Durante años, desde distintos espacios, muchos hemos señalado lo que hoy empieza a confirmar el gobierno de Estados Unidos: que en México el problema no es sólo el crimen organizado, sino su relación estructural (fusión) con el poder político. No es un exceso retórico ni una exageración de la oposición; es una hipótesis que, con el paso del tiempo, se ha ido llenando de nombres, hechos y silencios. Lo que antes era descalificado como “golpeteo”, hoy aparece en expedientes, acusaciones formales y decisiones que ya no toma México, sino otro país.
El caso de Rubén Rocha Moya es particularmente revelador. No sólo por la acusación en su contra o por la licencia que se vio obligado a solicitar, sino por lo que representa: la confirmación de que el problema no era local, ni aislado, ni producto de “manzanas podridas”. Era y es sistémico. Y lo más grave no es que Estados Unidos lo investigue; es que México no lo hizo. Llevamos años denunciando lo mismo que hoy se empieza a combatir desde fuera. La elección que hizo a Rocha Moya gobernador se denunció dentro y fuera de México, y no sólo esa elección y lo que pasó en Sinaloa, pasó en toda la costa del Pacífico (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), en Tamaulipas y en Guerrero. Y estamos hablando de exactamente lo mismo que dice el documento que pide la extradición de los políticos sinaloenses: urnas robadas, autoridades amedrentando, dinero a manos llenas del crimen organizado, autoridades compradas, autoridades puestas por los narcos, candidatos levantados y obligados a declinar… El día de la elección de Rocha Moya, el principal candidato de la oposición Mario Zamora declaró: reconocemos la derrota pero ya dejen ir a sus casas a todos los secuestrados… y nadie se alarmó… ya es normal. Enseguida algunos comentarios:
- Para empezar la licencia de Rocha Moya no es un acto de responsabilidad política, es un acto de contención. No se parece en nada a la renuncia del fiscal de Chihuahua… no responde a una investigación interna ni a un proceso institucional mexicano, sino a una presión externa que vuelve insostenible su permanencia. Es la evidencia más clara de que aquí no pasa nada… hasta que pasa en Washington.
- Durante años se ha construido un discurso moral desde el poder mientras se toleran —cuando no se protegen— estructuras criminales. Ya lo había planteado antes: no es sólo corrupción, no es el político que se hace de la vista gorda, es la captura total del Estado. Ahora esa captura empieza a ser documentada fuera de nuestras fronteras.
- El mensaje implícito del oficialismo ha sido constante: no importa el señalamiento, importa la lealtad. Gobernadores cuestionados, alcaldes detenidos, funcionarios vinculados… y el sistema político responde cerrando filas. No hay ruptura, hay protección.
- “Si caigo yo, caemos todos”. Esa frase —que resume lo que han dejado entrever Rocha Moya y el senador sinaloense señalado— no es una amenaza aislada, es la confesión abierta de que es una gran red. Cuando el poder político se vuelve dependiente de esas lealtades, cualquier caída individual pone en riesgo al conjunto. La pregunta ya no es quién está involucrado, sino hasta dónde llega. ¿López Obrador, Sheinbaum… Palacio Nacional? Ya es un gobernador y parece que serán varios.
- El dato simbólico no es menor: la madre de la presidenta recibió un doctorado honoris causa por parte de Rocha Moya. En otro contexto sería anecdótico; en este, forma parte de una red de relaciones que hoy exige explicación. En política, los símbolos importan, y más cuando se construyen en entornos de sospecha… el doctorado se entregó en marzo de 2026 y de la mano de Rocha Moya… hace días.
- Lo verdaderamente grave no es que Estados Unidos investigue; es que México no lo haya hecho antes. Que la justicia dependa de una jurisdicción extranjera es la confesión más dura de la debilidad —o complicidad— institucional. Y todavía se llenan la boca con la palabra “soberanía”… soberanía es lo que le entregaron al crimen organizado.
- Este no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que ya hemos visto: alcaldes detenidos, gobernadores señalados, funcionarios implicados. Lo nuevo no es el fenómeno, es quién lo está enfrentando.
- El riesgo político es mayúsculo: si la narrativa oficial se construyó sobre la honestidad y la ruptura con el pasado, cada caso como este no sólo exhibe una contradicción, sino que desmorona el eje moral completo del proyecto. Supongo que por esto (y por la implicación directa), la presidenta Sheinbaum acabó en Tabasco el fin de semana pasado.
Lo que está en juego no es un gobernador ni un escándalo más. Es la credibilidad del Estado mexicano en la antesala de la negociación del tratado del que depende más de 8 pesos de cada 10 que exporta México.
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Romper el pacto no es una consigna retórica, es una necesidad política y ética. Implica asumir costos, investigar a los propios, dejar de proteger a los cercanos y reconstruir la frontera entre poder y crimen. Todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora.
Si no se rompe ese pacto, entonces la frase se convierte en destino: si cae uno, caen todos. Y cuando todos caen, lo que se desploma no es un gobierno… es el Estado.