PACHUCA. - Por presuntamente desviar recursos del erario público, el exsecretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano N.N., fue vinculado a proceso por el juez de control, Raúl Rodríguez Becerra; sin embargo, debido a que goza de la protección de la justicia federal, el exfuncionario de Omar Fayad Meneses quedó a disposición del juzgado federal para lo que hace a su libertad personal.
En una misma audiencia, el agente del ministerio público le informó sobre la imputación que hay en su contra, y se le vinculó a proceso, pues así lo decidió el exfuncionario de la SEPH. De acuerdo con la Constitución, el imputado puede decidir en qué tiempo el juez resuelve sobre su situación jurídica, siendo en ese mismo momento, a las 72 horas después de haber sido presentado ante el juez o bien en 144 horas, y Atilano pidió que fuera en esa misma audiencia.
En consecuencia, el juez de control consideró que la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, presentó datos de prueba suficientes para la vinculación por el delito de peculado agravado, en perjuicio de la administración pública estatal.
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Los hechos imputados al extitular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y del Instituto Hidalguense de la Educación, ocurrieron a partir de que el 25 de marzo de 2022, solicitó a la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, 144 millones de pesos, bajo el argumento de subsanar el restablecimiento de los servidores, sistemas y centros de datos instalados en diversas máquinas virtuales así como la recuperación de más de cinco millones de registros digitales, esto debido a que habían sufrido un supuesto hackeo.
Los recursos económicos solicitados fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas y transferidos el 30 de marzo de 2022, a una cuenta bancaria a nombre del Instituto Hidalguense de Educación y posteriormente fueron transferidos para beneficiar a la persona moral AKTAION DIGITAL S.A. DE C.V., empresa que había sido contratada para restablecer los servicios informáticos.
Con base en los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, esta representación social, en audiencia inicial formuló imputación contra A. R. R. P., por hechos que la ley sanciona como peculado agravado.
Como resultado de dicha audiencia, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Al imputado no le fueron impuestas medidas cautelares por parte de la autoridad judicial en razón de que cuenta con un amparo que lo impide.
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