En México, aunque en 1953 oficialmente las mujeres del país podían votar, fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando se materializó esto. Las mujeres votaron por primera vez en una elección federal un 3 de julio porque en 1955 y por eso conmemoramos esa fecha. Cierto es que alcanzamos el derecho a votar, pero nos ha llevado más de 60 años garantizar el derecho a ser votadas. En 2014 se elevó a rango constitucional la paridad en candidaturas entre mujeres y hombres a la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales; en 2019 siguió otra reforma que garantiza la paridad en los gobiernos municipales, estatales y gabinetes, así como en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
Es importante señalar que de 1955 a junio de 2021 únicamente siete mujeres habían sido electas como gobernadoras, sí, siete de cientos de gobernaturas disputadas durante esos años. En el proceso electoral de junio del 2021 se materializaron esas reformas y como resultado en una sola jornada seis mujeres fueron electas como gobernadoras, un año después sumamos dos gobernadoras más, en Aguascalientes y Quintana Roo. Si bien vamos avanzando, tenemos nueve gobernadoras para este 2022, reconocemos que existe brecha para alcanzar paridad en los gobiernos estatales.
Para alcanzar representación legislativa paritaria, hemos dado grandes pasos en para alcanzarla, en los casi treinta años que nos llevó transitar de las acciones afirmativas a la paridad en todo. En las elecciones pasadas alcanzamos la paridad numérica en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado de la República y los congresos locales, con ello nuestro país se coloca en el cuarto puesto en paridad legislativa a nivel internacional, pero, no hay ninguna mujer coordinando alguna fracción parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados ni en la de Senadoras y Senadores.
A nivel de presidencias municipales las mujeres no alcanzan ni siquiera el 30% de las presidencias, estamos lejos de alcanzar la paridad. De los 2,471 municipios en nuestro país tenemos 545 mujeres ejerciendo el máximo cargo municipal. Es clara la brecha para alcanzar la paridad a este nivel de gobierno. Resulta necesario continuar el esfuerzo para garantizar la participación en condiciones de igualdad, ahí donde muchas mujeres comienzan sus procesos de participación política y de militancia, se debe de alcanzar la paridad numérica y sustantiva a nivel de las presidencias municipales. Hacer posible que tengamos la mitad de los municipios gobernados por mujeres, cabildos integrados de manera paritaria. La participación de las mujeres es indispensable a la hora de definir, no solo la agenda municipal sino también incidir en todas políticas públicas y programas de gobierno de sus municipios.
Si bien esto es para celebrar, no hay que perder de vista que estos resultados no fueron por el mandato en sí mismo de nuestra valiosa Carta Magna. El Instituto Nacional Electoral (INE), desde el ámbito de sus responsabilidades y en congruencia con sus atribuciones, ha dispuesto una serie de acciones para atajar viejos obstáculos que buscan simular, evadir o violentar el derecho constitucional a ejercer la paridad.
No podemos dejar de reconocer que uno de estos obstáculos ha sido la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). Noción que resume una terrible realidad que ha plagado la trayectoria de mujeres militantes, candidatas, representantes o titulares en instancias de los poderes en todos los ámbitos y órdenes, e inclusive la de sus vidas y familias. Una realidad de prevalencia es histórica y profundamente arraigada en la cultura política, dado su carácter multidimensional y estructural.
La experiencia nos dice que no podemos bajar la guardia, el marco legal no es suficiente para alcanzar una democracia paritaria, sustantiva e incluyente, para lograrlo debemos estar pendiente para que nuestros derechos sean respetados.