La inversión pública en educación es central para ofrecer educación de calidad para las y los más de 29 millones de estudiantes. Sin embargo, en México, la educación no ha sido una prioridad presupuestaria y su asignación es desigual entre los estudiantes por grupo etario.
En 2020, el gasto en educación ascendió a un billón 51 mil millones de pesos; 75.7 % fue gasto público y 24.3 % gasto privado. Por un lado, la distribución del gasto público no responde a criterios de equidad. El gasto público para educación básica beneficia en mayor proporción a los hogares con menores ingresos, y el gasto para educación superior y posgrado beneficia a los hogares con mayores percepciones económicas. El acceso a estos niveles educativos está vinculado con incrementos en la productividad y en los salarios de los trabajadores. Por lo que debe ampliarse el acceso de la población de menores ingresos a la educación media superior y superior.
Por otro lado, el gasto privado puede destinarse a clases particulares que complementan el financiamiento público o a compensar la falta de acceso y la menor calidad de las escuelas públicas. En 2020, el gasto privado de los hogares representó 1.1% del PIB; sin embargo, este gasto depende de la condición socioeconómica, ya que 53.1% de este gasto se concentra en los tres grupos de mayor ingreso, en específico, 25.9% del gasto correspondió a hogares de mayores ingresos.
Los hogares de mayores percepciones económicas destinan recursos para educación a lo largo de toda su vida y no solo durante la edad típica para estudiar. También este sector de la población tiene posibilidades de invertir en el desarrollo de la primera infancia; pues en 2020 destinaron $18,158 pesos por menor, esto es 100 veces más de lo que se gastó en los hogares de menores ingresos.
En paralelo, no se destinan recursos públicos suficientes para el desarrollo de la primera infancia: el monto para educación inicial representó 0.08 % del gasto público total en educación. Estas diferencias en el gasto para el desarrollo de la primera infancia amplifican las brechas de desarrollo cognitivo y de lenguaje entre niñas y niños en hogares más y menos vulnerables, que repercuten durante todo el ciclo de vida.
El gasto público no ha funcionado como un instrumento eficaz para que la primera infancia tenga acceso a educación, lo que limita los retornos de la inversión en etapas posteriores, y que la educación garantice igualdad de oportunidades para los hogares más pobres.
Para 2023, el gasto público para educación representaría 3.24 puntos del PIB, lo cual se encuentra por debajo de los niveles de prepandemia, de 3.84 puntos del PIB, y al menos, 0.76 puntos del PIB por debajo de la recomendación del BID de entre 4.0 y 6.0 % del PIB. No obstante, al igual que en 2020, el gasto no responde a criterios de equidad, por lo que la educación pública se ve limitada para igualar oportunidades para los hogares con condiciones socioeconómicas más bajas.
*Alejandra Llanos Guerrero | Coordinadora de educación y finanzas públicas. Licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato. Realizó sus prácticas profesionales en el Banco Interamericano de Desarrollo, sede Washington DC, donde mejoró sus habilidades de investigación económica y manejo de bases de datos. A lo largo de la licenciatura fue asistente de investigación, impartió los laboratorios de Econometría y fue finalista del Reto Banxico 2018. Entre sus principales intereses se encuentran los temas de desigualdad desde una perspectiva de derechos. Actualmente colabora en el CIEP como coordinadora del área de educación y finanzas públicas. Trabaja para que todas las niñas y niños de México tengan acceso a una educación de calidad.