XALAPA, VER.- El Pleno de la LXVI Legislatura avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia por el que son aprobados los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
En sesión extraordinaria, las diputadas y los diputados conocieron el dictamen y, tras los posicionamientos de las diversas fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero electrónico para la votación, que dio como resultado:
- 36 votos a favor
- 7 en contra
- 0 abstenciones.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP EN ESTA LIGA
Te podría interesar
En el documento, la Comisión de Vigilancia expone que, en cumplimiento con las normas legales, remitió al Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) la Cuenta Pública 2022 correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, Universidad Veracruzana (UV), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado, municipios y entidades paramunicipales. El Orfis remitió los informes de fiscalización superior para concluir el proceso.
Inconsistencias y daño patrimonial
En el caso de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones. En la revisión, para el caso del Poder Ejecutivo, en 13 dependencias, 21 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos no se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo.
De las auditorías financiera y/o técnica a la obra pública, se determinó un presunto daño patrimonial en dos dependencias, en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), así como en 28 organismos públicos descentralizados, por un total de 161 millones 952 mil 891 pesos.
En el caso del Poder Judicial, se detectaron inconsistencias administrativas en los tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y del Consejo de la Judicatura, además, en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Respecto a los organismos autónomos, previstos en el Artículo 67 constitucional, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y el Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEV) reportaron únicamente inconsistencias de carácter administrativo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que fue subrogado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), resultaron con inconsistencias de carácter administrativo que dieron a lugar a recomendaciones, tras las auditorías financieras y técnicas.
La UV registró un presunto daño patrimonial por 4 millones 643 mil 744 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
El dictamen puntualiza que, derivado de las auditorías financiera y técnica a la obra pública, en 195 municipios se detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 1 mil 305 millones 891 mil 261 pesos.
En cuanto a los resultados derivados de las auditorías y revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, en un total de 207 municipios no se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores y/o ex servidores públicos, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones y en 5 municipios se advierten observaciones por un monto de 42 millones 719 mil 988 pesos, lo que pasa a ser de carácter de irregularidades en la actuación de los servidores o exservidores públicos que pudieran representar un daño patrimonial a la hacienda municipal.
Por último, se instruyó al Orfis que, una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, otorgue el derecho de audiencia a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano, a efecto de que los involucrados puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
fm