HABITANTES DE IXCOTLA

Liberan a opositores de Minera Autlán; no podrán volver a manifestarse

La Procuraduría de Hidalgo les imputó ataque a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad; sin embargo, permanecerán en liberad

Las personas detenidas ofrecieron una disculpa pública.Créditos: Archivo LSR Hidalgo
Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- Seis pobladores de la comunidad Ixcotla, Molango, que mantenían cerrada la carretera estatal Tlaxcango-Naopa, contra operaciones de la minera Autlán, fueron vinculados a proceso por ataque a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad; sin embargo, solicitaron la suspensión condicional del proceso y permanecerán en libertad, además, ofrecieron una disculpa pública.

En audiencia pública de la causa 1320/2022, la jueza de control Karina Vertiz Marín resolvió que existieron datos de prueba como dictámenes fotográficos, médicos y declaraciones de policías estatales que indican la responsabilidad de los pobladores Aleyda, Reina, Hugo, Federico, Arturo y Antonio, oriundos de Ixcotla.

Luego de la vinculación a proceso que ocurrió esta tarde, los imputados solicitaron una suspensión; es decir, pidieron cumplir con condiciones y ciertas actividades para después sobreseer el asunto; por lo anterior, los pobladores durante un año tendrán que hacer servicio social, no portar armas y se comprometieron a no volver a realizar manifestaciones similares.

Les imputaron agresiones verbales a policías 

El 15 de octubre, cuatro hombres y dos mujeres fueron arrestados en Molango y trasladados a la capital de Hidalgo por la policía estatal, quien desalojó un bloqueo que mantenían los pobladores en el acceso al tajo Naopa, de la compañía Minera Autlán, empresa propiedad de Juan Antonio Rivero Larrea. 

Por estos hechos, el Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) les imputó el delito de ataques a las vías de comunicación que cometieron en coautoría, tras señalar que cerraron el paso de la carretera Tlaxcango-Naopa con piedras, lonas e incluso un campamento, lo que impidió el uso de esa vía de comunicación. 

Según la relatoría expuesta en audiencia, los ultrajes a la autoridad sucedieron después de que 70 policías estatales llegaron en 15 patrullas al lugar de los hechos para retirar el bloqueo.

Cerca de las 10:30 horas iniciaron las presuntas agresiones hacia los elementos de seguridad. A la pobladora de nombre Reina, la acusaron de lanzar una piedra a una policía, mientras que a Aleyda la señalaron de manotear, a las dos les imputaron agresiones verbales. 

Mientras que a Hugo, Federico, Antonio y Arturo, los acusaron de golpear a los elementos de seguridad y amenazarlos con machetes de 40 a 60 centímetros de largo. 

Adicional a la relatoría de cuatro policías agredidos, el Ministerio Público presentó dictámenes médicos que datan del 16 y 17 de octubre que acreditan lesiones que no tardan más de 15 días en sanar; así como un peritaje que consta de ocho fotografías del lugar de los hechos. Debido a dichos datos de prueba, la juez de control Karina Vértiz vinculó a proceso a los seis pobladores a las 14:22 horas de este miércoles. 

Sí hay delitos, pero detienen el proceso

Luego de la resolución, el abogado de los imputados, Pedro Hernández, solicitó a la jueza la suspensión condicional del proceso. Es decir, enlistó una serie de propuestas que permite la libertad de los imputados bajo una serie de condiciones que tendrán que cumplir en un plazo de un año, si incumplen, se revocaría el beneficio y continuaría el proceso de la causa 1320/2022.

La solicitud fue avalada por la jueza, quien dictaminó que los pobladores no deben acercarse a los policías que fueron víctimas y pagar los gastos médicos si es que así lo solicitan los elementos de seguridad. 

También tendrán que firmar periódicamente en Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), realizar servicio social en alguna institución pública de Molango, no portar armas y someterse a un tratamiento psicológico por supuestos ataques de ira, todo lo anterior por un plazo que vence el 23 de octubre de 2023.

Si cumplen las condicionantes, su proceso penal sería sobreseído y no tendrían antecedentes penales. Sin embargo, la jueza también estableció que debían ofrecer una disculpa pública y la garantía de no repetición de participar en algún ilícito.

"Ofrezco una disculpa al Estado y me comprometo a no incurrir de nueva cuenta", pronunciaron previo a concluir la audiencia de este miércoles.

sjl