Hace unos días aprobamos en el Consejo General del INE el Acuerdo para que los partidos políticos nacionales modifiquen sus documentos básicos y emitan reglas que garanticen la paridad sustantiva, cumpliendo el criterio de competitividad en las elecciones en Coahuila y el Estado de México donde al menos una mujer sea nominada como candidata. El acuerdo es parte del acatamiento ordenado por la Sala Superior al emitir sentencias de los expedientes: SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022, estas adecuaciones deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre de 2022.
En este acuerdo, los partidos políticos tendrán que tomar las medidas necesarias para garantizar que antes del inicio del próximo proceso electoral local la asignación de candidaturas respondan a criterios claros de cómo se hará la selección, cómo se aplicará el criterio de competitividad, contar con difusión necesaria, reglas transparentes, tiempo suficiente para que las inconformidades sean atendidas en tiempo y forma. Así, los partidos establecerán con claridad las condiciones en que se asignarán las candidaturas y darán certeza a las personas que decidan competir por la candidatura de su partido.
A partir de los avances legislativos de 2014 y 2019 con reformas constitucionales que nos dan un marco legal para garantizar la participación paritaria de las mujeres en todos los espacios de decisión y representación, se ha requerido de una serie de acuerdos y lineamientos para materializarlos. El resultado salta a la vista, estas medidas nos han permitido avanzar e ir cerrando la brecha en puestos ejecutivos de elección. Muestra de ello es el hecho que en una sola jornada electoral, en junio 2021, seis mujeres resultaron electas gobernadoras, sumadas a las dos electas en junio 2022. Esta cifra nos dice que las medidas están dando resultado porque aumenta el número de mujeres en esas posiciones, pero también nos revela que la larga brecha para alcanzar la plena y efectiva igualdad de género en las postulaciones a los cargos de elección popular, particularmente en aquellos en los que más se ha excluido históricamente a las mujeres: en gubernaturas y presidencias municipales.
Reconocemos el avance, hoy contamos con paridad numérica en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en algunos Congresos locales tienen más legisladoras, pero es en las gubernaturas y a nivel municipal donde la brecha se ensancha, pues las mujeres no gobiernan ni el 30% de los estados y municipios del país, es también un área de oportunidad para tomar las medidas necesaria para cerrar esa brecha.
Los partidos políticos son reconocidos por nuestra Constitución como “entidades de interés público que determinan sus normas … las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas que les corresponden”. En este sentido, los partidos haciendo uso de su poder de autoorganización promueven la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país.
En nuestro sistema político los partidos son el medio para competir, acceder e integrar los órganos de representación política, y también el acceso al ejercicio del poder público. Para ello, cada partido cuenta con programas, principios e ideas que postulan. Con este acuerdo los partidos deben revisar sus reglas para garantizar la paridad en candidaturas federales y locales.
Por ello el papel de los partidos políticos es medular, pues es con el trabajo en su interior, al revisar sus principios y documentos básicos para actualizarlos, que respondan a las necesidades políticas de la ciudadanía del siglo XXI. Las brechas y desigualdades son claras y requieren de todo el compromiso y voluntad, para atender en lo estructural y en lo formal las condiciones para que el acceso a los recursos y espacio de decisión sea auténtico y materialice la paridad sustantiva.