Hace un par de días nos enteramos de la decisión del gobierno de Estados Unidos de impedir o restringir el ingreso a ciudadanos de 19 países. Esta resolución tiene como antecedente una orden similar del 2017 que parecía enfocarse más en la identidad religiosa de las personas que en su nacionalidad. Después de extensas batallas legales algunas restricciones quedaron vigentes. Vamos a ver qué caminos toma esta nueva orden.
Uno de los argumentos para esta decisión de ese gobierno es que algunos de los nacionales de esos países se quedan en Estados Unidos más tiempo del autorizado en sus visas o permisos de ingreso.
Esto significa que esos viajeros habían sido entrevistados por diplomáticos estadounidenses en funciones consulares, quienes, a pesar de aplicar su normatividad, criterios y protocolos, se vieron imposibilitados para ver el futuro y las decisiones de los solicitantes de visa. No pareciera que estos funcionarios y funcionarias debieran experimentar mayor preocupación en relación con las visas que otorgaron, cuando lo hicieron siguiendo sus protocolos.
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Sin embargo, los cónsules de otros países podrían verse afectados colateralmente por las políticas migratorias de Estados Unidos. Por ejemplo, es común que nacionales de otros países que desean viajar a México no requieran visa mexicana si presentan una visa estadounidense vigente. Sin embargo, ¿qué pasa si la visa estadounidense está vigente pero la orden ejecutiva impide el ingreso a su país a esas personas? ¿Deberán solicitar la visa mexicana? ¿Seguiremos basándonos en el criterio de la portación de visa estadounidense vigente aunque para efectos prácticos esté cancelada? La coordinación al interior de la SRE es vital para evitar que los cónsules mexicanos apliquen criterios distintos en las representaciones, o diferentes a los del Instituto Nacional de Migración cuando el viajero llega a México. Esa coordinación institucional impide que se ponga en riesgo a los extranjeros en su viaje a México, o que luego un cónsul sea cuestionado sobre su labor, sobre todo, cuando en varias ocasiones los cuestionamientos vienen de instancias ajenas a la SRE.
Otro asunto es el de las sanciones estadounidenses a quienes en ciertos países promovieron o ejecutaron acuerdos para la recepción de médicos cubanos. Si bien un tema así se aborda a los más altos niveles, eventualmente llega a las Cancillerías para su ejecución, y posteriormente, a los cónsules que expiden las visas para esos doctores. ¿Serán los cónsules considerados parte del mecanismo denunciado en Estados Unidos?
Para las y los funcionarios que hacen labores consulares, en específico en materia de documentación, no pareciera que su labor pudiera verse implicada en temas diplomáticos mayores, pero evidentemente sí llega a ocurrir. No tiene mucho que un caso desahogado como un asunto de asilo causó un incidente mayor en la Embajada de México en Ecuador.
Y por supuesto, ya se ha comentado mucho lo de la cancelación de visas a particulares y servidores públicos de nuestro país.
La red de funcionarios y funcionarias mexicanos que se dedican a temas consulares requieren información constante para el correcto desempeño y protección de su labor. Las visas son hoy un instrumento de Política Exterior.