Pachuca.— La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo presentó cuatro denuncias penales por el incumplimiento de un deber legal, por la venta de bienes propiedad del Estado a un costo menor al avalúo que tenían cada uno de ellos. Se trata de predios rematados en 55 millones de pesos y tres helicópteros, por 116 millones de pesos.
Así lo informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de la Contraloría, quien este día acudió al Congreso de Hidalgo a comparecer, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar. Estas ventas irregulares, detalló, se hicieron durante la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses.
“El tema de estas aeronaves, se vendieron a un precio distinto al que estaban consideradas en las pólizas de seguro… en este momento no tengo el dato de la variación, pero era algo significativo, por ello presentamos la denuncia. De igual forma con los inmuebles, también había una diferencia en cuanto al precio del avaluó del que fueron vendidos, por ello es que se dio reversa a la compra-venta”, dijo.
Al hacer uso de la tribuna del Congreso local, Álvaro Bardales dijo que heredaron una administración con importantes atrasos y una fuerte problemática en temas de corrupción, impunidad y desvíos. Desde el primer día de la nueva administración, dijo, se trabaja arduamente para vigilar que los recursos lleguen a la población y no al bolsillo de un exfuncionario.
“Los hidalguenses no nacimos con la cultura de la corrupción y no practicaremos más el año de Hidalgo, evitaremos por siempre esa frase que ‘si me ayudas, te ayudo’. Eso, yo creo, son los temas importantes que le corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, combatir por estos seis años”, dijo.
El contralor dijo que la administración de Julio Menchaca inició con un pendiente por aclarar a la federación de 4 mil 39 millones de pesos, en su sistema de consulta pública; en ese sentido, indicó que se han solventado 119 millones de pesos y estamos trabajando con las áreas jurídicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De la fiscalización a la cuenta pública 2021, con la ASF, ejecutaron 20 auditorías, 16 presenciales y cuatro por medios electrónicos, de las cuales se determinaron observaciones por 554 millones de pesos que se encuentran en proceso de atención en la Secretaría de la Contraloría.
“Auditamos todo y a todos, no pactamos con nadie y no tenemos acuerdos en lo oscurito con nadie: quien tome algo indebido, en esta administración lo va a pagar. Los hallazgos de las auditorías que no fueron solventados en tiempo y forma, se turnaron, para su seguimiento, a los contralores internos y a la Dirección de Responsabilidades para su sustentación, resolución o denuncia”, detalló.
Los proveedores
En materia de normatividad, dijo el contralor, se recibió un padrón de proveedores y contratistas desactualizado. De los 7 mil 900 registros, se evaluó a 2 mil 19, revisando los expedientes para verificar la información que les entregaron. Derivado de ello, se han cancelado 80 registros porque incumplieron la normativa.
“Al menos diez de ellos los tenemos denunciados en la procuraduría de justicia, por tratarse de empresas fantasmas o entidades que facturan operaciones simuladas. También se brindaron más de 2 mil asesorías en trámites de padrón de proveedores y contratistas, revisamos más de mil 200 procedimientos de contratación y se asistió a 2 mil 700 actos públicos en calidad de asesores normativos”, expresó.
Remueven 85 por ciento de contralores
Para lograr los objetivos y metas en la corrección de irregularidades en materia de recursos financieros materiales, Álvaro Bardales dijo que al inicio de la administración removieron el 85 por ciento de los contralores internos y los titulares de órganos internos de control.
“No fungieron con las funciones por las cuales estaban contratados y no tenían los perfiles profesionales para desempeñar esas actividades; por esta labor, no tuvimos ninguna demanda laboral por haber realizado esa acción. Los contralores internos iniciaron 5 mil 100 investigaciones contra presuntos responsables por faltas administrativas en el desempeño de funciones y han presentado diversas denuncias penales por la comisión de hechos delictivos”, reveló.
También, los contralores internos iniciaron 71 auditorías, de las cuales 34 se encuentran en proceso y 37 quedaron concluidas. Se realizaron dos revisiones simultáneas al personal de 18 dependencias y 53 organismos.
“Todos los contralores internos, de manera simultánea, un día salieron a revisar el personal toda la nómina para verificar la existencia del personal al que se le está pagando un salario. El objetivo era evitar aviadores o faltas u omisiones. Van dos ejercicios que se hacen de esa naturaleza en esta administración”, dijo.
Estafa Siniestra
En el combate a la corrupción, dijo el contralor, en este año se hizo un trabajo coordinado, por lo que “hoy tenemos colaboración entre auditores, inspectores, policías, jueces, abogados y fiscales, todos ellos honestos, valerosos y eficientes. Si nos rendimos al crimen y a la corrupción nos vamos a condenar todos y vamos a condenar al estado a permanecer así, en corrupción”, expresó.
De manera puntual, se hicieron 133 acciones concretas en el combate a la corrupción, revisando recursos extraordinarios, derivando la llamada Estafa Siniestra, por lo que se interpusieron 29 denuncias penales por desvío de recursos de peculado, entre otros delitos, ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo.
“Contamos con 41 denuncias en contra de proveedores y servidores públicos de siete dependencias, tres organismos y 10 municipios por un daño al erario por más de 2 mil 200 millones de pesos”.
Municipios regresaron 180 mdp
Como resultado de esta revisión, nueve municipios devolvieron 180 millones de pesos, de los cuales, 102 millones los devolvieron a esta administración, los cuales serán enviados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Cabe señalar que dos municipios regresaron 78 millones de pesos unos días antes de que la actual administración tomara posesión.
“Ya traíamos la investigación en la mismísima acta de entrega recepción y eso propició que ellos devolvieran 78 millones de pesos. Ustedes saben, fueron destituidos ocho presidentes municipales, los cuales se encuentran vinculados a proceso, cinco de ellos están en prisión preventiva justificada, dos siguen su proceso en libertad y ustedes saben que, uno no aparece”.
A la par, dijo, se iniciaron denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí se iniciaron cuatro procedimientos de responsabilidades por faltas graves, por un monto de 454 millones de pesos al 30 de septiembre; actualmente, hay 18 procedimientos de responsabilidades turnados al órgano jurisdiccional por 688 millones de pesos en contra de servidores públicos de seis dependencias y dos organismos.
sjl