La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, ejecutó una orden de cateo por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo en el municipio de Tulancingo de Bravo, tras obtener la autorización de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
La carpeta de investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial, en la que se señalaba que en un domicilio de la comunidad Santa María Asunción se vendía y almacenaba combustible de manera ilegal. Con base en esos datos, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo el mandamiento judicial.
Durante la diligencia, realizada bajo el mando del fiscal federal y con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fueron asegurados aproximadamente 15 mil litros de hidrocarburo, 116 contenedores de distintas capacidades y un vehículo presuntamente relacionado con la actividad ilícita.
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El operativo contó además con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH). La FGR indicó que las investigaciones continuarán para determinar posibles responsabilidades y el origen del combustible asegurado.
Vinculan a proceso a dos personas en Tula
En un hecho distinto, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jonathan “N” y Mirna “N”, por su probable participación en delitos en materia de hidrocarburos, tras un cateo realizado en la colonia Tultengo, en el municipio de Tula de Allende.
Durante esa intervención fueron detenidas ambas personas y se aseguró hidrocarburo, así como contenedores, motocicletas y vehículos. En audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso a Jonathan “N” por el delito de suministro ilícito de hidrocarburo, y a Mirna “N” por posesión ilícita.
Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía recordó que las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
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