Pachuca.—El atropellamiento de una mujer detonó el conflicto entre habitantes de Haciendas de Tizayuca y elementos de seguridad pública, así lo recuerdan los familiares de las 23 personas detenidas el pasado 6 de marzo y de quienes la autoridad dijo se trataba de mototaxistas que prestaban el servicio de transporte público sin permiso, pero que los familiares aseguran no es así, se trata de comerciantes, guardias de seguridad e incluso de estudiantes, amas de casa y otras personas que no tienen relación con los mototaxis.
Afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, decenas de personas esperaban la salida de los 23 detenidos e imputados por los delitos de desobediencia pública, ultrajes a la autoridad, lesiones y daño en propiedad y ellos aseguran que si bien estuvieron presos e incluso pagaron una reparación de daño no es porque sean delincuentes, sino simplemente porque “hubo saña por parte del estado y del municipio”.
Blanca —nombre modificado a solicitud de la entrevistada— comparte que su hermano regresaba de dejar a su sobrina en su escuela, intervino en el conflicto luego de ver cómo los policías atropellaron a una mujer, la cual permanece en el hospital y no se sabe si saldrá con vida.
Te podría interesar
“Mi hermano por andar de mitotero viendo los problemas de otros fue a ponerse y los policías los empezaron a agredir. Las personas se molestaron por la mujer atropellada, ya luego los policías empezaron a agarrar gente”, platicó.
Blanca asegura que la violación a sus derechos humanos fue una constante desde el momento en que los aprehendieron hasta que los liberaron, pues les impidieron comunicación, a ellos no les otorgaban información real de dónde se encontraban, aunado a que les dieron un número equivocado de carpeta de investigación; sin contar que los detenidos fueron golpeados, ultrajados, obligados a trabajar dentro del Cereso y se les limitó el servicio médico.
Te podría interesar
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
De ribete - comenta - el día de su detención fueron víctimas de fraude, pues llegó una licenciada que les prometió que verificaría su caso y resultó que sólo les pidió mil 800 pesos por persona, se los entregaron y nunca más la volvieron a ver.
“Nuestros familiares son personas de trabajo, mi hermano vende en el tianguis ropa y repara consolas de video, bocinas, pantallas…, no tenía nada qué hacer ahí, la mayoría de aquí ni siquiera son mototaxistas, todos nos dedicamos al comercio, a lo mejor informal, pero es decente, ya ni otras gentes que se dedican a otra clase de negocios ilícitos, no los tienen aquí como a nuestros familiares”, expresó junto con una mueca que le hizo apretar sus dientes.
Ella insiste en que no son mototaxista y que se debe saber la verdad, que todo ese hecho tiene un tinte político y que ellos sólo fueron un objeto, pero lo lamenta porque ese “chistecito” a su familia le costó más de 20 mil pesos que tuvieron que pedir prestados porque ellos no los tenían.
“Agarraron parejo”
Brenda —también pidió modificar su nombre—estuvo ahí en espera de que saliera su hermana y su sobrino, aún no asimila cómo es que sólo porque su hermana preguntó el motivo por el cual llevaban detenido a su sobrino fue que también a ella la subieron a la patrulla.
“Agarraron parejo: particulares y personas que se dedican a eso de los mototaxis, es una injusticia, porque todas las personas que están aquí son madres de familia, estudiantes, comerciantes, que lo único que hicieron fue defender a una de las suyas”.
Coincide con Blanca en que les dieron información equivocada desde un principio, a sus detenidos los dejaron incomunicados, los trajeron de un lado a otro sin tener razón de sus familiares detenidos.
Brenda considera que todo se fue complicando hasta que se tornó en una situación “sociopolítica y siento que muchos derechos fueron violados, tanto como para los familiares, como para los detenidos, pues les pegaron y violaron sus derechos”.
Dos semanas muy complicadas y muy difíciles, así describe Brenda estos 14 días que su hermana y su sobrino estuvieron detenidos.
“Mi hermano es guardia de seguridad”
Por su parte, Silvia —nombre no real— comparte que su hermano que es guardia de seguridad privada, le dio raite a uno de sus familiares a Haciendas de Tizayuca cuando vieron el disturbio de la persona atropellada, él se acercó, y cuando volvieron a saber de él resulta que ya estaba en el Cereso.
Sin información, sin datos, sin saber qué cargos les imputaban, se le golpeó, se le privó de sus derechos, se les ha tratado de la peor manera, y a su decir ninguno es delincuente, todos son vecinos que acudieron en auxilio de una persona que sigue hospitalizada porque fue atropellada.
Silvia reconoce que en Tizayuca operan los mototaxis, pero justifica que el transporte público es “deplorable, los choferes son groseros, manejan como cafres, ha habido accidentes en las combis y mucha gente recurre a los mototaxis, en este caso mi familiar no se dedica a eso”.
Con esta experiencia, Brenda ha perdido la fe en el gobierno y la humanidad, “porque por querer apoyar a una persona se generó todo un problema, y lejos de quedar en un tema municipal, lo hicieron político”.
Su deseo es que se aclare que ellos no son delincuentes, como lo dijo la autoridad en un principio, y pese a ello -dice- se está pagando por su libertad. “Ellos no cometieron ningún delito”.
La espera
Blanca, Brenda y Silvia esperaron casi ocho horas: primero afuera de los juzgados de oralidad, a que se desahogara la audiencia en la cual se decretaría la libertad de los detenidos en Tizayuca con los cargos de ultrajes a la autoridad, lesiones, daño en propiedad y desobediencia pública, ninguno relacionado con un presunto uso de motocicleta como transporte público y luego afuera del Cereso, a que salieran sus familiares.
Tienen sentimientos encontrados, les da coraje que hayan tenido que experimentar la falta de justicia y por el otro saben que la pesadilla pronto terminará.
Los familiares de los detenidos de Tizayuca, que fueron señalados de ser mototaxistas, han comido lo que han podido durante todo ese tiempo de espera, un paste, un pan, unas galletas, incluso se cooperaron para unos pollos y refresco.
Mientras aguardaban les informaron que faltaban tres mil pesos para el pago de reparación de daños y tuvieron que hacer “la vaquita” para reunir el dinero, ya están fastidiados, exprimidos económica y físicamente, sólo quieren que todo acabe.
Pasaron cerca de tres horas o más desde que el juez decretó la libertad para los 23 detenidos, hasta que una voz anunció “ahí vienen” y comenzaron a cruzar por el torniquete de salida, hubo aplausos, hubo porras, gritos, llanto, emociones a flor de piel.
En dos grupos salieron los 23 detenidos, cerca de las 10:30 de la noche, y al tocar la banqueta, uno de los internos abrazó a pequeño hijo y le explicó que no lo había podido ver porque estaba trabajando y apenas lo habían dejado salir.
Versión de la autoridad
En su momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó de la detención de las personas durante un operativo implementado en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para retirar de circulación vehículos que prestaban servicio de transporte público de manera irregular en el municipio Tizayuca.
Asimismo, informó que en el despliegue, elementos de la policía estatal fueron agredidos por personas pertenecientes al grupo denominado “Los 300”, quienes presuntamente operan mototaxis, reportó daños a patrullas y vandalismo en instalaciones de la delegación estatal, hechos por los cuales fueron detenidos 13 hombres, nueve mujeres y una persona transgénero, la mayoría de ellos con domicilio fuera del estado de Hidalgo.
Se informó que se remitieron a los depósitos vehiculares un total de 20 motocicletas, dos autobuses, cinco camionetas tipo Urvan, una camioneta Tahoe, un taxi, así como la detención de dos personas extranjeras sin documentos que probaran su residencia legal en México.
sjl