Pachuca.— En Hidalgo, los juzgados familiares y penales se han convertido en el escenario de una batalla donde madres y padres enfrentan procesos interminables por la custodia de sus hijos y señalamientos de violencia familiar. En algunos casos, las denuncias son falsas.
Dos mujeres, Verónica Yetzín Domínguez Ortiz y Fernanda Remes Oropeza aseguran ser víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión en la que los hijos se utilizan como medio de control o castigo hacia el otro progenitor. Ambas relatan que el sistema judicial, lejos de proteger a los menores, ha permitido que los procesos se prolonguen sin soluciones efectivas.
“No sé dónde está mi hija”: siete meses sin respuestas
Desde hace siete meses, Verónica Yetzín Domínguez Ortiz, originaria de Tulancingo, litiga en el Juzgado Primero de lo Familiar de Pachuca por la custodia de su hija de 11 años.
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El padre de la menor la denunció por presunto maltrato, y con base en esas acusaciones —que ella asegura son falsas— el juzgado le otorgó la guardia y custodia provisional al padre.
“Tiene cinco meses que no sé dónde está mi hija. No la lleva a las convivencias. Yo tengo visitas los sábados, pero desde mayo no la presenta”, relata.
Verónica señala que el caso está estancado debido al rezago judicial, que puede retrasar los acuerdos hasta por tres meses. El Consejo de Familia solo emite informes semanales de incumplimiento, pero no aplica sanciones.
“Dicen que no tengo vínculo con mi hija, pero eso es porque hay alienación parental. En el juzgado hay por lo menos diez mamás en la misma situación”, denuncia.
La madre solicitó que se escuchara el testimonio de su hija, pero la jueza Beatriz, a cargo del caso, negó la petición al considerar que sería “revictimizar a la menor”.
Actualmente, el padre enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar que no ha sido judicializada. “Llevo años peleando por mi hija. Solo quiero saber dónde está. No hay justicia pronta y efectiva”, lamenta.
El testimonio de Fernanda Remes
Un caso similar enfrenta Fernanda Remes Oropeza, hija del presidente municipal de Poza Rica, Veracruz, es madre de tres menores de edad, también denunció ser víctima de violencia vicaria. Afirma que su expareja sustrajo ilegalmente a sus hijos y que, pese a tener resoluciones judiciales a su favor, no se han cumplido.
Tras su divorcio, ambos acordaron una custodia compartida: los niños —de 11, 9 y 8 años— permanecían con ella entre semana y con su padre los fines de semana. Sin embargo, el 19 de mayo, luego de que su expareja recogiera a los menores en la escuela, no volvió a verlos.
“Fue hasta el 23 de mayo que me notificaron que él buscaba la custodia total. No me permitió verlos antes de iniciar el proceso”, declaró.
Remes Oropeza asegura haber enfrentado irregularidades durante el juicio de divorcio y denunció presunto nepotismo que favoreció al padre de sus hijos. Además, fue acusada de robo a casa habitación, una denuncia que, sostiene, se presentó de forma dolosa.
“Quiso convertir un tema familiar en un asunto penal. Hoy tengo una carpeta de investigación abierta, donde mi agresor me acusa de robar objetos de su vivienda, cuando solo fui a recoger pertenencias de mis hijos”, explicó.
“Mi lucha no es personal, es por justicia imparcial, por proteger a mis hijos y por visibilizar la violencia vicaria que vivimos muchas mujeres”, enfatizó.
Justicia familiar
Ambos casos evidencian las fallas del sistema familiar en Hidalgo: procesos lentos, falta de medidas efectivas para garantizar la convivencia y ausencia de sanciones para quienes incumplen resoluciones judiciales.
Mientras los casos de Verónica y Fernanda siguen detenidos entre expedientes y oficios, la vida de sus hijos transcurre lejos de sus madres.
Datos judiciales
Con base en la estadística judicial, de enero a septiembre de 2025, se ingresaron 17 mil 194 asuntos en materia familiar y se abrieron 5 mil 527 causas penales del sistema penal acusatorio. Pachuca fue el distrito judicial con más asuntos iniciados con 3 mil 975 en total, lo mismo que en sistema penal con mil 896 asuntos.
Según la misma estadística, los delitos más frecuentes judicializados son: Violencia familiar con mil 238 causas, y el Incumplimiento de las obligaciones alimentarias con 635 asuntos.
sjl