Pachuca.— El juez Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva al expresidente municipal de Pachuca, quien buscaba un cambio de medida cautelar, pues le fue decretada la prisión preventiva justificada desde el pasado 4 de febrero de 2024.
De acuerdo con los datos que obran en el expediente 158/2024 tramitado en el Segundo Juzgado de Distrito, el exalcalde de Pachuca señalado de presunto peculado, interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución dictada en la causa penal 157/2024, del índice del Juzgado de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El juez federal resolvió por un lado negar la suspensión solicitada y el cambio de medida cautelar, toda vez que, son actos que ya fueron, por lo que le reviste el carácter de consumado y contra el mismo es improcedente la suspensión, pues concederla implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados, efecto que es propio de la sentencia definitiva del asunto ventilado.
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Asimismo, el juez concedió la suspensión definitiva para el efecto de que el exalcalde de Pachuca quede a disposición del Juzgado de Distrito en lo que concierne a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluido, quedando también a disposición de la autoridad de instancia por lo que hace a la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra.
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La aprehensión y los contratos
Cabe recordar que el 3 de febrero de 2024, se ejecutó orden de aprehensión en contra del exalcalde de Pachuca, quien hiciera su reaparición pública en el registro de Francisco Olvera como aspirante a la Cámara de Diputados.
El 4 de febrero de 2024 se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por presuntamente, haber firmado sin la debida autorización del cabildo, 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 476 mil pesos. Se presume que realizó contratos con 12 empresas, una de ellas paraestatal, pues se trata de la Comisión de Vivienda del Estado de Hidalgo.
El 8 de febrero de 2024 fue vinculado a proceso y aunque la defensa solicitó el cambio de medida cautelar, el juez de Control, Luis Raúl González Becerra consideró que debía prevalecer la prisión preventiva.
sjl