Pachuca. – Cirilo Hernández Estrada, el padre de Beatriz Hernández Ruiz, no aceptó la disculpa pública que ofreció el alcalde de Progreso, Armando Mera Olguín, por la muerte de la doctora de 29 años en la barandilla municipal. “Con sus disculpas no se restablece la vida de mi hija”, pronunció el ciudadano este día en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH):
La disculpa pública que ofreció el presidente municipal de Progreso de Obregón en instalaciones de la CDHEH es en cumplimiento de uno de ocho puntos que se desprenden de la recomendación R-VPO-0003-23, que el organismo autónomo emitió el 28 de marzo de 2023; es decir, 22 meses de los hechos.
La presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, argumentó que cuando asumió el organismo, en el año 2021, este asunto estaba “parado” por la gestión anterior, que encabezó el exprocurador Javier Ramiro Lara Salinas.
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El alcalde Armando Mera reconoció que hubo una serie de errores en la custodia de la joven de 29 años: “reconozco que se violaron los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de Beatriz Hernández Ruiz, el primero: por no ser sujeto a retención ilegal; dos: por preservar la vida humana; tres: a la suficiente protección de personas; cuatro: a una valoración y certificación medica; cinco: a la debida diligencia; seis: a no ser sujeto se victimización secundaria. Asumo la responsabilidad que me compete y hago saber que se falló en el quehacer de la función policial”.
Pero los familiares de Beatriz, no aceptaron la disculpa: “la familia Hernández Ruoiz y Hernández Estrada no acepta las disculpas públicas otorgadas por el presidente municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, porque con ellas, no se restablece la vida de Beatriz Hernández Ruiz”.
Beatriz tenía 29 años de edad, era originaria de Tezontepec de Aldama y realizaba su residencia en el área de Cirugía del Hospital General de Pachuca. El 9 de junio de 2021, mientras conducía a la altura de Progreso, se vio involucrada en un accidente automovilístico, hechos por los cuales policías municipales la llevaron a las galeras, situadas al interior de la alcaldía. El mismo día de su traslado perdió la vida por asfixia mecánica por suspensión incompleta.
Por estos hechos, seis policías y la titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron aprehendidos y vinculados a proceso por homicidio culposo al omitir preservar la vida e integridad de la doctora Beatriz, quien debió recibir atención médica especializada por el incidente de tránsito, porque tenía respiración alterada, frecuencia cardíaca que rebasaba los 120 latidos por minuto y presentaba síntomas de intoxicación por sustancias.
Las siete personas vinculadas quedaron en libertad el 1 de octubre de 2021, tras lograr una suspensión condicional a su proceso y una reparación del daño por 800 mil pesos que pagaron, de acuerdo con lo que informó este jueves el alcalde Armando Mera, quien, a su vez, precisó que solo 3 servidores públicos continúan en funciones, el resto dejó el oficio de policía por decisión propia y ante los señalamientos de la población, dijo.
Exigen que exgobernador también emita una disculpa
Mientras transcurrió la disculpa pública, al exterior del inmueble de la CDHEH un grupo de personas se manifestó sobre la vialidad Vicente Segura, para exigir que el exgobernador Omar Fayad también brinde una disculpa pública, señalaron que emitió comentarios revictimizantes cuando se dio a conocer la muerte de Beatriz.
“Exigimos que Omar Fayad Meneses otorgue una disculpa pública, por señalar el 14 de junio del año 2021 que: arteramente un puñado de criminales privó de la vida a una doctora”.
Los manifestantes mencionaron ser ciudadanos de Progreso y solicitaron que la disculpa también la emita el exmandatario; sin embargo, la presidenta de la CDHEH explicó que la pasada administración, a cargo de Ramiro Lara, debió de iniciar una queja de oficio por dichas declaraciones, pero no lo hizo.
También refirió que fue una omisión de aquella gestión y precisó que no se podría empezar una nueva debido a que el tiempo ya transcurrió.
Por su parte, el alcalde Armando Mera consideró que los señalamientos sobre que los policías privaron de la vida directamente a Beatriz “estuvo orquestado desde el gobierno del estado”, ya que la causa de muerte de la doctora fue asfixia mecánica por suspensión incompleta.
“El entonces secretario de gobernación, Simón Vargas, desde el primer día, tuvo en sus manos los videos de cómo se trasladó a la doctora (…) Hay una parte que quedó vulnerada, las mujeres policías, en específico una de ellas cambió a su hijo de la escuela porque sus compañeritos le gritaban que era una asesina por todo el odio que se dio en las redes, el mismo gobernador Omar Fayad salió a gritarlo a los cuatro vientos que iba pedir apoyo por el feminicidio, pero los policías no le quitaron la vida”.
La Colectiva de Mujeres contra la Violencia también se presentó a la disculpa pública y a través de su integrante, Ana Lara, exigió que se revise el funcionamiento del Mando Coordinado y capacitación para el personal policiaco, tras considerar que los policías municipales “son el eslabón más débil en materia de seguridad”.
¿Qué sigue después de la disculpa pública?
La presidenta de la CDHEH explicó que las familias de las víctimas tienen el derecho de aceptar o no la disculpa pública. En el caso de la doctora Beatriz, ese punto recomendatario quedó subsanado.
Sin embargo, dentro del caso R-VPO-0003-23 hay siete puntos pendientes por cumplir, entre ellos el inicio de procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados. En ese rubro, el alcalde Armando Mera indicó que el órgano interno de control ya comenzó el proceso correspondiente en su contra.
De acuerdo con la titular de la Comisión de Derechos estatal, cuando una autoridad no cumple con todos los puntos recomendatorios podría ser llamada a comparecer ante el Congreso local.
La recomendación que se emitió por el caso de Beatriz no es la única que tiene Progreso, pues hay una de carácter general contra los 84 ayuntamientos del estado por violaciones de derechos a las de personas detenidas en barandillas; sin embargo, 47 municipios –incluyendo Progreso- siguen sin contestar, a pesar de que la CDHEH ya les realizó un exhorto.
sjl