El contingente “Verdad y Justicia Estado de México” encabezado por madres y familiares de víctimas de feminicidio, sobrevivientes de violencia machista y colectivas feministas, han exigido avances en sus casos durante más de un año, pues la atención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha sido deficiente. 

El 25 de agosto se manifestaron en las instalaciones de la FGJEM, ubicadas en Toluca, con la exigencia de tener una reunión con el Fiscal General José Luis Cervantes, el cual no presentó “porque estaba ocupado y no constestó las llamadas”, de acuerdo con las autoridades. 

Las familias fueron atendidas en una reunión, de más de cuatro horas, donde expusieron sus casos ante Policarpo Montes de Oca, Director de Enlace Interinstitucional de la FGJEM; Adriana Hinojosa, agente especializada y Martín Suárez, Secretario General de Gobierno, así como integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) y de la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, los resultados no fueron lo esperado. 

La indolencia de la Fiscalía 

Según Amnistía Internacional, las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos, como el caso del contingente Verdad y Justicia Estado de México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades”, precisó Edith Olivares Ferreto de Amnistía Internacional.

Además, las autoridades de la FGJEM amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores, quienes también carecen de una formación especializada para la atención con perspectiva de género y derechos humanos. 

“Las y los funcionarios públicos de las fiscalías, le dan poca importancia a la verdad y cada caso lo ven como si fuera un trámite más”, señala Amnistía Internacional.

Por ello, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres. Esto se ha visto en cada uno de los casos que integran el contingente Verdad y Justicia Estado de México, lo que se ha visibilizado por los testimonios de las familias. 

Por otro lado, Dilcya García, Policarpo Montes de Oca, y otros funcionarios presentes en la reunión del pasado 25 de agosto, señalaron que “aplicarán todos los mecanismos” para “apoyar” a las familias. 

De víctimas a sobrevivientes 

Sandra es sobreviviente de la violencia del potencial feminicida Germán Youshimatz, su ex pareja. Su caso aún sigue en proceso de audiencias, en espera de una sentencia; pero el agresor la denunció por supuesta extorsión, abuso de confianza y despojo. Esto provocó que abrieran tres carpetas de investigación en su contra, sin embargo, gracias a la presión del contigente hacia las autoridades, logró que no se ejecutara la acción penal de dichas carpetas, de acuerdo con Sandra.

"Todas habitantes del Estado de México y víctimas, no solo de esos hombres machistas patriarcales, sino víctimas también del Estado mexiquense que, con acciones claras, ha declarado la guerra contra nosotras", denuncian integrantes del contingente Verdad y Justicia.

Abigail, en enero de 2021, tenía 18 años cuando fue abusada sexualmente por dos empleados de una gasolinera ubicada en Ecatepec. La amenazaron, la obligaron a tener relaciones sexuales, pero ella logró pedir auxilio a la policía municipal, quienes detuvieron a los violadores. 

Desde entonces comenzó un proceso revictimizante, pues en el centro de justicia donde denunció, no había médico legista para valorar la agresión en el cuerpo de Abi; “la llevaron a distintos ministerios públicos, y fue hasta muy en la madrugada que encontramos a un médico que la atendiera”, dijo Juana, su madre. Aunque los agresores obtuvieron 47 años de prisión, Abigail exige que se le garantice la reparación del daño y la garantía de no repetición. 

Justicia para Verónica Monroy 

Minely y Josué, son dos hermanos que perdieron a su madre; Verónica Monroy fue víctima de feminicidio el 7 de febrero del 2021 en su domicilio, ubicado en el municipio de Tecámac. Desde entonces, las autoridades manejaron la línea de investigación como un suicidio, lo que ocasionó que el asesinato no se investigara con perspectiva de género. 

Tras las movilizaciones que han hecho fuera de las instalaciones de los juzgados correspondientes, lograron que la autoridad competente reclasifique como feminicidio. Pero en la útlima reunión con Dilcya García, se les informó que aún no está descartada la línea de investigación sobre el suicidio, ya que desde el incio de los peritajes no se aplicaron los protocolos obligatorios cuando se trata de la muerte violenta de mujeres. Por ello, tampoco hay avances en la búsqueda de un sospechoso, ni pruebas contundentes que sustenten la versión de un suicidio, afirma la familia de Verónica Monroy

"A mí como hija, aunque la fiscalía me diga que fue un suicidio, no me van a convencer. Yo sé que mi mamá no se suicidó, a mi mamá la mataron", compartió Minely. 

Justicia para Salma Correa 

Salma Correa fue asesinada el 1 de abril de 2019 en Valle de Chalco a consecuencia de las heridas que le provocó Ricardo "N" al atropellarla de manera intencional en dos ocasiones. Lo detuvieron el 19 de abril de 2021 en el estado de Hidalgo, sin avisarle de la primera audiencia a Gloria Reyes, madre de Salma. 

A pesar de ser vinculado a proceso el día 21 de abril de 2021, las autoridades se negaron a recibir la carpeta de investigación, pues argumentaban que estaba mal elaborada. Las audiencias han sido aplazadas por motivos diversos que favorecen a los intereses del asesino y concluyeron que el caso no podía ser juzgado con perspectiva de género, según explican las familiares de Salma. 

“Dylcia se comprometió a enviar peritas para evaluar si se juzgará con perspectiva de género, pero no han hecho nada y ya pasaron tres meses”, señaló la hermana de Salma. 

Además, reclamaron que el trato recibido por la CEAVEM es revictimizante, y al “no existir razones de género” en el asesinato de Salma Correa, les retiraron el apoyo, dejando de lado a la hija de Salma, quien quedó a cargo de Gloria, madre de la víctima. 

 Justicia para Fernanda Sabalza

Fernanda tenía 19 años fue asesinada el 20 de junio del 2020, en Tlalnepantla de Baz, el principal sospechoso es su expareja, quien se encuentra encarcelado por el delito de secuestro, pero no ha sido relacionado con el feminicidio de Fernanda Sabalza. 

La línea de investigación no es clara, por lo que, no hay orden de aprehensión a pesar de pruebas que ha recaudado Mauricio Sabalza, padre de la víctima, por sus propios medios. En noviembre 2021, lograron desbloquear el móvil de Fernanda Sabalza y todo gracias a que su padre pidió apoyo a un perito profesional externo a la FGJEM.

A la fecha, Mauricio Sabalza denunció la pérdida de pruebas fundamentales para el caso de su hija. Con las últimas reuniones que tuvo con Dilcya García, menciona que “aparecieron mágicamente” grabaciones que estaban perdidas; en ocasiones anteriores, la funcionaria le dijo que no lo podían atender porque “tenemos muchos casos, no sólo el suyo”, compartió Sabalza. 

Justicia para Martha Téllez

“Martita” es como la nombra su madre al contar la historia de su feminicidio. Martita Téllez fue asesinada en febrero de 2016 en Chicoloapan;  a sus 17 años dos sujetos la secuestraron, abusaron sexualmente de ella y después la asfixiaron con sus agujetas hasta dejarla sin vida. 

Así como en el caso de Fernanda Sabalza, la madre de Martha, Verónica Téllez, ha tenido que emprender su propia investigación, pero las autoridades de la Fiscalía General no le han recibido los resultados. 

Verónica es víctima de violencia institucional pues en diversas ocasiones han sido amenazadas por el gobierno de Nancy Gómez, además le han retirado apoyos por parte de la FGJEM, pues no le han dado medidas de protección ante las amenazas y tampoco hay avances en la investigación del caso.

Justicia para Edna 

Edna Reyes, mejor conocida como Edna Revólver, fue asesinada en su domicilio por su ex pareja, en Tlalnepantla, Estado de México. La versión de la FGJEM  es que Edna cometió suicidio, pero no aceptan la evidencia que prueba que fue feminicidio. Sus padres, Alberto y Corina, también tuvieron que emprender su propia investigación, la cual contiene la evidencia sufiente para investigar al feminicida. 

La familia de Edna exige que se reclasifique como feminicidio, pues con total negligencia y falta de perspectiva de género, cuando se comenzó con la investigación del caso, la Policía de Investigación (PDI) no activó los protocolos pertinentes que deben aplicarse en cualquier muerte violenta de una mujer, de acuerdo con el Manual y Protocolo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio.

Reparación del daño y garantía de no repetición

Algunos de los casos de feminicidio que integran esta red de acompañamiento son los de Diana Florencio y Renata Martinely; en diversas circunstancias y contextos, sus casos han tenido “avances” respecto a las sentencias de los feminicidas. 

Renata Martinely, una niña de 13 años fue asesinada en 2020 en Ixtapaluca, el feminicida habría sido vinculado a proceso el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, el 16 de enero de 2022 el feminicida de Renata fue asesinado dentro del penal donde se encontraba. 

Karen Reyes, madre de Renata cuenta que no sabe cómo sentirse al respecto, pero ella grita el nombre de su hija junto a las otras madres y familias. En las reuniones dadas desde el 25 y 30 de marzo, dentro de sus principales exigencias es que se le otorgue la reparación integral del daño para poder terminar con el proceso judicial. 

“Esta falta de capacitación de las autoridades llega a ser un factor determinante para que la justicia nunca se haga presente para las víctimas de feminicidio en el Estado de México”, señalan. 

Uno de los feminicidas de Diana Florencio, asesinada en 2017 en Chimalhuacán, recibió una sentencia de 93 años. Tras casi 4 años de lucha, Lidia Florencio (madre de Diana) y su familia “le han arrancado un cachito de justicia” al Estado. Durante todo el proceso de investigaciones y presentación de pruebas, la familia resalta la falta de capacitación con perspectiva de género y la insensibilidad en casos de violencia feminicida por parte de las autoridades.