PAPANTLA, VER.- De acuerdo con una investigación realizada por el Centro Mexicano De Derecho Ambiental (CEMDA), desde 1996 se hace fracturamiento hidráulico o "fracking" en por lo menos mil 231 pozos de Papantla, técnica que se ha repetido en cuando menos seis ocasiones en cada pozo, puesto que se tienen cifras de que esta actividad se ha realizado por lo menos 6 mil 514 veces entre 1996 y 2016.
De acuerdo con PEMEX Exploración y Producción, en el periodo de 2010 a 2020, se ha utilizado esta técnica de extracción en 784 ocasiones en 6 campos petroleros. En el año 2021 esta práctica se implementó por lo menos en el campo San Andrés y en el campo Remolino. El Centro de Información Nacional de Hidrocarburos afirmó en 2022, que existen mil 168 pozos que utilizan fracturamiento hidráulico, de un total de dos mil 55 pozos. Es decir, en el 56.8 por ciento de los pozos ubicados en Papantla, se ha utilizado el “fracking”.
Organizaciones civiles exhortaron al Tribunal Colegiado para que otorgue la suspensión al pueblo totonaco en el amparo interpuesto en contra de las actividades de fracking que se están realizando en el municipio de Papantla, el cual afecta gravemente el patrimonio biocultural y violando los derechos humanos de las personas que habitan en esta región, particularmente los derechos de información, participación, agua y medio ambiente sano.
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Desde 2017 y hasta 2022, el CEMDA realizó la investigación documental a través de solicitudes de información a instancias del gobierno, lo que reveló que más del 95 por ciento de este municipio tiene áreas donde empresas están actualmente explorando y extrayendo hidrocarburos; o bien, tienen la posibilidad de realizarlo en el futuro, pues en la zona existen 19 asignaciones de exploración y extracción, 27 campos petroleros y 2 áreas contractuales.
Todas las actividades anteriormente mencionadas se han realizado sin haber realizado la consulta a las personas y comunidades indígenas Totonacas que habitan en la región de Papantla, con miras a obtener su consentimiento, libre, previo e informado y sin que se les haya permitido participar en la toma de decisiones.
El estudio además revela que una gran proporción de las personas desconoce en gran medida qué es el “fracking” y no se les ha informado sobre el uso de esa técnica de extracción de hidrocarburos, misma que es altamente nociva para el medio ambiente y para su salud.
Derivado de esta situación se creó la Comisión de Defensa de la Tierra del Trueno, la cual está conformada por habitantes de 14 comunidades, mismos que el pasado 3 de abril de 2023 interpusieron una demanda de amparo, sin embargo, el Juez Décimo Tercero de Distrito del estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, negó la suspensión provisional y definitiva a dicho amparo.
En respuesta, las personas quejosas interpusieron un recurso, solicitando al Tribunal Colegiado aplicar el principio de precaución y otorgar la suspensión correspondiente, a fin de evitar que se sigan afectando negativamente los ecosistemas de la región y poniendo en riesgo la salud de las personas. Asimismo, solicitan la restauración o remediación del daño que ya se ha ocasionado.
Se explicó que el fracturamiento hidráulico o “fracking” es un método de extracción de gas fósil que se basa en un proceso de ingeniería geoquímica en la cual se perfora el subsuelo a grandes profundidades y se inyectan grandes volúmenes de agua combinada con productos químicos a alta presión, esto para fracturar roca y facilitar la liberación de reservas no convencionales de petróleo y gas.
Esta técnica conlleva graves impactos ambientales pues libera grandes cantidades de metano, un gas efecto invernadero que calienta la atmósfera y contamina el aire. Otros de los impactos negativos del “fracking” son la contaminación de los acuíferos debido a los fluidos que son vertidos en éstos, tanto a nivel de aguas superficiales como subterráneas. Asimismo, ocasiona contaminación del suelo, repercusiones al paisaje, movimientos sísmicos y contaminación por productos químicos y radioactivos.
Todo esto implica también graves impactos sociales sobre las personas y comunidades que viven cerca de pozos, ductos o campos petroleros, pues ocasiona severas afectaciones a la salud, la economía, la cultura y la seguridad de las personas. Entre las afectaciones a la salud, la más común está asociada al metano, pues este gas puede conducir a enfermedades respiratorias.
A través de un comunicado, el CEMDA reitera el llamado al Tribunal Colegiado para que reconozca la gravedad de esta situación, a que aplique los principios de precaución y prevención, así como lo dispuesto por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) del que el estado mexicano es parte.
mb