ZIMAPÁN, HIDALGO. - Mario Alfredo Espinoza Bernardini, el padre de las dos menores originarias de Zimapán, que fueron violentadas sexualmente, informó que se encuentra en una lucha jurídica para obtener la patria potestad de las dos niñas de 5 y 8 años de edad, pues aseguró que además de exhibirlas y maltratarlas, las han revictimizado en múltiples ocasiones.
En enero de este año, dijo que le fue reconocida la calidad de victima indirecta dentro de la carpeta de investigación 20-2022-00190 en agravio de sus menores hijas Y.M.E.T. y E.D.E.T. Además, señaló que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) le han negado el derecho de convivir con sus hijas, por lo que pidió justicia “y que los verdaderos culpables paguen por todos y cada uno de los delitos que se han cometidos en contra de ellas”.
La investigación, así como el esclarecimiento de los hechos, apuntó, está a cargo de Rosalba Hernández Alejandre, quien pertenece a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, con sede en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Al tener acceso a la carpeta de investigación, acusó que detectó “un evidente conflicto de interés” entre las personas investigadas y los denunciantes.
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“Es esa misma licenciada, la que, sin un fundamento legal, me impide tener contacto con mis hijas, siendo omisa la fiscal en sus actuaciones, pues el resultado de todo lo anterior, solo ha generado una violación al interés superior de la niñez, que ampara y protege a mis menores hijas”.
Espinoza Bernardini sostuvo que, de manera reiterada, a través de distintas solicitudes hechas él y por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pidieron a la autoridad responsable de la investigación, la convivencia con las niñas, en razón a que actualmente se encuentran en un refugio federal a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), con el fin de salvaguardar la integridad física y dignidad humana de las menores, derivado de las diversas actuaciones ministeriales que solo han provocado su revictimización, pues les han practicado físicamente múltiples exámenes para demostrar si hubo o no un delito en su contra.
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“Cabe mencionar que la representante social tiene una inclinación clara hacia la denunciante, mi cuñada Aylen Yelinney Trejo Leal, quien ha difundido ante los medios, información que se encuentra bajo reserva de las autoridades responsables de la investigación, y con ello genera una violación a la protección de sus derechos humanos de las niñas”, agregó.
Indicó que existe una carpeta de investigación número 20-2022-00203, en contra de Jaqueline Trejo Leal y de su pareja sentimental Saúl Camargo “El Chino”, por los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, aún sin respuesta, pues aseguró que se le ha negado “lisa y llanamente” a abrir esa línea de investigación.
“La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, me informó que Saúl Camargo, alias “El Chino”, tiene contacto con mis menores hijas, es decir que, dentro del refugio, él puede verlas. ¿cómo es posible que uno de los probables responsables de agredir a mis hijas, pueda verlas? Me parece algo indignante pues ninguna autoridad se ha percatado de eso, ni mucho menos han podido poner a salvo a mis hijas”.