se permitió la entrada a los trabajadores a la sede del Poder Legislativo no se les reinstaló, con el argumento que se estaban realizando trámites internos, “mandan oficios de un área a otra y a partir de eso se quiere dar cumplimiento a la sentencia”.
“Por tercera ocasión, el tribunal ordenó la reinstalación de los trabajadores el 7 de mayo pasado, y en esa fecha tampoco fueron reinstalados”, dijo el abogado que mencionó que persiste la negativa del Congreso a atender la resolución de un juez, lo que es un delito y una violación a derechos humanos.
Por lo anterior, los extrabajadores acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el desacato del Congreso en el que se violan diversos derechos, entre ellos el de acceso a la justicia, a un buen gobierno y el derecho al trabajo.
También acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, pues al no acatar la sentencia, los diputados locales incurren en el incumplimiento de un deber legal, “denunciamos a los 50 diputados del Congreso de Veracruz (…) esperamos que tanto la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía desplieguen las investigaciones de manera pronta e imparcial”.
El abogado lamentó que en Veracruz el sistema judicial este colapsando, al grado de que se emitan sentencias para reinstalar a trabajadores y que, al no ser acatadas, se tenga que recurrir a otras instancias para obligar a servidores públicos o representantes populares, que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, a cumplir una instrucción.
El 7 de mayo, cuando los trabajadores acudieron por tercera ocasión para que se atendiera la sentencia del juez de reinstalarlos, fueron atendidos por funcionarios del área jurídica del Congreso que plantearon que despues de las elecciones analizarán si atienden o no el laudo laboral.
Juan José Llanes Gil del Ángel observó que su intensión no es darle un sesgo político al tema, pues no les interesa por qué partido llegaron a la curul los 50 diputados que fueron denunciados, ni les preocupa que estén en tiempos electorales.
El abogado opinó que los diputados tendrían que estar legislando, no en campaña, y atendiendo la determinación de un juez pues, aunque no estén enterados de que existe un laudo laboral a favor de 10 extrabajadores, están “cometiendo un delito” al incumplir la sentencia.
Recordó que el 4 de noviembre pierden el fuero y en algún momento la Fiscalía tendrá que consolidar las investigaciones y actuar en consecuencia de las omisiones de los representantes del Poder Legislativo.
fm