Tercer proceso penal para exalcalde
Jovani Miguel N, expresidente municipal de Tlaxcoapan, sumó su tercer proceso penal en contra luego que fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado por un monto de 3.6 millones de pesos, junto con su extesorera Julissa Georgia N. A ambos se les señala de distraer dinero de la administración pública, derivado de que no pagaron el Impuesto sobre la Renta que obtuvieron de las retenciones por sueldos y salarios. La falta de pago se registró en los meses de septiembre a diciembre de 2016, cuando estaba al frente del ayuntamiento. Cabe recordar que en noviembre de 2023, Jovani Miguel N fue vinculado 2 veces a proceso por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, señalado de pagar una obra de electrificación que no se ejecutó y por realizar un pago ilegal al contratar a la empresa ARA Organización y Servicios de Producción S.A. de C.V., sin llevar a cabo el proceso de adjudicación conforme a lo establecido en la ley. En estos casos el detrimento patrimonial fue de 2 millones de pesos.
Emplazan a huelga a la UAEH
Como cada año ocurre, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) emplazó a huelga a la casa de estudios para la revisión anual de sus condiciones contractuales, por lo que ingresó un amplio documento al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en el que describió su pliego petitorio, aunque todo parece ser un mero trámite, pues en los últimos años se han logrado los acuerdos necesarios para el incremento salarial del personal académico y otras demandas. La última ocasión que se colocaron banderas rojinegras en instalaciones de la UAEH fue el 4 de marzo de 2018, cuando estalló una huelga laboral encabezada por Lidia García Anaya, entonces dirigente del SPAUAEH, hoy presidenta del Patronato universitario.
Siguen señalamientos en Tula
La denuncia de regidoras de oposición en la Asamblea de Tula de Allende sobre bloqueos y discriminación en sus funciones por parte del secretario general José Antonio Vargas Olmedo, refleja un problema recurrente en las administraciones municipales. Este tipo de prácticas no solo obstaculizan la labor de los ediles, sino que también afectan la calidad del debate y el cumplimiento de las responsabilidades. Si a algunos regidores se les niega información clave, como la documentación de iniciativas o invitaciones a mesas de trabajo (como lo exponen en este caso asambleístas del PT e independientes), se pone en riesgo la legitimidad de las decisiones tomadas en el Cabildo. Es preocupante que, a más de 100 días de administración, los errores y omisiones continúen sin rectificación.