Pachuca.— Julio Daniel Reyes Rivero, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado de Hidalgo, informó que actualmente mantiene cuatro asuntos en investigación derivados de auditorías, dos de ellos turnados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y dos más por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Explicó que estos casos fueron notificados al órgano fiscalizador interno para su seguimiento y desarrollo de labores de investigación, como parte del procedimiento administrativo correspondiente.
Reyes Rivero detalló que, en términos generales, una investigación puede iniciarse por denuncia o de oficio, y que una vez radicada pasa al área de investigación, donde el tiempo de análisis puede ir de tres meses hasta un año, dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo existente.
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Precisó que, si tras la investigación se determina que existe una falta no grave, el procedimiento se concluye en la propia Contraloría; en cambio, si se trata de una falta grave, el expediente se turna al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, correspondiente. En caso de que la investigación no proceda, se notifica tanto al denunciante como a la persona denunciada.
El titular del OIC subrayó que no puede emitir comentarios sobre casos en particular, ni confirmar comparecencias, notificaciones o posibles responsabilidades, al tratarse de expedientes que se encuentran en etapa de investigación.
Total de investigaciones
Actualmente, el OIC del Congreso de Hidalgo mantiene 121 asuntos en investigación, 96 relacionados con omisiones en declaraciones patrimoniales, 18 por denuncias diversas, y siete derivados de auditorías.
Reyes Rivero reconoció que, al asumir el cargo en noviembre de 2024, existía un rezago en investigaciones, el cual —dijo— se encuentra en proceso de desahogo, priorizando los casos más antiguos y avanzando de manera paralela en los expedientes recientes.
Finalmente, reiteró que todos los procedimientos se conducen conforme a la normatividad vigente y que no se emiten resoluciones ni posicionamientos hasta la conclusión formal de cada investigación.
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