Pachuca.— Jovani Miguel León Cruz, expresidente municipal de Tlaxcoapan, acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, accedió a una salida alterna, consistente en un Procedimiento Abreviado, con el cual fue sentenciado a una pena de dos años y seis meses de prisión.
Asimismo, se le sentenció al pago de una pena multa de 83 unidades de medida de actualización, equivalentes a 7 mil 211 pesos; además de pagar por concepto de reparación del daño la cantidad 995 mil pesos a través de un depósito bancario a nombre de la presidencia municipal de Tlaxcoapan.
No obstante, de haber accedido a esta forma de terminación anticipada, el imputado cuenta con 5 cinco causas penales más, en las que se encuentra vinculado a proceso y están en etapa de investigación complementaria.
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Cabe mencionar que Jovani Miguel León Cruz ocupó el cargo del 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2020, y le fue imputado el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, debido a que realizó una contratación sin respetar los procedimientos mencionados en la ley con la empresa Ara Organización y Servicios de Producción.
Contrató asesoramiento en la administración de la nómina y funciones operativas y administrativas, por un monto de más de 900 mil pesos, sin emitir una licitación y sólo una invitación a tres empresas, tales hechos en febrero de 2018.
El caso fue llevado ante la jueza Rosa María López Aguilar, correspondiente a la causa penal 523/2022. La audiencia prevista era la Intermedia, pero se solicitó el procedimiento abreviado y se cerró el procedimiento ordinario y se dio apertura el procedimiento abreviado.
¿Qué es el proceso abreviado?
El procedimiento abreviado es considerado como una forma de terminación anticipada, en la que el acusado ha aceptado ser juzgado con base en los datos de prueba recabados en la investigación. Expuesta la acusación por el agente del Ministerio Público y escuchados los argumentos de las partes, el juez de control resuelve de fondo la controversia planteada, procediendo al dictado de la sentencia definitiva, en la mayoría de los casos de condena; sentencia en la que el órgano jurisdiccional impone las penas mínimas con la reducción solicitada por el agente del Ministerio Público.
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