Tulancingo.— A unas horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al Hospital General de Tulancingo, familiares y amigos del Adrián Moya, doctor y exdocente en el Instituto de Ciencias de la Salud de la UAEH, realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones del nosocomio para exigir la revisión de su caso, al que califican como plagado de irregularidades a dos años de su detención.
El doctor Adrián Moya fue señalado por su expareja por violencia sexual y familiar, lo que derivó en su proceso penal y posterior reclusión. No obstante, sus familiares afirman que durante todo el procedimiento han detectado inconsistencias legales, además de violaciones a sus derechos humanos, particularmente durante su permanencia en el penal.
Uno de los puntos más graves que denunciaron fue la prolongación de un castigo de aislamiento inicialmente dictado por 15 días, que ya se ha extendido por más de un año, afectando severamente su estado físico y emocional. De acuerdo con su padre, el castigo fue impuesto luego de que el doctor fuera sorprendido en junio de 2024 con un teléfono celular en modo calculadora, que usaba, según su testimonio, para hacer cálculos relacionados con edades de internos en el área de Trabajo Social.
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“El Consejo de Disciplina determinó 15 días de aislamiento a partir del 12 de junio del 2024, pero eso ya se convirtió en un encierro de un año, lo más grave, ese castigo no se asentó en un acta sino hasta hace apenas 30 días, y sólo tuvimos acceso al documento gracias a la intervención del secretario de Gobierno”, explicó su padre. “Ocultar ese documento por tanto tiempo, sin informar al sancionado, no solo es ilegal, es inhumano. Esto es tortura”.
Durante la manifestación, los familiares explicaron que debido a la falta de información oficial, se vieron obligados a tramitar un amparo federal el pasado 22 de abril, solicitando el retorno del doctor Andrés Moya a su celda original en la zona de protección. Aunque el juez concedió la medida de inmediato, el traslado no se realizó sino hasta más de 30 días después.
“Mi hijo ya manifiesta síntomas preocupantes de depresión. No podemos esperar a que esto termine en una tragedia”, advirtió su padre. Los manifestantes señalaron que, si bien inicialmente pensaron que los problemas provenían únicamente de la parte acusadora, ahora sospechan de la intervención de “alguien con poder dentro del gobierno” que, según ellos, busca mantener al doctor Moya en condiciones que calificaron como de “franca tortura”.
Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y penitenciarias, los familiares anunciaron que están preparando la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se revisen las presuntas violaciones al debido proceso y las condiciones inhumanas de reclusión.
sjl