PACHUCA.- Bajo una política ante las empresas para que puedan ofrecer servicios íntegros y de calidad, y así beneficiar a la población, el gobierno del estado de Hidalgo informó que hizo la eliminación de firmas que le incumplieron del padrón de proveedores, de ello aseveró que se mantiene una revisión minuciosa.
Fue a través de un comunicado de prensa en el que la Secretaría de Contraloría informó que hasta la fecha se dieron de baja 540 contratistas que no acataron lo que indica la Ley de Obras Públicas, pues se identificaron casos en los que incumplieron desde uno hasta 86 proyectos, lo que es una falta evidente.
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Ante lo anterior, se asentó que las personas físicas y morales que causen la baja del padrón no podrán celebrar contratos con el sector público en todo Hidalgo, ello hasta en tanto solventen las irregularidades que dieron lugar a ser eliminados, por lo que se añadió que se tiene una meta inicial de baja aproximada de 500 proveedores.
Pues se reiteró que la finalidad es obtener productos o servicios óptimos que den una mejor calidad de vida a la población, pues incumplir lo que asientan los contratos significaría afectaciones que impactarían en el desarrollo, lo que es grave y se busca evitar con las revisiones puntuales que se hacen.
Se quiere calidad sobre cantidad
En otra parte de su comunicado, la Secretaría de Contraloría asentó que se pretende reducir el padrón de proveedores estatal en al menos un 20 por ciento para así garantizar que se cuenta con las personas físicas y morales que sí cumplan de manera íntegra con los servicios para los cuales fueron contratados.
Adicionalmente, como medida complementaria, se inició con al análisis de 6,017 proveedores que cuentan con su registro vigente con la finalidad de verificar su correcto funcionamiento; a quienes se les verificarán puntos como registro ante el IMSS, domicilio en Hidalgo y que acrediten el giro al que pertenecen.
Esto significa una baja en el padrón
A propósito de lo anterior, la Secretaría de Contraloría describió que la baja del padrón de proveedores del gobierno de Hidalgo repercute en que si una dependencia acepta propuestas o celebra contratos podría implicar responsabilidades administrativas o penales para los servidores públicos, ya que no se tiene certeza de la calidad que se recibirá.
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