PACHUCA.- Con el argumento de que es necesario consolidar la democracia paritaria en el ámbito local y evitar retrocesos en la participación política de las mujeres, la diputada local Cynthia Citlali Delgado Mendoza, integrante del grupo legislativo de Morena, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 124 bis a la Constitución del estado de Hidalgo con el fin de garantizar la paridad sustantiva en las presidencias municipales.
La propuesta plantea que, en cada proceso electoral, al menos el 50 por ciento de los municipios sean gobernados por mujeres, dejando claro que este porcentaje no constituye un límite máximo.
Además, faculta al Instituto Estatal Electoral (IEE) para establecer criterios, reservas de postulación y mecanismos de alternancia que hagan efectivo el principio de igualdad sustantiva y eviten simulaciones.
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En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la paridad no es una acción afirmativa temporal, sino un principio constitucional permanente que busca transformar las condiciones estructurales que históricamente han limitado el acceso de las mujeres a cargos de decisión, particularmente en posiciones ejecutivas como las presidencias municipales.
Actualmente, 41 de los 84 municipios de Hidalgo son gobernados por mujeres, una cifra histórica que acerca a la entidad a la paridad plena. Sin embargo, este avance fue resultado de medidas administrativas implementadas por el órgano electoral —como el Acuerdo 63, que reservó municipios para candidaturas exclusivamente femeninas— y no de un mandato constitucional expreso. Lo anterior “podría dejar abierta la puerta a posibles retrocesos”.
La iniciativa establece que el código electoral del estado deberá definir los mecanismos necesarios para asegurar la integración paritaria de los ayuntamientos y que la reforma entraría en vigor a partir del proceso electoral 2026–2027, con el fin de garantizar certeza jurídica y una implementación ordenada.
En el documento, se argumenta que la propuesta se encuentra respaldada por la Constitución federal, tratados internacionales como la CEDAW y la convención Belém Do Pará, así como por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han reconocido la validez de medidas estructurales para corregir la subrepresentación histórica de las mujeres.
La diputada sostuvo que la paridad debe entenderse como un “piso mínimo irreductible” del sistema político municipal y no como una meta circunstancial, por lo que elevarla a rango constitucional permitiría blindar los avances alcanzados y consolidar un modelo de igualdad sustantiva en el ejercicio del poder local.