Una fecha memorable por la importancia que tiene para las mujeres por alcanzar una visibilidad plena e igualdad de derechos que las coloquen en equidad e igualdad sustantiva con el género masculino es el 25 de noviembre, en que se celebra mundialmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; fecha determinada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 a fin de honrar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del entonces dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo.
La Organización de Naciones Unidas ha establecido que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino que impide a las mujeres el goce de sus derechos y libertades, limitando con ello la conformación de sociedades inclusivas y sostenibles de acuerdo con los parámetros establecidos por la propia ONU.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia destaca en su artículo 5to, fracción IV que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.
Esta normativa tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, entidades federativas y municipios para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar este tipo de violencia que se ha impregnado como cáncer en la sociedad.
Para poder entender esta grave problemática, vale la pena revisar algunos resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 del INEGI, en la que se resalta, de entrada, que en nuestra nación el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida, es decir, alrededor de 50.5 millones de mujeres. La violencia psicológica es la que registra mayor prevalencia (51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).
De 2016 a 2021, el INEGI expone que la violencia se ha incrementado en 3 de los cuatro rubros descritos; la psicológica del 49% al 51.5%; la física del 34% al 34.7%; la sexual del 41.3% al 49.7%; solamente la violencia económica, patrimonial y/o la discriminación disminuyó ligeramente al pasar en 2016 del 29% al 27.4% en 2021.
En el periodo que va de octubre de 2020 a octubre de 2021, las entidades federativas que registraron mayor violencia contra las mujeres fueron Querétaro (49.8%), Colima (48.2%) y Aguascalientes (48%), en tanto que las entidades que presentaron las prevalencias más bajas encontramos a Baja California (37.2%), Tamaulipas (34.2%) y Chiapas (26.9%), respectivamente.
En el mismo periodo, pero ahora bajo la perspectiva social, destaca que la violencia contra las mujeres presentó mayores incidencias en el ámbito comunitario (22.4%), seguido del ámbito laboral (20.8%), en la relación de pareja (20.7%), escolar (20.2%) y en el ámbito familiar (11.4%).
Ahora bien, la violencia contra las mujeres puede ser perpetrada incluso por agentes del Estado, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representaciones, medios de comunicación y, en general, cualquier persona o grupo de personas lo que ha llevado a nuestra sociedad a contar con una desigualdad manifiesta que impide a las mujeres desarrollarse plenamente.
Consecuentemente, para poder erradicar este tipo de violencia, se hace necesario partir desde una perspectiva transversal y de género en favor de niñas y mujeres con el fin de identificar, visibilizar y denunciar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y con ello generar acciones y condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad material.
Se hace necesario, asimismo, institucionalizar la perspectiva de género para desarrollar, leyes, normas, así como políticas públicas que generen una sociedad más justa, equilibrada y funcional con plenitud de derechos visibles y palpables entre hombres y mujeres, e inclusive Defensorías Públicas en las instituciones del Estado Mexicano que defiendan y velen por la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.