Pachuca.— Bajo el llamado “Efecto Mariana Lima”, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo presentaron una iniciativa para que toda muerte violenta de una niña, adolescente o mujer sea investigada, desde el primer momento, como probable feminicidio.
La propuesta plantea reformar el artículo 139 Bis del Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su numeral 46, con el fin de establecer en la ley una presunción jurídica inicial de feminicidio, incluso en casos que de manera preliminar hayan sido clasificados como suicidio o accidente.
La legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Diana Rangel Zúñiga, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio; sin embargo, señaló que existen indagatorias que no aplican este principio desde el inicio.
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El planteamiento retoma el precedente del caso de Mariana Lima Buendía, cuya muerte en 2010 fue inicialmente catalogada como suicidio hasta que la Corte ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género, estableciendo criterios obligatorios para las autoridades del país.
Sin embargo, cabe mencionar que el 19 de enero de 2022 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Protocolo de Investigación de Feminicidio, el cual establece que debe aplicarse en todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que en apariencia no hayan sido causadas por un delito. Dicho protocolo señala que las averiguaciones deben iniciarse como probable feminicidio y examinar la muerte con enfoque de género para identificar posibles contextos de violencia y discriminación.
La iniciativa también propone reforzar la obligación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) de aplicar y difundir protocolos especializados de investigación en delitos de violencia contra las mujeres, no obstante, el procurador de justicia ha señalado que todo homicidio de mujer es investigado bajo el protocolo de feminicidio, haya no haya indicios.
De hecho, bajo ese marco ya se han reclasificado diversos casos que inicialmente fueron presentados como suicidios o muertes accidentales y que, tras una investigación más profunda, revelaron contextos de violencia de género.
De acuerdo con el documento presentado, la reforma no implica impacto presupuestal, ya que no contempla la creación de nuevas instituciones, órganos adicionales ni contratación de personal, sino que se limita a fortalecer criterios de investigación dentro de las atribuciones existentes.
La propuesta busca armonizar la legislación local con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de Minnesota, en materia de investigación de muertes potencialmente ilícitas.
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