JUSTICIA EN MÉXICO

“El agente me dijo que puede investigar más rápido si le doy 10,000 pesos para gasolina”: corrupción y barreras de la Justicia mexicana

Para muchas familias en México, el gasto promedio estimado en sobornos, unos 8,845 pesos en 2023, representa una cantidad considerable de dinero, considerando que el ingreso medio mensual de los hogares era de 22,437 pesos en 20223

Créditos: Cuartoscuro / Ilustrativa
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Un informe reciente de Human Rights Watch, titulado "Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios", pone de manifiesto cómo la corrupción y la ineficacia de los mecanismos de supervisión socavan gravemente el sistema judicial del país. La investigación detalla cómo esta problemática afecta a las víctimas y a los acusados, creando una barrera significativa para el acceso a la justicia.

El capítulo VII del informe subraya que la corrupción impregna el sistema de justicia mexicano. Funcionarios, como agentes de la policía de investigación y fiscales, solicitan o aceptan sobornos tanto de las víctimas como de los acusados. Las solicitudes a víctimas y familiares a menudo se justifican por la supuesta falta de recursos para investigar adecuadamente. “El agente me dijo que puede investigar más rápido si le doy 10,000 pesos (US$ 487) para gasolina”, es una frase que encapsula esta práctica, según asesores jurídicos de las comisiones estatales de víctimas.

Para muchas familias en México, el gasto promedio estimado en sobornos, unos 8,845 pesos en 2023, representa una cantidad considerable de dinero, considerando que el ingreso medio mensual de los hogares era de 22,437 pesos en 20223. Esta barrera económica puede disuadir a las familias de participar en la investigación, asumiendo que no habrá progreso si no pagan. Las víctimas a menudo expresan que los fiscales ya les pidieron dinero y, al no tenerlo, sienten que "no van a hacer nada".

La corrupción también opera en el lado de los acusados. La policía y los fiscales solicitan o aceptan sobornos a cambio de dejar en libertad a personas, no ejecutar órdenes de detención, retrasar investigaciones, "perder" o alterar pruebas, o reducir cargos.

Una encuesta del INEGI en prisiones reveló que alrededor del 16% de los detenidos reportaron haber sido pedidos sobornos por los funcionarios que los arrestaron, y un 14% una vez que fueron presentados ante la fiscalía. Asesores jurídicos han encontrado casos donde las familias de las víctimas creían que el caso no avanzaba porque el acusado había pagado un soborno a los fiscales.

El informe también destaca la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas. A pesar de la existencia de órganos internos de control, visitadurías y fiscalías anticorrupción en todos los estados, estos mecanismos rara vez logran investigar y sancionar la corrupción.

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Las fiscalías anticorrupción estatales, a pesar de haber sido establecidas en todos los estados (Baja California Sur fue la última en nombrar un fiscal en marzo de 2023), han tenido un impacto limitado. En 2022, solo el 4% de las investigaciones abiertas por fiscalías anticorrupción contra funcionarios públicos resultaron en acusaciones penales, y menos del 0.2% en sentencias condenatorias.

La falta de independencia es una de las principales razones de esta ineficacia. En la mayoría de los estados, los órganos de control interno y las fiscalías anticorrupción carecen de autonomía respecto al resto de la fiscalía estatal. Además, estos mecanismos suelen tener personal y recursos limitados y una presencia geográfica restringida. Como resultado, muchas víctimas de corrupción o abusos rara vez presentan denuncias formales, o consideran que hacerlo sería inútil o incluso perjudicial por miedo a represalias.

Human Rights Watch

Claves de la Injusticia en el Sistema Penal Mexicano

  • Altos niveles de violencia e impunidad: México enfrenta una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con más de 94,000 personas desaparecidas desde 2007. Sin embargo, solo el 17% de las investigaciones de homicidio doloso entre 2010 y 2022 lograron identificar formalmente a un sospechoso.
  • Peligro para víctimas y testigos: Buscar justicia puede ser peligroso. Familias de víctimas, como Pascuala, enfrentan amenazas y ataques por insistir en las investigaciones, y las medidas de protección ofrecidas por las autoridades a menudo son limitadas o ineficaces.
  • Deficiencias estructurales: La falta crónica de personal, recursos y formación adecuada para policías de investigación, fiscales y peritos limita su capacidad para investigar eficazmente los homicidios. La coordinación entre estas entidades es a menudo inefectiva.
  • Errores en la investigación inicial: Fallas en asegurar y procesar escenas del crimen pueden llevar a la pérdida o contaminación de pruebas. La capacidad forense limitada y los retrasos en el procesamiento de pruebas y la identificación de víctimas complican las investigaciones.
  • Retrasos en el seguimiento: La elevada carga de casos y la burocracia excesiva resultan en graves retrasos para realizar pasos básicos de investigación, como tomar declaraciones o recoger grabaciones de seguridad, que a menudo se pierden con el tiempo.
  • Procesos judiciales deficientes y abusivos: Los casos judicializados a menudo se basan en investigaciones débiles o incompletas. Existe una dependencia excesiva en las declaraciones de testigos, y se reporta que a veces se incita a los testigos a dar testimonios falsos o inexactos. El uso de tortura para obtener confesiones o incriminaciones sigue siendo una preocupación significativa.
  • Prisión preventiva abusiva: La figura de la prisión preventiva oficiosa incentiva a los fiscales a buscar la detención rápida de sospechosos con pruebas limitadas, en lugar de invertir en investigaciones sólidas, lo que puede resultar en detenciones prolongadas sin condena.
  • Bajo involucramiento de las víctimas: Aunque legalmente tienen derechos, las víctimas y sus familias enfrentan dificultades para acceder a información y participar activamente en las investigaciones, a menudo dependiendo de asesores jurídicos para presionar a los fiscales.
  • En conjunto, estas falencias sistémicas en el sistema de justicia penal, exacerbadas por la corrupción y la falta de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, contribuyen a una alta tasa de impunidad y perpetúan la "doble injusticia": la del delito mismo y la de un sistema que falla en garantizar justicia para las víctimas y el debido proceso para los acusados

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