Pachuca.— El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa con la que se pretende incrementar en 10 años la pena mínima por el delito de feminicidio, además de agregar como agravante cuando este se realice contra una persona de la diversidad.
En sesión ordinaria de la 66 Legislatura, el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal dio lectura en el pleno sobre la propuesta, la cual busca reformar el primer párrafo y adiciona dos más al artículo 139 Bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
El legislador del partido naranja puntualizó que Hidalgo es uno de los 16 estados que prevé una pena menor a la que establece el Código Penal Federal, por lo que la armonización de las leyes en esta materia es un pendiente.
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De igual forma, indicó que de acuerdo con la investigación “Víctimas indirectas de feminicidio en el estado de Hidalgo”, de la Universidad Tecnológica Internacional, los municipios con mayor incidencia de feminicidios entre 2016 y 2023 son Pachuca, Mineral de la Reforma, Atotonilco de Tula, Tula de Allende, Tizayuca y Atitalaquia.
Otro dato que arroja esta tesis, obtenido de la Fiscalía de Delitos de Género, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, sólo 36 por ciento de casos tipificados como feminicidios en Hidalgo se encuentran judicializados, pero con sentencias mínimas de 25 años.
Así quedaría el Código Penal
Por ello, la propuesta del grupo parlamentario de MC, conformada además por la diputada Karla Perales Arrieta, es incrementar en 10 años la pena mínima en el estado, que actualmente es de 25 años, para que sea de 35, con un máximo de 50, además de aumentar de 300 a mil días multa.
Carlos Alcántara precisó que también se propone incluir el agravante cuando el delito se cometa contra una persona de la diversidad, por lo que el artículo 139 Bis quedaría de la siguiente manera: “La pena se agravará en un tercio cuando la víctima se una mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor, con discapacidad, de la diversidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición”.
Mencionó que, de acuerdo con las cifras emitidas por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, en México se registraron 590 asesinatos de personas transgénero en el país entre 2007 y 2022, lo que representa un promedio anual de 53 asesinatos. Resaltó que la desigualdad y discriminación “se agudiza en personas de la diversidad”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su revisión, donde se analizará antes de subirla al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.
sjl