Un juez otorgó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fede) de la FGR un plazo máximo de tres días para que resuelva, en definitiva, si ejerce o no acción penal en contra o a favor de Pío López Obrador, por el caso de los videos en donde se le observa supuestamente recibiendo dinero de David León para apoyar campañas de Morena, según se desprende de la resolución a la que tuvo acceso La Silla Rota.
El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo, a través de su abogado, Pablo Hernández-Romo Valencia, un amparo para que en un periodo de 60 días hábiles, la Fede determine si judicializa o no la carpeta de investigación por probables delitos electorales.
Julio Veredin Sena, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, concedió, sin embargo, una nueva prórroga a Héctor Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público encargado de la indagatoria, para que señale si hay o no delito que perseguir en el caso de Pío López Obrador, lo que debe ocurrir a más tardar el martes.
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Pese a que la Fede de la FGR propuso en julio pasado el no ejercicio de la acción penal a favor de Pío, de último momento dio marcha atrás al considerar que surgieron “nuevos” datos de prueba que iban a ser analizados en la carpeta FED/FEPADE/FEPADE CDMX/0000380/2020.
El ministerio público se refirió a las declaraciones del hermano del presidente de México a Expansión, en el sentido de que en los videos en los que aparece con David León, lo que recibió de éste fueron aportaciones al movimiento.
La Fede informó al juez de la realización de diligencias y actos de investigación necesarios “para el perfeccionamiento y debida integración de la indagatoria”.
Veredin Sena accedió a una nueva prórroga de tres días para que se resuelva la carpeta y se dé cumplimiento a lo ordenado en el amparo otorgado a Pio López Obrador, quien afirmó que han sido violentados sus derechos y se le ha dejado en indefensión jurídica por la falta de avances de la fiscalía en la investigación.
El togado indicó que la fiscalía está en posibilidades de determinar lo que procede jurídicamente con esta indagatoria, pues ya tuvo más de dos años para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Al conceder tres días más a la Fiscalía, apercibió al ministerio público con multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en caso de incumplimiento.
Además de la remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
RESOLUCIÓN DEL JUEZ
Ahora bien, a efecto de verificar el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Licenciado Héctor Sánchez Zaldivar, agente del Ministerio Público de la Federación, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional el cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo.
Lo anterior, al advertirse del presente expediente que el Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales, emitió acuerdo de 21 de julio de 2022 a través del cual remitió la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE CDMX/0000380/2020 al Director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, en virtud de que se determinó que no resultaba procedente el no ejercicio de la acción penal, por lo que se devolvió a efecto de que realizara las diligencias de investigación necesarias y suficientes tendientes a recabar mayores datos de prueba.
En ese sentido y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el 2 de agosto de 2022 el licenciado Héctor Sánchez Zaldivar, agente del Ministerio Público de la Federación, emitió el acuerdo ministerial respectivo, a través del cual expuso los actos de investigación necesarios para el perfeccionamiento y debida integración de la indagatoria.
Por lo que, a partir de la emisión de dicho auto se actualizó la condición de temporalidad de sesenta días naturales, a efecto de que la autoridad ministerial responsable dentro de dicho plazo, resolviera con libertad de jurisdicción lo que legalmente proceda en la indagatoria; ello como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo.
Requerimiento que resulta necesario a efecto de que este órgano jurisdiccional pueda pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio.