Pachuca.- Activistas y asociaciones civiles presentaron un oficio para la destitución de Ana Karen Parra Bonilla, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), esto en la Oficialía de Partes del Congreso local hidalguense.
La mañana de este martes, Aurelia Pérez Flores -una mujer identificada como víctima de las presuntas omisiones de la Comisión estatal- entregó la petición de la destitución de Ana Parra, esto en compañía de asociaciones civiles y activistas hidalguenses.
Los inconformes señalaron la inoperancia del organismo que preside Parra Bonilla, así como la banalización las garantías individuales y del interés superior de la niñez por la publicación de rostros de niñas y niños sin las autorizaciones correspondientes.
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Aseguraron también la desarticulación con la sociedad civil que acompaña casos de violación de derechos, la revictimización de poblaciones vulnerabilizadad y la falta de investigaciones profundas. Expusieron la falta del informe correspondiente a las acciones de la CDHEH durante el 2024, esto a seis meses de haber iniciado el presente año.
El documento entregado a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo estatal fue acompañado de una manifestación en el exterior del Congreso con las consignas "Queremos una CDHEH Autónoma, no una oficina al servicio del poder", "Alto a la represión de la protesta" y "Migrar no es un chiste".
La última sentencia justificada en los eventos del 12 de febrero, cuando Ana Parra y otros funcionarios realizaron una 'representación' de la experiencia migrante, al ingresar a una casa de campaña sobre un terreno rocoso y posar para las fotografías durante la presentación del “Protocolo de Actuación Para Policía Primer Respondiente con Perspectiva de Personas Migrantes y Refugiadas”. Dichas acciones fueron señaladas como ofensivas para las personas que salen de sus países o ciudades de origen en búsqueda de una vida digna.
Los activistas quejosos también acusaron que hay más TikToks de parte de la comisión que recomendaciones en atención a derechos humanos vulnerados en la comunidad hidalguense, uno de los casos expuestos fue el de Aurelia Pérez Flores, una madre y abuela que busca recuperar al bebé.
La adulta contó que hace tres años, su hija de 11 años de edad dió a luz a un bebé, quién fue entregado a agentes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo. Además, acusó que su familia fue amedrentada para firmar documentos y autorizar la entrega del menor de edad.
Dichos eventos llevaron a su hija y a sí misma a tener depresión y otras afectaciones a su salud física y mental; agregó que iniciaron una queja ante la CDHEH y una carpeta de investigación con la Procuraduría General de Justicia estatal, pero no obtuvo respuesta ni apoyo de dichas instituciones hasta el momento.
Represión el 8 de marzo
Las denuncias fueron dadas a conocer a tres meses de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando se reportaron represiones y detenciones arbitrarias.
"En lugar de una postura firme de defensa, sus intervenciones han sido ambiguas, con escasa información y poca claridad técnica. Ejemplos recientes, como la represión en las marchas del 8M, la revictimización en el caso de la adolescente Abril, la negligencia en el feminicidio de Rosaura, la represión en las protestas por el albergue migrante y recientemente el uso de la fuerza pública en San Agustín Tlaxiaca para el retiro de comerciantes" declaró la vocera Lizeth Clavellina Ángeles.
Otros de los puntos de justificación fueron: la poca atención al acceso al agua, la tierra y el territorio; la no renovación del Consejo Consultivo de la CDHEH, lo que limita la representatividad y la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones del organismo; la falta de impulso a reformas legislativas, ya que no ha promovido ni cabildeado reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos; así como la inexistencia del título de maestra de Ana Parra en el Registro Nacional de Profesionistas.
"Para las organizaciones y activistas, una Comisión comprometida puede ser aliada clave en la visibilización de violaciones, la defensa de víctimas, la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos y la protección de quienes defienden. Cuando las comisiones actúan con independencia, profundidad y sensibilidad, refuerzan la labor de la sociedad civil; cuando se alejan de ese mandato, debilitan el tejido de defensa y colocan a las personas en mayor vulnerabilidad", expresaron en el posicionamiento.
sjl