Pachuca.- Para el próximo año, el Congreso local aprobó una asignación presupuestal de 195 millones 502 mil pesos para concretar la transición de Procuraduría General de Justicia de Hidalgo a Fiscalía general, con lo que sumarían 642.5 millones de pesos invertidos; mismos que han servido para la parte orgánica.
Desde septiembre de 2021 se aprobó la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, y en julio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, ello en sustitución de la Procuraduría General de Justicia que es la dependencia encargada de investigar y perseguir delitos; sin embargo, desde entonces y hasta la fecha no se ha logrado concretar.
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Desde la aprobación de la reforma en 2021, se había dado un plazo de dos años para la transición de Procuraduría a Fiscalía, pero no fue posible concretar los cambios, por lo que se aprobó ampliar el plazo un año más y será hasta julio de 2025 que deba estar lista y en funcionamiento.
Cabe recordar que en 2023, se destinaron 238 millones de pesos para la transición, mientras que en 2024 fueron 209 millones de pesos y para este 2025, se prevé 195 millones de pesos, ello con base en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 el cual será publicado los siguientes días en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y que fue aprobado recientemente por el Congreso local.
Es de recordar que el pasado mes de julio de este año, con 24 votos a favor los diputados locales de la LXV Legislatura, aprobaron la reforma a la Constitución Política del estado para ampliar un año más, hasta el 22 de julio de 2025, la transición de la Procuraduría a Fiscalía.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, de acuerdo con las reformas, será un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el titular de la Fiscalía durará en el encargo siete años, la convocatoria la emitirá el Poder Ejecutivo y el nombramiento lo realizará el Congreso del estado.
La idea no es sólo cambiar de nombre de Procuraduría a Fiscalía, sino que se establece una arquitectura institucional que prevé el destino y transición de recursos humanos, materiales y financieros, así como un adecuado manejo de los procedimientos penales vigentes tanto al amparo del anterior como del nuevo sistema de justicia penal.
*Fotos: Google Maps
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