Hechos de violencia
Pese a la quema de 11 vehículos en seis municipios de Hidalgo, autoridades estatales rechazaron la presencia y operación del CJNG en la entidad. Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, afirmó que el grupo responsable habría ingresado desde el Estado de México y que no se tiene detectada una base de operaciones en territorio hidalguense, al señalar que los hechos se registraron en carreteras estatales y federales. Asimismo, informó la detención de cuatro presuntos implicados, a quienes se les aseguraron cuatro armas largas —dos “cuernos de chivo” y dos AR15—, además de bidones con gasolina, estopa y sustancias ilícitas, objetos con los que presuntamente incendiaron las unidades.
Caso Jessica Blancas
El gobernador Julio Menchaca consideró que no será posible solventar la totalidad de las observaciones por más de 59 millones de pesos hechas a la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo, luego de que el titular de la ASEH, Jorge Valverde Islas, informó que la exservidora pública acudió a presentar documentación para subsanar las irregularidades detectadas durante su gestión. El mandatario señaló que, de no justificarse plenamente los recursos, podrían generarse devoluciones e incluso denuncias penales. Además, dijo que no ha tenido contacto con el exgobernador Omar Fayad, quien acompañó a Blancas Hidalgo al organismo fiscalizador.
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Mudanza de secretarías
El titular del Ejecutivo estatal también anunció un reordenamiento administrativo que implicará concentrar seis secretarías estatales en el antiguo complejo de la Casa de Gobierno y el Centro Minero, tras la firma de un convenio con el gobierno federal, para reducir gastos por rentas y optimizar el uso de inmuebles propios. Entre las dependencias que serán reubicadas se encuentran las secretarías de Bienestar, Agricultura y Movilidad y Transporte, así como la Contraloría; además, adelantó la construcción de un nuevo espacio para la Procuraduría —que será transformada en Fiscalía— y la ampliación de instalaciones destinadas al Poder Judicial.
Zitlaly Jazmín Zúñiga
En Ajacuba, una escena dejó más preguntas que respuestas: regidores tocando la puerta del despacho de la alcaldesa morenista Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, mientras ella rechazaba recibirlos y acusaba a uno de ellos de acoso por esperar audiencia. Lo que debería resolverse en la mesa del cabildo terminó exhibido en redes sociales, donde los asambleístas denunciaron que en lo que va del mes no se ha celebrado ni una sola sesión ordinaria, pese a que la ley establece al menos dos. Más allá de los señalamientos personales y los desencuentros políticos, el fondo es delicado: cuando el diálogo se sustituye por puertas cerradas, quien pierde no es un regidor ni una presidenta municipal, sino la ciudadanía que espera transparencia y rendición de cuentas.