En México, cuando hablamos de personas con discapacidad, la imagen que se nos viene a la cabeza suele ser la de alguien en silla de ruedas, o con un bastón blanco, o usando lenguaje de señas. Pero hay millones de mexicanos con discapacidades que no se ven: las discapacidades psicosociales y emocionales, siendo las más ignoradas, discriminadas y violentadas en sus derechos. Porque en este país, si tu discapacidad no es visible, para el sistema simplemente no existe.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU define la discapacidad psicosocial como aquella derivada de una condición de salud mental que, en interacción con barreras sociales, limita la participación plena y efectiva en la sociedad. Hablamos de personas con depresión crónica, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, ansiedad severa, trastorno por estrés postraumático, entre muchas otras condiciones. No están fingiendo, son personas con discapacidades reales que merecen los mismos derechos y la misma protección que cualquier otra persona con discapacidad.
Pero en la práctica, se les trata mal. Empecemos por lo más básico: el acceso al trabajo. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe expresamente discriminar por condiciones de salud mental. Suena bonito en el papel. Pero en la realidad, si en una entrevista de trabajo mencionas que vives con depresión o trastorno bipolar, las probabilidades de que te contraten se desploman. Y lo peor es que no te van a decir "no te contratamos por tu condición mental". Te van a decir "encontramos un candidato más adecuado" o "ya cubrimos la vacante". La discriminación disfrazada de decisión empresarial.
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Y si logras conseguir el empleo, el siguiente obstáculo son los ajustes razonables. La legislación mexicana obliga a los empleadores a realizar ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan desempeñar su trabajo. Para alguien con discapacidad física, eso puede significar una rampa o un escritorio adaptado. Para alguien con discapacidad psicosocial, puede significar horarios flexibles para asistir a terapia, días de salud mental cuando hay crisis, o un espacio de trabajo menos estimulante sensorialmente. Pero la mayoría de los empleadores ni siquiera saben que están obligados a hacer estos ajustes. Y cuando lo saben, lo ven como una molestia, no como una obligación legal.
El acceso a la justicia para estas personas es una pesadilla aparte. Imaginemos a una mujer con trastorno de ansiedad severa que necesita denunciar violencia doméstica. Llega al Ministerio Público, y el simple hecho de estar en ese ambiente hostil, con gente gritando, con el agresor posiblemente cerca, le provoca un ataque de pánico. ¿Hay algún protocolo especial para atenderla? ¿Hay espacios tranquilos donde pueda declarar sin sobreestimulación sensorial? ¿Hay personal capacitado para reconocer que su ansiedad es una discapacidad que requiere ajustes? En la mayoría de los casos, no. Y si la mujer no logra articular su denuncia "adecuadamente" porque está en plena crisis, el sistema simplemente asume que "no quiere denunciar" o que "está exagerando".
Los prejuicios
Peor aún es lo que pasa en los juzgados. Tenemos jueces que siguen usando términos como "enajenado mental" o "demente" en sus resoluciones, como si estuviéramos en el siglo XIX. Tenemos jueces que consideran que una persona con esquizofrenia no puede tener la custodia de sus hijos, no porque haya evidencia de que representa un peligro, sino simplemente por el diagnóstico. Esto es discriminación pura y dura. La Convención de la ONU es clarísima: el diagnóstico de salud mental por sí solo no puede ser motivo para negar derechos. Pero en México, los jueces siguen aplicando prejuicios disfrazados de sentencias.
En el ámbito de la salud, la violación de derechos es sistemática. Las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a consentimiento informado para cualquier tratamiento. Nadie puede medicarte a la fuerza, internarte sin tu autorización, o someterte a terapias electroconvulsivas sin que tú lo aceptes. Pero en la práctica, cuando una persona está en crisis, el sistema médico asume que "no está en condiciones de decidir" y actúa sin su consentimiento.
Los hospitales psiquiátricos son otro capítulo de terror. Aunque México se comprometió internacionalmente a eliminar los manicomios y transitar hacia un modelo de salud mental comunitaria, seguimos teniendo instituciones donde las personas con discapacidad psicosocial viven en condiciones inhumanas. Sobremedicadas, aisladas, sin acceso a tratamientos dignos, sin libertad de movimiento, sin contacto con el exterior. Y lo peor: muchas están ahí en contra de su voluntad, sin orden judicial, sin revisión periódica de su situación. Encerradas y olvidadas porque la sociedad decidió que era más fácil esconderlas que incluirlas.
El estigma social es la barrera más grande. Vivimos en una sociedad que todavía cree que la depresión es "estar triste", que la ansiedad es "ser miedoso", que el trastorno bipolar es "ser dramático". Una sociedad que le dice a alguien con esquizofrenia "échale ganas" como si la fuerza de voluntad curara una condición neurobiológica. Una sociedad que esconde a sus familiares con discapacidad psicosocial porque "qué va a decir la gente". Y mientras exista ese estigma, las personas con estas condiciones seguirán invisibilizadas, discriminadas, violentadas. Pero el problema no es falta de leyes. El problema es que nadie las cumple. Porque es más fácil seguir discriminando que transformar un sistema que lleva siglos operando con prejuicios.
La discapacidad no está en la persona. La discapacidad está en las barreras que como sociedad construimos para excluir. Y mientras sigamos creyendo que la salud mental es "cosa de locos", mientras sigamos estigmatizando, discriminando, invisibilizando, seguiremos siendo un país que viola los derechos humanos de millones de personas todos los días. No por falta de leyes. Por falta de humanidad.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.