En estos tiempos de reformas laborales hay derechos que se han ganado, pero otros que han sido arrebatados por el gobierno y los patrones. El ejemplo más claro es en la controvertida reforma de las 40 horas en la que se negó a otorgar dos días de descanso semanal y reduce el pago entre la 9ª a la 12ª hora extra semanal de un 300% a un 200%.
Este debate se dio en el puerto de Veracruz el pasado 03 de julio donde fluyeron libremente las ideas sobre el acontecer laboral, en un evento organizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT), que reunió a más de 500 trabajadores de diversas ramas de la producción, refresquera, de recintos portuarios, metal mecánica, transportistas (taxistas, camiones de carga), de ayuntamientos, maestros de bachillerato, Farmacéuticos, avícola, OPD, telecomunicaciones, comercio formal, servicios, hotelera, gastronómicos, alumineros, porcícolas, de la industria tabacalera, entre otros.
Allí, quienes debatían externaban su preocupación de reformas que han traído sinergias de dar y quitar de manera permanente: “Te doy una jornada de 40 horas semanales, pero te abarato las horas extras”. “Te reduzco tu jornada laboral, pero te haré trabajar más ganando menos”.
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En la reunión se concentraban representantes de trabajadores que estaban atentos al debate de ideas encabezados por la maestra María de Jesús Rodríguez Vázquez, quien es Secretaria de la CAT y Presidenta de la Alianza Sindical Mexicana, el maestro Ricardo Espinoza López, Coordinador Jurídico Nacional de la CAT y Juan Delfín Díaz, Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del estado de Veracruz, quienes insistían en que el conocimiento de los trabajadores es fundamental para lograr su emancipación.
Destacó la presencia del director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCyRL), Alfredo Domínguez Marrufo quien destacó la importancia de los libres debates donde impere la crítica y las propuestas para mejorar los derechos de los trabajadores.
En el auditorio, los cientos de participantes coincidieron en que sería un error por parte del gobierno federal propiciar un cambio en la dirección del CFCyRL porque vive una etapa de consolidación y necesita mandos con experiencia. Lo que se requiere es que se otorgue más presupuesto, se mejoren los salarios de quienes laboran en esa institución, se cubran los espacios vacantes y se otorguen plazas permanentes y no eventuales.
En los debates estuvieron presentes María del Rosario Jiménez Moles, Elizabeth Sánchez Rodríguez, Mireya Lara Saavedra de Ecuador, Gilberto Chávez Orozco, Héctor Arturo Mercado López, Jorge Antonio Loyo Pérez, Luis Manuel Díaz Mirón, Alfonso Pardío, Israel Ramírez, Arturo Martínez y González y el autor de esta columna.
La discusión también se tornó en la necesidad de que la conciliación no debe ser tarea del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ni de los centros de conciliación estatales que están bajo el mando de los gobernadores de los estados de la República. Que la tarea de la conciliación debe ser responsabilidad del poder judicial ya que representa una penuria para los trabajadores tener que pasar por dos instancias.
Se denunció que la conciliación tiene un carácter más punitivo que benéfico para los trabajadores dado que el sistema está diseñado para dejar solo al trabajador. Se trata de manera incómoda a los abogados defensores, se les hace a un lado para propiciar indemnizaciones menores al 20% de lo que les corresponde legalmente.
Se comentó la necesidad de derogar el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo que permite a los patrones forzar a los trabajadores de manera privada sin la presencia de ninguna autoridad a recibir migajas en sus liquidaciones y se autorice sin ninguna objeción por los centros de conciliación el pago, violentando sus derechos.
Se denunció la existencia de una jurisprudencia, el de la “Cosa Juzgada” que impide a un trabajador demandar ante un juzgado laboral el pago correcto de sus liquidaciones o indemnizaciones. Señala este criterio del poder judicial que los centros de conciliación tienen facultades para autorizar convenios y las cantidades convenidas no son motivo de cuestionamiento judicial.
¿Cuántos retrocesos se hacen en nombre de la justicia laboral?