Pachuca. - Hidalgo se encuentra en un proceso de socialización y diálogo con el sector empresarial ante la inminente aprobación de la reforma federal que reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales, así lo informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), Óscar Javier González Hernández.
Recordó que, de acuerdo con lo anunciado a nivel nacional, la reforma federal sería aprobada por el Congreso de la Unión en junio de este año y aplicada de manera gradual hasta 2030, iniciativa que propone mejorar la calidad de vida de los trabajadores, así como nuevas formas de productividad para el sector empresarial.
“Se está socializando con empresarios, que ya se hizo a nivel nacional a través del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que lo representa a nivel nacional, ya dialogaron con nuestro secretario, vieron todas las opciones y lo que les puedo decir, como lo ha anunciado ya también nuestra presidenta de la República, que se tiene previsto que para el mes de junio de este año el Poder Legislativo apruebe esta reforma”.
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Precisó que la implementación será paulatina, es decir: en 2027 se reducirán dos horas a la jornada laboral, en 2028 otras dos, en 2029 dos más, para finalmente en 2030 se completará la reducción de ocho horas, y así dejar establecida la jornada de 40 horas.
Señaló que Hidalgo ha mantenido comunicación constante con organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, COPARMEX, CANACINTRA y CANACO, con quienes se han analizado alternativas para equilibrar la productividad y el cumplimiento de la ley.
El secretario de STPSH descartó que exista resistencia generalizada por parte del sector empresarial, y aseguró que, por el contrario, se ha mostrado disposición al diálogo.
Avances en el cumplimiento de laudos laborales municipales
En otro tema, el secretario del Trabajo abordó la situación de los laudos laborales en municipios, indicando que varios de ellos se encuentran en etapa de cumplimiento. Explicó que la STPSH trabaja de manera coordinada con las presidencias municipales para lograr convenios con trabajadores y se cubran las cantidades que por derecho les corresponden.
Específicamente en el municipio de Singuilucan, donde existe un laudo que alcanzó los 18 millones de pesos, González Hernández informó que el procedimiento ya agotó instancias legales y que la actual presidenta municipal, Yazmín Dávila López, ha logrado acuerdos con diversos trabajadores, reduciendo de manera gradual la deuda y avanzando en su cumplimiento.
Precisó que muchos de los laudos que hoy generan afectaciones al erario se originaron por omisión o negligencia de administraciones pasadas en la defensa jurídica de los municipios.
Demandas contra alcaldes
“Respecto a demandas que pueden existir contra presidentes municipales, contra síndicos o áreas jurídicas de los propios municipios es porque hubo omisión y negligencia en cuanto a la defensa que les correspondía hacer de sus representados, en este caso del municipio y se perdieron los asuntos por ese tipo de acciones”.
Asimismo, que por la comunicación directa con las autoridades municipales se lograron firmar alrededor de mil 800 convenios conciliatorios, evitando que los conflictos llegaran a instancias judiciales y reduciendo el impacto financiero para los ayuntamientos.
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