JUSTICIA

Libra cargo de fraude sujeto que vendía plazas en la SEPH usando identidad de exdiputada

El juez exoneró el delito de fraude a vendedor de plazas de la SEPH pero lo procesó por usurpar la identidad de la exdiputada María Luisa Pérez Perusquía

Hay otra causa penal contra Raúl N.Créditos: LSR Hidalgo
Escrito en HIDALGO el

Pachuca.— Raúl N, quién cobró más de 200 mil pesos por una presunta venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), no será procesado por el delito de fraude, toda vez que el hecho parte de un acto de corrupción, y la ley no ejerce tutela de derechos en esos casos.

El abogado defensor, Eduardo Cabrera Valencia, solicitó la no vinculación a proceso del imputado por el delito de fraude al explicar que, de acuerdo con una jurisprudencia, el delito se acredita siempre y cuando la parte ofendida –víctimas– se conduzcan dentro de la legalidad; sin embargo, la venta de plazas es una actividad que está prohibida, incluso penada, en consecuencia no hay sustento para el ilícito.

El juez de Control, David Adrián Martínez Santiago, coincidió con la defensa y subrayó que es sabido de todas las personas que vender plazas dentro de la función pública no es legal, por ende no pueden recurrir a la materia penal, por lo que se actualiza una causa excluyente del delito y no se vincula a proceso en lo que hace al delito de fraude.

Con esa resolución, cinco personas que entregaron alrededor de 200 mil pesos al vendedor de plazas no podrán ser resarcidos del daño, por cantidades que van desde 5 mil, 10 mil, 20 mil y hasta 80 mil pesos.

De usurpación de identidad sí es presuntamente responsable

El juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso por el delito de usurpación de identidad, pues consideró que existió un uso de los datos personales de la entonces diputada María Luisa Pérez Perusquía, tanto de imagen, nombre y cargo, con el objetivo de engañar a las personas y obtener un beneficio propio.

El juez indicó que si bien no se acredita que Raúl N haya sido el que operara el aparato con el que el imputado y las víctimas se comunicaban, para eso está el plazo de investigación complementaria, por lo que decidió su auto de vinculación por el delito de Usurpación de Identidad.

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Modus operandi

Raúl N se ostentaba como secretario particular de la entonces diputada local, María Luisa Pérez Perusquía, y con ese cuento llegaba con las personas a ofrecer plazas dentro de la SEPH, a cambio exigía cantidades que iban desde los 20 hasta los 90 mil pesos.

María Luisa Pérez Perusquía | Foto: Archivo LSR Hidalgo

Les hizo creer a sus víctimas que era posible el acceder a plazas porque pronto la diputada sería la titular de la SEPH y tendría la posibilidad. Incluso cuando ya habían pasado algunos meses y no se veía materializada la promesa; para seguir con el engaño, el hombre llevó unas hojas membretadas de la SEPH en las que especificaba ubicación, espacio laboral en el que serían acomodados y además iba selladas y firmadas.

Posteriormente inventó que un tema de salud para la legisladora, hasta que las víctimas no aguantaron más y la fueron a ver al Congreso local para exigir que les cumplieran, y fue ahí donde supieron que habían sido víctimas de un engaño.

Otra causa penal en Actopan

El imputado tiene otra causa penal en el distrito de Actopan, en donde también se le señala de usurpación de identidad, pero en ese caso las víctimas entregaron alrededor de dos millones de pesos. Ambos jueces de control, tanto el de Actopan como el de Pachuca, impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanece en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.

Esta es la jurisprudencia por la que libró la cárcel

Fraude genérico. No se configura el engaño cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción o la práctica de trámites irregulares conocidos previamente por el pasivo. No se configura el engaño cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que deliberadamente estuvo involucrado el sujeto pasivo o la práctica de trámites irregulares del activo conocidos previamente por la víctima.

sjl