PACHUCA.- Fortunato González Islas, diputado de Morena, informó que contratará a un abogado para defender a vecinos de la comunidad Pozo Grande, Actopan, que está detenidos por invadir -el 29 de septiembre-, una propiedad privada donde se excava un pozo de agua.
El conflicto entre habitantes de la localidad Pozo Grande fue expuesto hoy por los ciudadanos inconformes con la excavación del pozo en el Congreso local, el cual, de acuerdo con el abogado de la propietaria del terreno, tiene permisos de la Comisión Nacional del Agua.
“Son como dos o tres órdenes de aprensión que vamos a solicitar que en la mesa de trabajo se haga una revisión exhaustiva. Aquí son claras las violaciones a las garantías individuales a los pobladores y queremos que se respete”, expresó el legislador.
Particular cancela perforación del pozo
Noé Isidoro Basilio, apoderado legal de Alicia Castañeda Moreno -la dueña del predio-, informó que su clienta decidió cancelar la perforación del pozo, debido a que las autoridades municipales no garantizan el Estado de Derecho. Por la invasión al predio registrada en agosto, presentó denuncias penales.
Lo anterior lo hizo saber a través de un escrito en el que expresa que “a pesar de las circunstancias y el legítimo derecho que le asiste a mi representada para explotar un recurso natural de la Nación, hacemos del conocimiento que se ha tomado la decisión DE NO CONTINUAR CON LA PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA en el predio de mi propiedad ubicado en la comunidad de Pozo Grande, Actopan”.
Aunque Alicia Castañeda ya había cancelado la explotación del pozo de agua, este día, alrededor de 150 habitantes de Pozo Grande acudieron al Congreso de Hidalgo a solicitar la intervención de los diputados para que se cancele la perforación del pozo de la particular ya que temen exista un desabasto por la explotación del manto acuífero.
Los manifestantes informaron que son alrededor de 30 mil personas las que se verían afectadas en las comunidades de Pozo Grande, Fundición Baja, Fundición Alta, La Eroka, La Estancia, Cerritos, Los Olivos, Aviación, Guzmán Mayer 1 y 2, Las Monjas, Luz Meneses, Caña Chica, Daxtha, Boxtha, Bifi y la cabecera municipal de Actopan.
Respecto al comunicado del abogado, los manifestantes dijeron que “no es confiable lo que se dice”, por lo que continuaran defendiendo el agua en su territorio, pese a que este recurso natural es nacional.
Fortunato González, acompañado de su copartidaria la diputada Lisset Marcelino Tovar, informaron que tras un diálogo con los manifestantes, acordaron realizar mesas de trabajo en la que se citen a las autoridades municipales y federales involucradas en el conflicto social.
El legislador de Morena también solicitó que a estas mesas acuda la Procuraduría de Justica de Hidalgo para ver la situación en la que se encuentran esas órdenes de aprensión contra los habitantes que invadieron, causaron destrozos y se llevaron la maquinaria con la que se excavaba el pozo.
De acuerdo con Noé Isidoro desde 2013 su clienta gestionó legalmente el título de concesión para la extracción menos del cinco por ciento del agua del manto acuífero anualmente para uso industrial y doméstico.
El abogado detalló que, de acuerdo con datos de la propia Conagua, el acuífero cuenta con más de 87 millones de metros cúbicos de agua y el pozo particular tiene autorizado la extracción de hasta 40 mil 722 metros cúbicos al año.
Por este problema, tomaron otros dos pozos
La semana pasada, a raíz de este problema, habitantes de Pozo Grande y otras comunidades tomaron los dos pozos de agua potable que suministran del recurso natural a varias localidades, entre ellas la cabecera municipal.
La presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, pidió a los habitantes la liberación de los dos pozos, advirtiendo que el conflicto ha escalado a dimensiones que ya no competen al ayuntamiento sino a las autoridades judiciales.
“Lamentamos que se den este tipo de acciones que afectan a todos y todas. Tenemos un compromiso y responsabilidad con la población del municipio de garantizar el derecho humano básico al agua y en ese sentido, seguiremos una estrategia de diálogo para lograr la liberación de los pozos. Nuestra obligación es orientar, en esta lamentable anarquía generada, a la población de Pozo Grande para que no siga cometiendo más delitos. Nuestro compromiso es estar con el pueblo, pero sin dañar a terceros”, expresó la alcaldesa en un comunicado hace una semana.
sjl