Pachuca.— Rosa Domínguez exige justicia por sus dos hijos: uno muerto y el otro en prisión. Al primero, señala, presuntamente lo golpearon custodios hasta que lo mataron; al segundo, lo torturaron y le fincaron delitos por los que, asegura, no es culpable.
Fallecido en circunstancias no tan claras
Rosa muestra los documentos en los que ha solicitado a las autoridades respuestas del fallecimiento de su hijo Andrés Ruiz Domínguez, ocurrido el 12 de julio de 2023. Relata que ese día le avisaron que estaba sin signos vitales en el Hospital General de Pachuca, después de que lo sacaran del penal donde estaba recluido en Tenango, sin una orden de traslado y sin notificarles.
Tras su muerte, comenzó la investigación por parte del Ministerio Público en el mismo lugar, luego, se pasó a la Procuraduría General de Justicia del estado y, posteriormente, a Homicidios; el caso quedó registrado en la carpeta de investigación 122023/11379.
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Sin embargo, las investigaciones están estancadas desde hace un año, por lo que ha acudido a diversas instancias para solicitar apoyo, incluso al mismo gobernador, pero no ha habido respuesta.
Ella sostiene que lo de su hijo fue un homicidio, porque él mismo les hizo saber que los custodios lo habían comenzado a golpear desde el 10 de julio de 2023, un día antes que lo sacaran del Cereso de Tenango de Doria para trasladarlo a Pachuca.
Comentó que Andrés pagaba 8 mil pesos mensuales a la directora del penal para permitirle tener dos teléfonos celulares con los que se mantenía en comunicación con su familia, por ello, pudo enviarles fotos en las que se le veían las marcas de los golpes, costillas y una mano fracturada, además de que les comentó que ya sabía que había una orden “de arriba” de que lo querían asesinar.
Por estos hechos, Rosa señala que hubo contubernio entre la delincuencia organizada y servidores públicos. Pide se investigue la presunta participación de funcionarios públicos estatales, así como de los directores de los Ceresos de Pachuca y Tenango de Doria.
La madre de familia sostiene la inocencia de su hijo ante el delito por el que estaba ingresado en el penal purgando una condena de más de ocho años -de los que llevaba casi 5- por el robo de una computadora y un celular. Era la segunda sentencia que cumplía, pues anteriormente pasó otros ocho años en la cárcel por un presunto homicidio, que, afirma, no cometió, pues él regresó a México cuatro meses después de que ocurrió ese hecho.
“Dijeron que él era un responsable, señalamiento sin prueba porque nunca le probaron nada, y así lo metieron 8 años a la cárcel. De ahí salió, duró 20 días otra vez afuera y lo volvieron a vincular, que se había robado una computadora y un teléfono en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura de Tepeyahualco, que había parado una camioneta a las 10 de la noche y que se había robado una computadora y un celular. Eso es ridículo, porque él era de dinero. No podía hacer eso, no lo haría. Él venía de Las Vegas, tenía dinero, tenía un negocio allá que todavía le dejaba dinero”, afirmó.
Desde entonces, la familia de Andrés Ruiz clama justicia y ya en 2023 realizaron una manifestación para que se esclarecieran las circunstancias de su muerte, pues Rosa asevera que a su hijo lo dejaron desangrarse tras ser torturado y lo ingresaron al hospital hasta las 10 de la mañana del 12 de julio, ya sin vida. Los detalles los saben, dice, por un testigo, otro reo que también fue víctima de golpes y malos tratos.
Lucha por la libertad de Mario
Pese al dolor de perder un hijo en esas circunstancias, Rosa Domínguez sigue en la lucha no sólo porque se esclarezca ese caso, sino también para liberar a su otro hijo, Mario Ruiz, quien fue arrestado acusado del robo de automóvil, un delito que, subraya, no existió.
“Fue una detención ilegal, ¿por qué? Porque lo sacaron de un lugar privado, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, y demostró con documentos que el carro lo compró, él no robó nada. Él lo demostró. Yo tengo documentos donde él estaba en otro lado, que los mismos abogados no quisieron meter porque cambiaron al abogado y metieron a una abogada nueva cuando se estaban cerrando las causas orales y no quisieron poner ninguna de las pruebas de mi hijo. Aparte ahí lo torturaron a él y a la muchacha. Los golpearon”.
Su hijo cumple ya casi tres años en prisión. Señala que fue torturado y que ello le dejó secuelas en las costillas y la pérdida del oído, pero demostró su inocencia y lo dejaron libre para sólo pisar la puerta de salida, pues lo volvieron a detener ahí mismo acusado de otras dos causas. La razón por la que no lo liberan es porque vincularon la carpeta con la de su otro hijo.
“Se fue a audiencias orales, demostró la inocencia también, pero los jueces no quisieron liberarlo. Lo vincularon con mi otro hijo porque como yo sigo moviendo documentos hasta arriba con el gobernador, el procurador y Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos… Mi hijo que está detenido tiene el número de causas orales 293/2023”.
Rosa informa que Derechos Humanos de Hidalgo aplicó el Protocolo de Estambul a Mario para acreditar tortura, sin embargo, todavía no le entregan los resultados desde hace cinco meses, documento que necesita para llevar el caso a otras instancias, como le han asesorado.
Medidas de protección
Lo que sí tiene ella son medidas de protección, pues en su búsqueda de justicia ha recibido amenazas presuntamente de policías estatales que la hostigan para que no mueva más las cosas, pero ello no la ha detenido.
Irónicamente, dice que quienes deberían protegerla son precisamente los agentes estatales, pero debido a las circunstancias, tienen que ser los elementos de la policía municipal de Zempoala quienes estén custodiándola, aunque ello se convierte en algo poco práctico debido a que ella se encuentra en Pachuca constantemente.
“No se me puede acercar ninguna estatal, entonces los que me deben de proteger son los municipales de mi municipio. Vean qué ridículo, de Zempoala. Vean lo ridículo, a ver, que les voy a llamar desde aquí hasta allá que vengan a protegerme aquí”.
Puntualizó que hasta el momento no puede solicitar medidas de protección a nivel federal pues el caso no ha sido atraído a esas instancias debido a que está detenido en las dependencias estatales, por lo que pidió a las autoridades que den celeridad al caso y no lo entorpezcan.
“¿Por qué se prestaron a eso? ¿Por qué se prestaron a la corrupción? A esos estatales de investigación que me están llame y llame cada rato, 10, 20, 30, 40 llamadas al día, que quieren a fuerza mi ubicación. Ayúdenme. De verdad, ayúdenme”.
sjl
