En medio de la discusión por la caprichosa reforma judicial de López Obrador y del mentiroso Sexto Informe de gobierno, la Gaceta Oficial de la CDMX publicó un decreto firmado por Martí Batres, en el que desaparece la figura de “propiedad privada” en la capital del país.
Es decir, que el gobierno capitalino le puede arrebatar --a cualquier ciudadano--, su casa, su departamento o su terreno, con el argumento de la utilidad pública.
Lo peor del caso es que nada podrá hacer el ciudadano despojado de su “propiedad privada”, ya que los ministerios públicos, los jueces y, en general, el Poder Judicial estará dominado por los caprichos presidenciales; jueces leales al partido Morena, que le deberán el puesto, sea al presidente en turno, al gobernador en turno o al grupo criminal dominante.
Te podría interesar
Así son los cambios propuestos al Artículo Tercero de la Constitución de la CDMX.
El citado artículo establecía: “La Ciudad de México asume como principios (…) la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación”, según la reforma promovida en la gestión de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
A partir del 2 de septiembre del 2024, el citado Artículo dice: “La Ciudad de México asume como principios (…) la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación”.
En resumen, el Gobierno de la CDMX argumenta que dicho cambio implica que: “Ahora, la ley reconoce y protege tanto la propiedad pública como la privada y la social, para asegurar que todas contribuyan al bienestar social y desarrollo sostenible de nuestra ciudad”.
A su vez, el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el respeto a la propiedad privada de la siguiente manera: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Sin embargo, lo que no dice Martí Batres, es que la Constitución Federal también establece la expropiación de la “propiedad privada”, por motivos de utilidad pública.
Más aún, en la construcción del Tren Maya, del Aerpuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas, López Obrador despojó de sus tierras a cientos de ciudadanos que hoy siguen en litigio.
Pero tampoco es novedad.
En efecto, en el Itinerario Político del pasado 4 de julio del 2024, titulado: “¡Jueces electos: el fin de la propiedad privada!”, advertí el engaño que Morena preparaba.
Así lo dije: “La mayoría de la sociedad no saben que la Reforma Judicial abre la puerta al abuso faccioso de la ley; que permitirá la existencia de jueces por consigna, impuestos o comprados no sólo por quién los propongan al cargo, sino por quién compre los votos que les darán la victoria.
“Y no saben que, en el extremo, no habrá freno para impedir que el crimen organizado y el narcotráfico lleven al Poder Judicial a sus propios jueces, lo que dará paso a los perniciosos “narco-jueces”.
“Incluso, está claro que la reforma al Poder Judicial no solo busca una venganza personal contra la presidenta de la Corte, sino que se convertirá en el más poderoso instrumento en manos de Obrador y de la espuria, para llevar hasta las últimas consecuencias su venganza contra la “propiedad privada” de la clase media, los críticos, empresarios y opositores.
“Sí, en el fondo, con la reforma al Poder Judicial, el tirano de Palacio lo que busca es crear las condiciones para mantener vigentes sus mayores habilidades; el chantaje, la extorsión y la venganza.
“Es decir que, con jueces por consigna y comprados, los gobiernos de Morena podrán despojar a los ciudadanos de sus propiedades; a los opositores les puedes escatimar de sus libertades y, en general, le pueden arrebatar a los ciudadanos ese preciado concepto llamado “propiedad privada”.
“En pocas palabras, la reforma judicial no es más que la legalización de un estandarte criminal –y el establecimiento de leyes a modo–, para acabar con derechos democráticos básicos como la “propiedad privada”.
“Y es que si hoy, sin reforma al Poder Judicial, López fue capaz de llevar a prisión no sólo a Rosario Robles, sino a reputados empresarios que se atrevieron a retarlo.
“Sí así, sin reforma, AMLO ha perseguido a jueces y ministros de la Corte, a los que incluso pretende destituir y hasta llevar a juicio político. Sí así, sin reforma, hoy las bandas criminales gozan de total impunidad. Sí así, sin reforma, han sido asesinados 78 periodistas en el sexenio de Obrador y ninguno ha sido aclarado.
“Ahora imaginen, por un momento, que la reforma al Poder Judicial ya estuviera vigente y que, desde el poder presidencial deciden lanzar una más de sus demenciales purgas contra críticos y opositores.
“Es decir, que una vez impuestos a modo los jueces, magistrados y ministros –por el presidente o la presidenta–, no solo habrá muerto la democracia, sino que no existirá ninguna institución del Estado capaz de defender a los ciudadanos de los abusos del poder, de la violación a los derechos humanos, del despojo y el robo de la “propiedad privada”.
“Y sin un Poder Judicial independiente, proliferarán las invasiones de tierra, el despojo de propiedades, la venganza desde lo más alto del poder y la violación de los derechos humanos”. (FIN DE LA CITA)
Por eso volvemos a la pregunta obligada y reiterada: ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad mexicana entienda que todos los gobiernos de Morena son una pandilla criminal? Se los dije.
Al tiempo.