Pachuca.— El juez de Control, José Daniel Montaño Olvera, rechazó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada como lo solicitaba el agente del Ministerio Público a Andrés N, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien es señalado del presunto delito de lesiones en pandilla.
La acusación deriva de los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de septiembre de 2023 en el Centro Cultural La Garza, cuando un grupo de estudiantes del Instituto de Artes fue recibido a golpes por parte de empleados de la máxima casa de estudios.
El juez consideró improcedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que no representa un peligro a la investigación y al no existir un riesgo fundado es que decidió ordenar la libertad inmediata del imputado.
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El juez le prohibió convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas u ofendidos o testigos.
La imputación contra el integrante del Consejo Estudiantil
Andrés N es señalado de lesiones en pandilla, y se presume que el 19 de septiembre de 2023 entre las 08:30 horas y las 11:30 horas, en la calle Abasolo, Colonia Centro de Pachuca, en el edificio central de la UAEH, cuando los estudiantes del IDA realizaban una manifestación, el imputado junto con otro miembro del Consejo Estudiantil ayudó a acorralar a los estudiantes en el pasillo principal para golpearlos con palos, cadenas y con su propios puños y pies.
El imputado solicitó el término constitucional de 144 horas para que el juez resuelva respecto de su situación jurídica, por lo que se señalaron las 15:00 horas del día 13 de noviembre de 2023 para continuación de audiencia inicial.
UAEH solicita imparcialidad a la procuraduría
Por medio de un comunicado de prensa, la UAEH demandó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) objetividad e imparcialidad en la conducción de las investigaciones relacionadas con los hechos suscitados el 19 de septiembre de 2023, también pidió judicialización inmediata de todas las carpetas investigación relacionadas con ese hecho.
“La comunidad universitaria expresa su preocupación por la no resolución equitativa de las carpetas en las que existen elementos suficientes para proceder por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, daño en propiedad pública, despojo agravado de diversas instalaciones universitarias, amenazas y lesiones. Hasta el día de hoy no se ha obtenido una respuesta clara, contundente y proporcional de la autoridad”, señala el comunicado.
Asimismo, advierte que no tolerará la persecución de su estudiantado y personal por agentes interesados en vulnerar la autonomía universitaria mediante el impulso y el aliento grupos porriles bajo órdenes externas, aunque no aclara qué agentes.
sjl